16 de Diciembre de 2017

Gobierno advierte sobre precaria situación financiera en la AEE y AAA

Por el 5 de diciembre de 2017

La AEE necesita por lo menos $537 millones para operar, pero acabaría sus reservas a mitad de mes mientras que su cuenta terminaría en rojo al finalizar el año, o negativo $224 millones. Así las cosas, se estima que la AEE necesitaría casi $760 millones adicionales en liquidez. (Archivo/CB)

El equipo fiscal de la administración de Ricardo Rosselló Nevares reiteró hoy el deterioro en la situación financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), al igual que la posibilidad de que vean sus chequeras en negativo tan pronto como este mes.

En el caso del gobierno central, aunque la cantidad estimada de dinero que necesita para terminar el año redujo significativamente —casi $2,800 millones menos a lo inicialmente proyectado— aún existe una necesidad de alrededor de $780 millones, explicó el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela.

La reducción en el estimado se debe mayormente a una revisión de hasta $1,400 millones en la cantidad de dinero que el Gobierno esperaba usar de su cuenta principal para trabajos relacionados al huracán María. Asimismo, algunas de las proyecciones macroeconómicas fueron revisadas positivamente, particularmente la cifra de migración. En vez de una pérdida poblacional de 15% este año fiscal, los economistas de la junta y el Gobierno ahora proyectan un 10%, lo que a su vez mejora el panorama de los recaudos al erario.

El funcionario añadió que aunque la liquidez en Hacienda oscila actualmente entre los $1,700 millones a $2,000 millones, ya el fisco comienza a reflejar el impacto negativo de los huracanes Irma y María en los recaudos. La proyección más reciente es que al 31 de diciembre, la liquidez baje a $1,400 millones y continúe en picada a falta de fondos adicionales.

Junto a un grupo de consultores, abogados y otros oficiales, Portela presentó los números financieros más recientes del Gobierno durante la undécima reunión pública de la junta de control fiscal, la cual se llevó a cabo hoy en la ciudad de Nueva York.

La AEE necesita fondos adicionales”, advirtió el titular de Aafaf. La corporación pública necesita por lo menos $537 millones para operar, pero acabaría sus reservas a mitad de mes mientras que su cuenta terminaría en rojo al finalizar el año, o negativo $224 millones. Así las cosas, se estima que la AEE necesitaría casi $760 millones adicionales en liquidez.

En cuanto a la AAA, entidad cuya chequera también va encaminada a terminar el año en negativo, se proyecta una necesidad de “cash” de unos $121 millones.

Junta fiscal quiere mayor control sobre el presupuesto de Puerto Rico

Siguen cuadrando los préstamos federales

A preguntas de la junta sobre cómo atenderán la brecha fiscal en ambas corporaciones públicas, particularmente la AEE, Portela mencionó controles en el ritmo de pago a suplidores, así como también finalizar el proceso de obtención de préstamos federales conocidos como Community Disaster Loans (CDLs). Tanto el Gobierno como la junta apuestan a estos préstamos para atender las necesidades de liquidez no tan solo de la AEE, sino también del gobierno central y la AAA.

Recientemente, el Congreso aprobó una asignación de hasta $4,900 millones para este programa, al que tendrían acceso Puerto Rico y otras jurisdicciones afectadas recientemente por desastres naturales. Estos préstamos operan a través de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) y sirven para atender las necesidades de “cash” para mantener las operaciones básicas del Gobierno, incluyendo nómina.

Aunque Puerto Rico no es la única jurisdicción que se podría beneficiar de los CDLs, se estimaba que hasta $4,000 millones de la cantidad aprobada podría desembolsarse al gobierno central, entidades públicas y municipios.

“Se está evaluando la estructura y el Gobierno se asegurará de que estén todos los controles necesarios”, dijo Portela sobre el particular en entrevista telefónica con CB en Español, luego de su participación en la reunión de la junta.

El funcionario añadió que cuentan con una “agenda agresiva” con personal del Tesoro y FEMA para adelantar el proceso y conseguir el desembolso del dinero lo antes posible. No obstante, no ofreció mayores detalles sobre los términos y condiciones, cantidad, estructura, calendario y destinatarios ya que todavía está bajo discusión con el Gobierno federal.

“Debe haber más claridad sobre esto en las próximas semanas”, indicó Portela.

Revisan $496 millones en contratos

Desde que la junta aprobó el pasado 31 de octubre el nuevo protocolo de aprobación de contratos del Gobierno, se han revisado unos 11 contratos con una cuantía total de $496 millones. Todo arreglo mayor a $10 millones entre el Gobierno y un contratista debe recibir el visto bueno del organismo.

Según Jaresko, no se pidió información adicional para 10 de los contratos revisados, mientras que el restante todavía se encuentra en proceso de evaluación. Estos arreglos contractuales responden en su mayoría a gastos en salud y recogido de escombros, explicó la directora ejecutiva.

Gobierno tendrá que reportar a junta fiscal la asistencia de empleados públicos

En el caso del controversial contrato entre la AEE y las empresa Whitefish Energy Holdings, LLC, Jaresko dijo que se revisó y se pidió información adicional sobre la transacción. Asimismo, la junta recibió el pasado viernes información preliminar sobre el contrato entre la AEE y Cobra Energy, otra compañía contratada por la corporación pública para asistir en los trabajos de recuperación del sistema energético tras María.

Por otro lado, la junta realizó cambios a dos de sus códigos ya aprobados: la revisión de transacciones de deuda y el código de conducta.

En cuanto al primero, la junta redujo de 15 a siete el número de días para revisar cualquier transacción de deuda que el Gobierno o alguna de sus entidades interese asumir, según le permite la Sección 207 de Promesa. El análisis incluiría cantidad, usos, propósitos, términos y condiciones, impacto en los planes fiscales y presupuestos y otras opciones a la transacción propuesta, entre otros criterios.

Según Jaresko, la junta ya ha revisado “múltiples” transacciones de deuda durante el pasado año, aunque no ofreció mayores detalles sobre la cantidad que suponen, qué entidades formaron parte de ellas o el tipo de deuda que se aprobó.

La junta también revisó su código de conducta para incluir lenguaje que atiende algunas de las preocupaciones que levantó Sobrino durante la décima reunión pública el pasado 31 de octubre con relación a posibles conflictos de interés en la participación de algunos miembros de la junta en el nuevo proceso de revisión de contratos.

La asesora de ética de la junta, Andrea Bonime-Blanc, presentó los cambios al código de conducta que extienden la cobertura de las reglas al todo el staff del ente rector y requieren que cada miembro sea proactivo en levantar bandera ante cualquier apariencia de conflicto de interés en la revisión de contratos.

Durante la undécima reunión pública de la junta estuvieron presentes los miembros Andrew BiggsCarlos GarcíaArthur GonzálezAna Matosantos yDavid Skeel, junto a Carrión, Sobrino y Jaresko. El miembro José R. González estuvo ausente.

image_print