16 de Diciembre de 2017

Gobierno central buscará inyectar liquidez de emergencia a municipios

Por el 7 de diciembre de 2017

Asegurando que los 78 municipios de Puerto Rico enfrentan serios problemas de liquidez, el gobierno central creará un fondo de emergencia de hasta $100 millones para inyectar “cash” a corto plazo a los ayuntamientos y así asegurar sus operaciones y servicios.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares realizó el anuncio hoy en conferencia de prensa desde La Fortaleza, acompañado por miembros de la Asociación y Federación de Alcaldes, que agrupan a los alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Nuevo Progresista (PNP), respectivamente.

Tras el paso del huracán María, “los municipios han perdido ingresos por conducto de recaudos, han tenido un descuadre en la caja y de la misma forma han tenido que gastar mucho dinero para poder atender la situación crítica”, indicó el mandatario.

El nuevo “Fondo de Recuperación Municipal” sería creado a través de un proyecto y se nutriría directamente de la chequera principal del Gobierno. Según trascendió la semana pasada en la última reunión pública de la junta de control fiscal, la liquidez del Gobierno ha rondado entre $1,700 millones a $2,000 millones, aunque se anticipa una marcada reducción en los próximos meses una vez comiencen a reflejarse los efectos de María en la actividad económica del país y los recaudos al fisco. Además, el equipo fiscal del Gobierno ya mantenía reservas ante la posibilidad de tener que sufragar gastos de los municipios debido a sus problemas de liquidez.

Los desembolsos operarán en forma de “grant”, lo que significa que el municipio no tendría que repagar el dinero que reciba. El dinero solo podría utilizarse para gastos directamente relacionados a la operación del municipio. (Suministrada)

En cuanto al proyecto de ley, Rosselló Nevares dijo que esperan radicarlo ante la Legislatura antes de que culmine su sesión el próximo 15 de diciembre. El mandatario dijo que el proyecto será uno corto y simple, por lo que no ve mayores escollos en conseguir el apoyo de ambos cuerpos legislativos y su aprobación antes de que finalice el año. La medida será discutida mañana entre el gobernador, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

El gobernador añadió que pidió al representante del Gobierno ante la junta, Christian Sobrino, que comunicara la intención de la administración de crear el fondo de emergencia.

Entiendo que esto tiene que tener el aval de la junta de supervisión fiscal“, manifestó Rosselló Nevares, quien reconoció que bajo la Sección 204, el ente rector tendría la última palabra en dar paso al proyecto de ley, una vez sea firmado por el Ejecutivo. Según la ley federal Promesa, la junta debe certificar toda legislación que conlleve un impacto fiscal.

Sobre el proceso para el desembolso de dinero una vez se constituya el fondo, el mandatario indicó que los ayuntamientos municipales deberán evaluar sus ingresos hasta el momento, el descuadre en sus cajas y los gastos asociados a los daños que sufrieron. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) tendrá que certificar estas cifras y una vez apruebe la información, el Departamento de Hacienda podrá hacer el desembolso.

Rosselló Nevarés explicó que no habrá un tope en la cantidad de dinero que podrán solicitar los municipios, mientras que aseguró que la cantidad total de $100 millones responde a un análisis preliminar sobre las necesidades de liquidez de los pueblos. No obstante, admitió que podría haber “una variación” entre la cuantía de $100 millones y la necesidad real de liquidez a nivel municipal.

Sobre la recopilación de información por parte de los pueblos para someterla a Aafaf, el gobernador sostuvo que gran parte del proceso está adelantado, mientras que añadió que los desembolsos operarán en forma de “grant”, lo que significa que el municipio no tendría que repagar el dinero que reciba. El dinero solo podría utilizarse para gastos directamente relacionados a la operación del municipio.

Entretanto, el Gobierno continúa en discusiones con el Tesoro federal y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para dar paso al desembolso de los préstamos federales conocidos como Community Disaster Loans (CDLs).

Recientemente, el Congreso aprobó una asignación de hasta $4,900 millones para este programa, al que tendrían acceso Puerto Rico y otras jurisdicciones afectadas recientemente por desastres naturales. Estos préstamos operan a través de FEMA y sirven para atender las necesidades de “cash” para mantener las operaciones básicas del Gobierno, incluyendo corporaciones públicas y municipios.

Alcaldes apoyan iniciativa

Tanto la Asociación como la Federación de Alcaldes respaldaron la medida del gobernador asegurando que con ella el gobierno central reconoce la precaria situación financiera en la que se encuentran los municipios, los cuales son la “primera línea de defensa” para atender las necesidades de los residentes de Puerto Rico.

“Estamos a favor de esta medida […] y en los mecanismos que se van a utilizar para que en cada uno de los municipios sea equitativo y que los dineros lleguen a donde tengan que llegar,” dijo el alcalde de San Lorenzo, Joe Román, quien representó a la Asociación de Alcaldes en la conferencia.

Por su parte, el alcalde de Arecibo y presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, también agradeció al primer ejecutivo por la iniciativa mientras que advirtió sobre los problemas de liquidez que enfrentarán todos los municipios en los próximos meses, luego del huracán María.

“Cuando visitas una ciudad y ves más del 20% a 30% de comerciantes cerrados. ¿Qué quiere decir? Que no hay IVU, que no va haber ahora en enero ese proceso de patente que se paga adicional y esos recaudos de los municipios prácticamente van a mermar y vamos a tener un problema de liquidez y operacional en casa uno de los municipios”, sostuvo el alcalde PNP.

Por ejemplo, en el caso de Naranjito, su alcalde Orlando Ortiz comenzó por decir que en septiembre recibió unos $80,000 a través del IVU municipal correspondiente al mes de agosto. “En octubre, que recibo lo del mes de septiembre, recibí apenas $15,000. Tuve una merma de $65,000 por concepto de IVU. Si vemos esta conducta que se pueda repetir mes tras mes, en tres meses estamos hablando sobre casi $150,000 como mínimo”, concluyó el alcalde.

A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de discrimen en los desembolsos por parte de la administración PNP a los municipios del partido de oposición, el PPD, Rosselló Nevares aseguró que este no será el caso y que la decisión se centrará exclusivamente en las necesidades de liquidez de cada municipio y el proceso de certificación de Aafaf.

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