16 de Diciembre de 2017

Gobierno buscará que el tribunal federal decida sobre constitucionalidad de Cofina

Por el 17 de Marzo de 2017

El gobierno de Puerto Rico buscará que el tribunal federal decida en o antes del 30 de abril sobre la constitucionalidad de la estructura de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), como parte del caso entablado por un grupo de acreedores de obligaciones generales.

Así lo anunció en la tarde de hoy la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la cual aseguró que la resolución de este asunto permitirá al gobierno llevar a cabo negociaciones con sus acreedores para reestructurar la deuda pública.

Aunque la administración de Ricardo Rosselló asegura que no está tomando una posición en cuanto a la legalidad de la estructura de Cofina ni si la porción del IVU que asegura el pago de estos bonos constituye o no “recursos disponibles” del gobierno, dijo estar dispuesto a estudiar los reclamos de los bonistas de obligaciones generales. Estos últimos argumentan que el gobierno debe detener la transferencia de estos dineros al fondo de Cofina y que la estructura creada en el 2006 es inconstitucional.

El anuncio surge luego de que el gobierno de Puerto Rico y representantes del grupo ad hoc de bonistas de obligaciones generales sostuvieran conversaciones con miras a reanudar las negociaciones y llegar a acuerdos consensuales sobre la reestructuración de la deuda bajo el Título VI de Promesa.

Cofina apela a Boston para paralizar demanda

“Las partes esperan que estas discusiones lleven a una resolución sobre el trato potencial que se la dará a la deuda constitucional y, en última instancia, negociaciones que incluyan otros acreedores y partes interesadas con el objetivo de lograr un acuerdo final y vinculante”, lee el comunicado de prensa enviado por AAFAF.

De esta forma, el gobierno de Puerto Rico buscará que se resuelva cuanto antes el caso de Lex Claims et al. v. García Padilla, el cual se encuentra activo ante el juez federal Francisco Besosa, luego de que este decidiera no aplicar la suspensión contra demandas, o “stay”, de Promesa en varios de los reclamos de los demandantes.

“Consideramos que una resolución de los reclamos constitucionales es esencial para establecer las reglas de juego para una un acuerdo negociado fuera del Título III (de Promesa)”, manifestó Andrew Rosenberg, representante del grupo de bonistas de obligaciones generales y demandantes en el caso de Lex Claims.

Mientras, grupos de bonistas de Cofina ya intervinieron en el caso y buscan que Besosa desestime los reclamos hechos por los bonistas de obligaciones generales. Al igual que la junta de control fiscal, los bonistas de Cofina también presentaron un recurso ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos para revertir la decisión de Besosa de no aplicar el “stay” al caso de Lex Claims.

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