24 de Octubre de 2017

Gobierno se defenderá en los tribunales por reducción de jornada 

Por el 4 de agosto de 2017

El representante del Gobierno ante la junta de control fiscal, Christian Sobrino, insistió hoy en que la administración de Ricardo Rosselló Nevares no implementará un recorte en la jornada laboral de los empleados públicos por el impacto de $600 millones que tendría en la economía, asunto por lo cual están dispuestos a defenderse en los tribunales.

Tampoco reducirán en 10% las pensiones públicas, pese a que los integrantes de la junta fiscal declararon en su novena reunión pública —la quinta en Puerto Rico— que el Gobierno incumple con el plan fiscal certificado si no toma ninguna de estas determinaciones. Para el ente rector creado por Promesa, ambas determinaciones son parte del plan fiscal certificado el 13 de marzo, fecha en que el Gobierno debió presentar las reservas al respecto.

“Quisiera pensar que la razón va a imperar y que no va a haber litigio […] Si [los miembros de la junta] quieren ir al tribunal, nosotros nos vamos a defender […] Si nos demandan, vamos a ganar y no va a haber reducción de jornada laboral”, expresó enérgicamente Sobrino durante una rueda de prensa al concluir el cónclave, en un hotel de Fajardo.

El también presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) explicó que, antes de que se lleve el caso ante un tribunal federal, el Gobierno deberá explicar por escrito por qué no pondrá en vigor la reducción de la jornada laboral y el recorte en los beneficios de pensiones. Ese documento deberá enviarse a la junta, al Congreso federal y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 

Junta fiscal anuncia reducción de jornada a empleados públicos

Si el litigio se diera, sería pagado en su totalidad por el Gobierno de Puerto Rico, pues es el que asigna los fondos a la junta, según lo dispone Promesa. Sobrino sostuvo que la defensa de la junta se pagaría con el presupuesto de $60 millones que se le asignó, el cual podría aumentar si el ente lo requiriera.

La postura del Gobierno en esta disputa es que la reducción en la jornada laboral es una “recomendación” y no es parte del plan fiscal certificado, pues solo se incluyó en el documento de la certificación y no en el texto del plan. El gobernador tendrá esta tarde un mensaje público en el que se presume reaccionará a la decisión del organismo.

Sobre el recorte de 10% en las pensiones, que en el plan fiscal se indica que debería ocurrir en o antes del año fiscal 2020, Sobrino indicó que el Gobierno lleva a cabo una reforma en los sistemas de retiro que se discute actualmente en la Legislatura y que no incluirá la reducción.

El Gobierno entiende que decisiones como estas son parte de la política pública que asume el gobernador y sostiene su postura con la sección 205 de la ley federal Promesa, que establece el procedimiento a seguir en cuanto a las recomendaciones que la junta realice y permite, sujeto a una explicación, que las ramas Ejecutiva o Legislativa del territorio las rechacen.

“Cuando uno ve el récord legislativo de la ley promesa se habla de que el propósito de que no pudiera imponerse una medida que no sea una recomendación apropiada aceptada por el Gobierno era para asegurar que la única manera que se hiciera ese tipo de acción en Puerto Rico fuera con la cooperación del gobernador, si no hay cooperación entonces bajo la sección 205 no hay manera de activar [la reducción en la jornada]”, insistió Sobrino.

Sobre el particular, el presidente de la junta, José Carrión III, indicó por separado y a preguntas de CB en Español que como anticipaba que habría un litigio, los asesores legales del organismo están analizando cómo procederán. “Aparte del costo que esto podría conllevar en abogados, está el tema de que si no empezamos el 1 de septiembre, el litigio tarda tiempo y eso significa que posiblemente tendremos que implementar más cantidad de días en los ‘furloughs’ [reducciones de jornada]”, apuntó Carrión.

Choque entre el Gobierno y la junta durante la reunión

Luego de que la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, anunciara que la reducción en la jornada laboral de dos días al mes para los empleados públicos, excepto los policías, debe iniciar en septiembre y hasta concluir el año fiscal en junio o hasta que se logren ahorros de $218 millones, Sobrino se adentró en una fuerte disputa con la funcionaria y otros miembros del ente rector.

“La junta no tiene el poder de imponer sus recomendaciones, Promesa es clara en eso […] Entendemos que no debe haber reducción de jornada laboral. La junta va a poner las guías, pero no va a reemplazar al Gobierno… La reducción en la jornada no va”, declaró en tono desafiante Sobrino en su primera reunión como portavoz del Gobierno ante la junta.

Ante esto, Carlos García, uno de los miembros de la junta, declaró que el organismo está preocupado con que el Gobierno no haya logrado los ahorros necesarios al momento, según las proyecciones, por lo cual si se dejara para más adelante la reducción de la jornada, podría ser “peor” y conllevar no solo dos días al mes, como se propone ahora, sino más tiempo.

“[La reducción en la jornada] no fue una recomendación. Fue una condición para certificar el plan fiscal. El Gobierno lo reconoció”, dijo García, a lo cual Sobrino respondió: “El gobernador no estaba de acuerdo con esas condiciones”. 

Por su parte, Ana Matosantos, la única fémina miembro de la junta, añadió que la determinación de reducir la jornada “es muy difícil” y que todo se debe a que los planes de implementación del Gobierno se quedaron cortos, a lo cual Sobrino indicó que las proyecciones del organismo son incorrectas.

Pese a la lucha de Sobrino contra la determinación, la junta aprobó unánimemente —con la ausencia de un integrante— la reducción en la jornada laboral.

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