23 de Noviembre de 2017

Industriales advierten que reforma contributiva federal podría ser inconstitucional

Por el 14 de Noviembre de 2017

Miembros de la Asociación de Industriales opinaron ayer que Puerto Rico podría levantar el argumento de que la reforma contributiva federal violenta la Cláusula de Comercio Interestatal de incluirse en su versión final y aprobarse un impuesto a las importaciones que provengan de la isla.

Los comentarios fueron hechos por Carlos Serrano, presidente del Comité de Asuntos Gubernamentales, y Kenneth Rivera, miembro del Comité de Asuntos Contributivos de la organización, quienes reconocieron que podría ser un argumento complicado.

“Es incongruente ayudar a Puerto Rico luego de [huracán] María y arruinarlo económicamente”, señaló Masses, quien atribuyó las acciones del Congreso a las presiones eleccionarias. (Archivo)

“Podría ser cuesta arriba pero pienso que afecta la uniformidad comercial. Es una alternativa a la que yo le daría seria consideración”, dijo Rivera.

La versión de la Cámara federal de la reforma contributiva, el Tax Cuts and Jobs Act, la cual se espera vaya a votación próximamente, contiene una contribución de 20% a las importaciones foráneas. Aunque Puerto Rico es territorio americano, se considera una jurisdicción foránea para propósitos contributivos por lo que los productos hechos en la isla que vayan a Estados Unidos tendrían que pagar arbitrios. La medida también impone una tributación de 10% a las ganancias generadas fuera de Estados Unidos.

De otra parte, la versión senatorial de la medida, que no ha sido radicada todavía, no contiene el mismo arbitrio del 20% pero sí incluye disposiciones para proteger las operaciones en Estados Unidos que afectan a Puerto Rico.

El abogado Jorge Velázquez coincidió en que la propuesta del Congreso de imponer una contribución de 20% a los productos de Puerto Rico es una imposición sustancial que podría violar la Cláusula Durmiente de Comercio ya que discrimina directamente contra los productos de Puerto Rico y favorece los productos de los estados.

Según Velázquez, quien tiene una página de derecho llamada Mamotretos Don Miguel, el Tribunal Supremo local ha dicho que el aspecto “durmiente” o “negativo” de la Cláusula de Comercio surge como contraparte al poder que le ha sido conferido expresamente al Congreso y que protege el movimiento de bienes entre estados de trabas que quieran imponer los estados.

Aunque tanto el Supremo local como el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos han resuelto que las restricciones de la Cláusula Durmiente aplican directamente a Puerto Rico, el Tribunal Supremo de Estados Unidos no se ha expresado directamente sobre si aplica o no a la isla.

Propuestas para reforma contributiva federal destacan que Puerto Rico no es foránea

 

“Sabemos que los dos casos resueltos recientemente sobre el estatus de Puerto Rico [como el de] Sánchez Valle han enfatizado la subordinación territorial de Puerto Rico ante el Congreso, y que la Cláusula Durmiente no se ha elevado a rango de derecho fundamental que aplicaría a Puerto Rico, por virtud de la doctrina de incorporación selectiva. Por tanto, de aprobarse dicho proyecto, sería una controversia que debería adjudicarse ante el Tribunal Supremo federal, dado el interés público y la ambigüedad en la jurisprudencia sobre este tema”, dijo Velázquez.

El presidente de la Asociación, Rodrigo Masses, dijo que la forma en que han sido diseñados ambos proyectos, tanto el de la Cámara como el del Senado, pareciera estar dirigidos más a afectar las multinacionales en Puerto Rico. “Estamos exigiendo equidad […] Ambos proyectos son catastróficos para Puerto Rico”, dijo Masses.

Desde mucho antes de la radicación del proyecto, los industriales trabajaron con los miembros del Congreso y tuvieron sobre 300 reuniones. Sin embargo, no se logró que se pusiera lenguaje que beneficiara a Puerto Rico económicamente pese a que en el pasado el Congreso aprobó la ley Promesa precisamente para enderezar las finanzas de la isla.

“Es incongruente ayudar a Puerto Rico luego de [huracán] María y arruinarlo económicamente”, señaló Masses, quien atribuyó las acciones del Congreso a las presiones eleccionarias.

¿Cuál sería el plan b, de aprobarse la medida?

Serrano dijo que ahora mismo hay dos versiones de la reforma y ambos tendrían repercusiones distintas. Sin embargo dijo que “las compañías siempre se pueden restructurar pero habría erosión de lo que tenemos ahora”.

Devastadora para Puerto Rico propuesta cameral de reforma contributiva federal

El propósito de los tributos es obligar a las manufactureras a que regresen a Estados Unidos pero Masses recordó que cuando se eliminó la Sección 936 -los créditos contributivos que beneficiaban firmas en Puerto Rico- las mismas no regresaron sino que se fueron a otros países.

“La posición nuestra es que no se pague. Sería un cambio drástico a la práctica aduanera de 117 años”, dijo Masses. “Después del huracán María, siendo el sector manufacturero el único que puede levantar a Puerto Rico, todo lo que no sea directamente enfocado a la manufactura lo tenemos que mirar con mucho cuidado y enfocarlo en todo lo que pueda ayudar”, añadió.

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