19 de Julio de 2018

Hacienda se prepara para convertir en agentes retenedores a vendedores online

Por el 10 de Julio de 2018

En momentos en que Puerto Rico lucha por rescatar sus finanzas públicas, el Tribunal Supremo federal lanzó un salvavidas que podría ayudar a la isla a allegar más recaudos al fisco.

En la batalla para poder captar impuestos sobre Ventas y Uso a comercios online que no tengan presencia física en estados y territorios de Estados Unidos, el alto foro judicial declaró como ganador a las agencias fiscales en un apretado 5-4 del caso South Dakota v. Wayfair. De acuerdo a la opinión del juez Kennedy, el estado de derecho vigente desde el 1992 servía “as a judicially created tax shelter for businesses that decide to limit their physical presence and still sell their goods and services to a state’s consumer” y no se atemperaba a las tecnologías y formas de hacer negocios.

Esta nueva realidad contributiva, además de brindarle fuerza a legislación existente en más de 15 estados y territorios estadounidenses, supondría un aumento sustancial en sus ingresos. A su vez, proporcionaría un respiro a los comerciantes que hacen negocios de manera tradicional, pues ya podrían competir en cierto grado de igualdad de condiciones.

En el caso de Puerto Rico, ¿cómo se prepara y qué tan rápido reaccionará para tomar ventaja de esta determinación? En entrevista con CB en Español, el secretario auxiliar del Área de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, Francisco Parés Alicea, reveló que su equipo técnico evalúa con cautela y responsabilidad el tema, que podría allegar $40 millones en nuevos recaudos a base de una conservadora proyección realizada luego de que Amazon llegara a un acuerdo confidencial para retener el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a compradores locales.

Amazon cobrará IVU a clientes de Puerto Rico

Este estimado se mantendrá intacto hasta tanto no concluya el proceso que Hacienda llevaría a cabo la pasada semana, que incluyó dos reuniones con su equipo de trabajo, un cónclave con oficiales de la agencia expertos en materia de impuestos, la redacción de un borrador que se enviará a La Fortaleza para que el equipo fiscal inicie el proceso de revisión que, de acuerdo a Parés Alicea, podría concluir a finales de julio para que inicie el trámite legislativo correspondiente durante la próxima sesión.

“Vamos a presentar legislación para atemperar nuestro régimen contributivo de Ventas y Uso a los nuevos hallazgos y desarrollos que se han dado como consecuencia del caso Wayifair pero todavía queda mucho por resolverse. Esto va a abrir una caja de pandora en cuanto a un sinnúmero de pleitos entre las agencias fiscales y estos vendedores online”, vaticinó Parés quien adelantó que, utilizando la jurisprudencia como marco conceptual, utilizarán la pieza legal de Dakota del Sur como un buen ejemplo, pues superó el escrutinio del Tribunal Supremo federal que busca evitar imponer una carga indebida (undue burden) sobre el comercio interestatal.

Entre los aspectos que contendría la legislación destacan la no retroactividad en su aplicación, la implementación de un software para “evitar la burocracia en papel” y asegurar cumplimiento de las empresas con la nueva normativa y el establecimiento de un mínimo de transacciones para que una compañía pueda ser considerada con “extensive virtual presence”. En la ley de Dakota del Sur, se estableció un mínimo de 200 transacciones al año o $100,000 en ventas.

¿Qué pasará con los acuerdos confidenciales?

Mucho antes de la decisión de South Dakota v. Wayfair, la Asamblea Legislativa había tomado medidas que, a pesar de que son de carácter voluntario establecen requisitos de documentación a vendedores que realicen transacciones muebles tangibles a compradores en Puerto Rico. De esta forma, Hacienda obtuvo herramientas adicionales para recaudar el IVU sobre las ventas por internet, pero contando con la buena fe del comprador, quien está obligado a remitir el impuesto de su compra online.

Se trata de la Ley 25 de 2017 la cual busca que negocios con presencia virtual remitan un informe a Hacienda con nombres y direcciones de sus clientes para que la agencia pueda realizar gestiones de fiscalización y cobro del IVU a residentes y comerciantes en Puerto Rico que adquieran mercancía sin autoimponerse el impuesto. Si el comercio no desea someter la información, tiene la opción de convertirse en agente retenedor y remitir el impuesto.

De acuerdo a Parés Alicea, esa ley produjo sobre una veintena de acuerdos de carácter confidencial, siendo el más significativo el de la megaempresa del multimillonario Jeff Bezos.

¿Discrimina Amazon contra los residentes de Puerto Rico?

“Siendo estos acuerdos de material contributivo, el Departamento por regla general no puede decir interioridades pero te puedo decir que de todos los acuerdos que hemos suscrito, ninguno es a cambio de remitirnos menos del 11.5% del impuesto de ventas y uso. En el caso de Amazon, nosotros le pedimos que nos permitiera hablarle a la ciudadanía que, en efecto, se había llegado a este acuerdo, reconociendo lo integrado que está Amazon en el mercado de Puerto Rico”, admitió el secretario auxiliar de Rentas Internas quien exhortó a las compañías a entablar acuerdos voluntarios antes que la ley los obligue a ello.

“Al final del día se entran en estos acuerdos porque el contribuyente, ese comerciante remoto desiste de someternos los reportes requeridos de a quién le está vendiendo y para evitar ese reporte nos recoge el impuesto de ventas y se convierte en agente retenedor”, concluyó Parés Alicea.

image_print