17 de Agosto de 2017

Gobierno se opone a petición para investigar la deuda de Puerto Rico

Por el 2 de agosto de 2017

El Gobierno de Puerto Rico se opone a una solicitud hecha por un grupo de acreedores para investigar las causas de la crisis financiera de la isla, argumentando que tal ejercicio debe ser llevado a cabo por la junta de control fiscal, según le permite la ley federal Promesa.

Un comité que representa a los acreedores no asegurados en los casos de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III solicitó el pasado 21 de julio a la jueza federal Laura Taylor Swain que autorice un proceso de descubrimiento de prueba para investigar el rol desempeñado por Banco Popular, Banco Santander y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en las emisiones y transacciones de la deuda del ELA.

“Aunque [la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, o Aafaf] reconoce que habrá tiempo y lugar para tal investigación, el momento no es ahora y el comité no es quien debe llevarla a cabo“, lee la moción que presentó el Gobierno el pasado 31 de julio.

En manos de jueza Swain petición para auditar deuda de Puerto Rico

En su objeción, el Gobierno señala que Promesa ya faculta a la junta de control fiscal para realizar este tipo de investigación. Añade que la Sección 104 de Promesa establece que la junta “podrá investigar la divulgación de la información y las prácticas de venta en relación a la compra de bonos emitidos por [Puerto Rico]”. Esto incluye “cualquier representación insuficiente de riesgo para dichos inversionistas y cualquier relación o conflicto de interés que mantenga dicho agente, corredor o asesor de inversión”.

Asimismo, el Gobierno también argumenta que la petición del comité de acreedores no asegurados es “demasiado amplia” e “innecesaria”.



Fafaa Objection to Motion for Discovery (Text)

“Las solicitudes [de información] resultarían en el gasto de millones de dólares en honorarios profesionales innecesarios y desviaría recursos de Aafaf, el BGF y otras entidades del Gobierno durante este momento crítico”, agrega el Gobierno en su moción.

En cuanto a la controversia entre los acreedores de obligaciones generales (“GOs” en inglés) y Cofina, el documento asegura que el intento del comité de obtener un descubrimiento de prueba sobre elementos relacionados a esta disputa es inadecuado. El Gobierno dice que el conflicto GO/Cofina—quién cobra primero y quién tiene derecho a dineros del IVU comprometidos para el pago de la deuda de Cofina— “será litigado inminentemente”, según un acuerdo recientemente alcanzado entre el Gobierno y ciertos grupos de acreedores.

Listo el andamiaje de la junta para ejercer poderes investigativos

Si la jueza Swain lo aprueba, las partes litigarán el asunto con la meta de llegar a una resolución final y ordenada por el tribunal en o antes del 15 de diciembre. El acuerdo todavía no define quién actuará como agente en representación de los acreedores de Cofina.

Así las cosas, el Gobierno argumenta que debe mantenerse “imparcial en el suministro de información a las partes que litigarán la disputa”. Añade que sería “injusto” permitir el descubrimiento al comité de acreedores sin que se tenga el agente de Cofina nombrado.

Mientras, la jueza Swain delegó la semana pasada la solicitud de investigación del comité de acreedores a la jueza magistrada Judith Dein. El asunto será atendido el próximo 9 de agosto como parte de la vista general que se llevará a cabo en San Juan sobre los casos de Título III.

—El editor de finanzas públicas Luis J. Valentín Ortiz colaboró en esta historia.

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