16 de Diciembre de 2017

Gobierno de EE.UU. da espaldarazo en tribunal a Promesa y la junta fiscal

Por el 7 de diciembre de 2017

En un escrito sometido en la noche de ayer ante el tribunal federal, el Gobierno de Estados Unidos aseguró que el nombramiento de los miembros de la junta de control fiscal bajo la ley federal Promesa es perfectamente válido, contrario a lo que argumentan ciertos acreedores de Puerto Rico.

Los abogados del Departamento de Justicia federal pidieron a la jueza Laura Taylor Swain que confirme la constitucionalidad de la ley firmada en el verano de 2016 y rechace dos peticiones para desestimar los casos de quiebra radicados por la junta bajo el Título III de Promesa.

“El esquema [de nombrar los miembros de la junta] no está sujeto a la Cláusula de Nombramientos [de la Constitución federal] porque la junta de supervisión es un componente del Gobierno territorial. El Congreso creó Promesa según su autoridad plenaria bajo la Cláusula Territorial del Artículo IV de la Constitución”, lee el memorando en apoyo a la validez del ente rector.

La acción del Gobierno federal de respaldar la validez de los nombramientos que hizo el expresidente Barack Obama a la junta responde a dos demandas presentadas por separado a principios de agosto. (Juan J. Rodríguez/CB)

Según el Gobierno federal, la Cláusula de Nombramientos bajo la Constitución de EE.UU. no aplica al nombramiento de “oficiales territoriales”, y esto incluye a los ocho miembros de la junta que establece Promesa. Asegura que tampoco procede el planteamiento de los acreedores de que el proceso de nombrar miembros a la junta viola la separación de poderes. Bajo la Cláusula Territorial, el Congreso tiene amplios poderes para legislar de esta manera sobre sus territorios y el Distrito de Columbia, añade el escrito.

En un comunicado que se envió 40 minutos después de la radicación por parte de Justicia federal, la directora ejecutiva del ente rector, Natalie Jaresko, dio “la bienvenida a los argumentos legales del procurador general de Estados Unidos en apoyo a Promesa y la constitucionalidad de la junta”. Agregó que en estos momentos, luego del paso de los huracanes Irma y María, se hace más importante el papel de la junta fiscal en el futuro de Puerto Rico.

La acción del Gobierno federal de respaldar la validez de los nombramientos que hizo el expresidente Barack Obama a la junta responde a dos demandas presentadas por separado a principios de agosto por Aurelius, un grupo de bonistas de obligaciones generales (GOs), y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier). Posteriormente, el Grupo Ad Hoc de Bonistas de GO presentó una moción en apoyo a la acción de Aurelius.

Gobierno de EE.UU. defenderá constitucionalidad de Promesa

Los acreedores argumentan que las designaciones de los miembros de la junta son inválidas, toda vez que según dispone la cláusula de nombramientos de la Constitución de EE.UU., estas requerían la confirmación del Senado por ser oficiales del Gobierno federal. Promesa establece que los miembros de la junta son nombrados por el presidente de EE.UU., seis de ellos escogidos de listas de candidatos presentados por las delegaciones de mayoría y minoría del Congreso. Solamente si el presidente decide nombrar personas fuera de las listas congresionales, los nominados deberán ser confirmados por el Senado federal.

Los acreedores sostienen que, dado a que el nombramiento de los miembros de la junta es inválido, todas sus acciones serían nulas, incluyendo el comienzo de los casos de quiebra bajo el Título III.

Por su parte, tanto el Gobierno de Puerto Rico como Washington, D.C., aseguran que la junta es una entidad territorial y sus miembros no son oficiales del Gobierno federal, según reclaman los acreedores.

“Un hallazgo de que la Cláusula de Nombramientos aplica a los funcionarios territoriales no solo contradice esta práctica histórica, sino que también pondría en duda las estructuras gubernamentales actuales de los territorios y el Distrito de Columbia que han estado vigentes durante décadas”, sostiene el Gobierno federal en su memorando.

Tras recibir los planteamientos de las partes, la jueza Swain, quien está a cargo del proceso de quiebra de Puerto Rico, sostendrá una vista el próximo 10 de enero en la ciudad de Nueva York para atender las acciones de Aurelius y Utier.

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