27 de Julio de 2017

[VÍDEO] Junta aprueba plan fiscal para Puerto Rico

Por el 13 de Marzo de 2017

NUEVA YORK — La junta de control fiscal aprobó hoy su plan para Puerto Rico: un recorte “progresivo” de 10% en las pensiones, una reducción de $450 millones al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el visto bueno a las medidas presentadas por el gobernador Ricardo Rosselló en su plan fiscal revisado, el cual entregó el sábado.

Bajo el argumento de que sin ello no se podría garantizar que el gobierno tenga suficiente dinero para la prestación de servicios esenciales, la junta aprobó también una reducción parcial a la jornada laboral de empleados públicos y maestros –sin incluir seguridad pública, como los policías– junto a la eliminación del bono de navidad de estos servidores.

Para evitar esto último, el gobierno tendrá que identificar para este verano -mediante su próximo presupuesto el cual deberá entregar el 30 de abril y un plan de liquidez- unos $200 millones en fondos de contingencia. De no hacerlo, la junta volverá a evaluar la situación en septiembre, cuando determinará si modifica o elimina la reducción de jornada laboral y la eliminación del bono de navidad.

Por su parte, el representante del gobernador ante la junta, Elías Sánchez dijo sentirse “confiado” de que esto no ocurrirá y que representa ser una “medida de precaución” en caso que el gobierno no logre el flujo de caja esperado.

  • Manifestantes se expresan previo al inicio de la quinta reunión pública de la junta fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)

Durante su quinto cónclave público, celebrado en la ciudad de Nueva York, el ente regulador anunció lo que llamó como enmiendas a la última versión del plan fiscal presentado por el gobernador. La junta manifestó que logró acuerdos con la administración en cuanto a las proyecciones económicas y la identificación de mayores recursos en el gobierno -principalmente mediante un aumento al impuesto al tabaco.

Los recortes aprobados a las pensiones y la UPR deberán ser logrados en o antes del año fiscal 2020. En el caso de las pensiones, la junta dijo mantener diferencias con la administración Rosselló. Es por esto que ambas partes trabajarán en los próximos 30 días un plan para establecer un sistema de reparto simple (“pay-as-you-go”), liquidar activos para financiar los beneficios que se debían en el plan previo y enlistar a todos los pensionados y empleados públicos en cuentas de contribución definida, segregando en cuentas individuales sus aportaciones que aseguren el pago de sus beneficios en el futuro.

Asimismo, según establecido hoy en la reunión, se buscará incluir a todos los nuevos maestros y policías en el Seguro Social.

Con relación a la UPR, aunque no se discutió en la reunión abierta al público, el plan fiscal certificado mantiene el recorte de $450 millones en tres años requerido por la junta recientemente, según confirmaron funcionarios de gobierno en conferencia de prensa.

Mientras, ente regulador de las finanzas de Puerto Rico también anunció hoy la selección de Andrea Bonime-Blanc, de GEC Risk Advisory, como asesora de ética.

Rosselló anuncia que ajustó medidas pero no enmendó su plan fiscal

El cónclave de la junta, que duró cerca de cuatro horas, se llevó a cabo en el edificio Alexander Hamilton U.S. Custom House, a solo unos pasos del icónico toro embistiendo de Wall Street y en el mismo lugar donde la junta sostuvo su primer encuentro público el pasado mes de septiembre.

Mas temprano, varios grupos realizaron protestas a las afueras del edificio, el cual es propiedad del gobierno federal y alberga un museo de indígenas norteamericanos, los archivos nacionales de Nueva York y hasta una corte de quiebras.

El camino hacia la certificación de un plan fiscal ha sido uno complicado y con distintos señalamientos por parte de la junta. Específicamente, esta mostró reparos con las proyecciones económicas del gobierno, los estimados de recaudos –los cuales llamó muy optimistas– y los ahorros que se esperan lograr mediante algunas de las medidas del gobernador. También levantó banderas sobre recortes insuficientes en salud y pensiones.

De hecho, previo a la reunión de hoy, ambas partes se enviaron varias cartas, proceso que terminó con un ultimátum de la junta al gobierno para que entregara un plan revisado consistente con los comentarios más recientes del ente rector. Tras recibir un reporte de sus consultores, Ernst & Young, la junta entiende que el gasto público real estaría subestimado y la brecha fiscal es aun mayor que la previamente identificada.

Por su parte, desde la entrega el pasado 28 de febrero de su propuesta fiscal, la administración de Ricardo Rosselló ha defendido sus medidas y proyecciones ante los cuestionamientos realizados. Argumentan que los números con los que trabaja la junta son incorrectos y buscarían convencerla de ello.

Sube la tensión ante negativa de la junta de control de aprobar plan fiscal del gobierno

La certificación del documento es un paso indispensable en el entramado de eventos que contempla la ley federal Promesa. Una vez certificado el documento, el gobierno deberá moverse hacia la confección de un presupuesto, el cual debe ser cónsono con el plan aprobado. De igual forma, cualquier ley que apruebe la Asamblea Legislativa deberá demostrar a la junta que es consistente con el plan fiscal certificado. De no hacerlo, según entienda la junta, esta podrá revocar la legislación en cuestión.

El plan aprobado también sienta las bases para las negociaciones con los distintos grupos de acreedores, toda vez que ya se conoce con cuánto dinero cuenta el gobierno para pagar el servicio de la deuda cada año -un promedio de $800 millones anuales bajo el plan fiscal certificado.

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