23 de Noviembre de 2017

Gobierno de Puerto Rico necesita $3,600 millones antes que culmine el año

Por el 3 de Noviembre de 2017

La chequera principal del Gobierno de Puerto Rico estaría corta por alrededor de $3,600 millones al finalizar el año, según las proyecciones más recientes, y a falta de una inyección de dinero quedaría sin “cash” en o antes del 15 de diciembre.

Se desconoce cuánto dinero necesitaría para terminar el año fiscal hasta el 30 de junio.

“La proyección después de María en torno al impacto en los recaudos, el incremento en gastos relacionados al desastre y el tiempo pronosticado para los reembolsos [del Gobierno federal] resultará en un deterioro en la situación de ‘cash’ y la necesidad de fondos de emergencia adicionales antes del final de año”, advirtió el martes Gerardo Portela, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

La presentación del agente fiscal del Estado Libre Asociado (ELA) en la décima reunión pública de la junta de control fiscal también reveló que se contempla una pérdida de hasta 53% en los recaudos del Gobierno este año fiscal. Esto supondría más de $6,000 millones.

Gerardo Portela, director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal. (Yoel Parrilla/CB)

La pérdida de empleos, el éxodo de contribuyentes, la caída de los sistemas de información y los cierres e interrupciones de negocios serían algunas de las causas directas para tal desplome. La mayor parte de la caída en recaudos comenzará a reflejarse en las próximas semanas, según la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Mientras tanto, en Washington, D.C. dicen estar dispuestos a asistir con recursos financieros al Gobierno. No obstante, la administración tendrá que aceptar mayor supervisión por parte de la Casa Blanca en el uso de fondos federales, particularmente para aquellos proyectos de infraestructura.

“El presidente [Donald Trump] ha autorizado la asistencia con la condición de tener controles adicionales en los estimados de costo y manejo de los proyectos para facilitar la reconstrucción inmediata de la infraestructura de Puerto Rico […] y asegurar una sana administración del dinero federal”, indicó la Oficina de Prensa de Trump la semana pasada al anunciar que aumentó de 75% a 90% la porción de gastos que cubrirá el Gobierno federal en proyectos de asistencia pública.

Con ese ajuste, Puerto Rico deberá pagar el 10% de los costos.

El Gobierno federal ya destinó hasta $150 millones para ayudar a la isla cumplir con sus requisitos de pareo de fondos en programas federales. No obstante, la administración Rosselló Nevares ha advertido que requiere una inyección significativa de liquidez para poder asegurar su funcionamiento el próximo año. Para esto, apunta a una asignación de fondos federales por parte del Congreso en diciembre.

De manera inmediata, el Gobierno estima que la necesidad de efectivo que tendrá desde ahora hasta el 31 de diciembre será de $3,578 millones, o unos $1,551 millones menos que lo que proyectó inicialmente, justo después del huracán María.

 

¿Quién controlará los fondos federales tras María?

De esta cantidad, el gobierno central necesitaría $1,656 millones, mientras que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) representan $1,022 millones y $194 millones, respectivamente.

Las proyecciones no contemplan el impacto que podrían tener los préstamos federales que aprobó el Gobierno federal a mediados del mes pasado: el “Community Disaster Loans (CDLs) Program”, del cual Puerto Rico tendría acceso a algunos $4,000 millones.

Según fuentes, todavía se trabaja en el proceso ante requisitos de información por parte del Tesoro de Estados Unidos y se desconoce si los fondos vendrán a través de préstamos por separado o uno solo tipo “omnibus”, donde el Gobierno repartiría entre las entidades que lo necesiten. Los municipios y corporaciones públicas tendrían acceso a estos CDLs.

$1,900 millones en la cuenta

La cuenta principal del Departamento de Hacienda, el “TSA” en inglés, reflejaba un balance de $1,905 millones al 20 de octubre. Esto a pesar de que el gobernador había dicho que a finales de octubre y principios de mes la liquidez del Estado estaría en precario.

Portela enfatizó que el hecho de que haya esa cantidad de dinero disponible no significa que no habrá problemas de liquidez. Añadió que será a partir de noviembre y diciembre que las arcas del Gobierno comenzarán a reflejar los embates del huracán María en las finanzas públicas.

Para finales de noviembre, el Gobierno entiende que la liquidez en el TSA comenzará a tocar las reservas operacionales, las cuales establecieron en $1,300 millones. Esto último se divide entre una reserva operacional de $900 millones y $400 millones para gastos relacionados al proceso de quiebra bajo Título III de Promesa.

A falta de una inyección de liquidez, la cuenta TSA estaría en negativo a mediados de diciembre.

En el caso de la AEE y la AAA, ya ambas operan por debajo de sus reservas, o $537 millones y $120 millones, respectivamente.

Mientras se espera por tener acceso a los fondos que ayudarían a cubrir los gastos operacionales del Gobierno, Portela advirtió que “también hay situaciones con el ‘timing’ [tiempo] que no se pueden ignorar” y que afectan la chequera del Estado.

Por ejemplo, apuntó a los retrasos en las entradas contables a través del Gobierno a causa de María, o el tiempo que tomará recibir reembolsos por parte de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) para aquellos pagos que se hayan cubierto inicialmente del TSA.

Ojo a los municipios

Aunque Aafaf tiene con ellos algún rol de supervisión bajo cierta leyes, Portela reconoció que el agente fiscal no puede entrometerse en el manejo fiscal diario de los municipios de Puerto Rico. Así lo manifestó a preguntas de algunos miembros de la junta sobre la situación financiera de los pueblos tras el huracán María.

Uno de los asesores del Gobierno explicó que se aumentó la reserva operacional de $300 millones a $900 millones precisamente porque se espera que ciertos componentes gubernamentales necesitarán ayuda del gobierno central. A manera de ejemplo, apuntó a los municipios.

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“Solo estamos poniendo un respiro de ‘cash’ estimado para cubrir necesidades de capital para la recuperación y gastos”, dijo el consultor.

En el caso de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el Gobierno entiende que pueden manejar sus necesidades de liquidez a corto plazo.

La ACT tiene acceso a fondos de la Administración federal de Carreteras mientras que la UPR tiene suficiente dinero y aun después de María, terminaría el año fiscal con $216 millones en su cuenta.

Para la Autoridad de Transporte Integrado, la Autoridad de Puertos y la Administración de Servicios Médicos se estima que la cuenta principal de Hacienda tendrá que poner $40 millones durante este año fiscal para ayudarlas con sus necesidades de efectivo.

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