11 de Diciembre de 2017

Industriales y sector privado piden a junta fiscal eliminar obstáculos para generación de energía

Por el 19 de Septiembre de 2017

La Asociación de Industriales y el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica urgieron hoy a la junta de control fiscal a que, junto a la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) y el sector privado, se ponga en vigor un marco regulatorio que elimine obstáculos para impulsar proyectos de generación y distribución de energía disponibles ahora.

Según Tomás Torres, director ejecutivo de la ICSE, si se eliminan obstáculos como los tres centavos de transición, que actualmente están detenidos en los tribunales así como el centavo que la CEPR impuso como subsidio a todo sistema fotovoltaico que se instale, los comercios, la industria y las residencias podrían invertir de forma inmediata en proyectos de redes de energía distribuida que ayudarían a proveer electricidad a comunidades de forma rápida.

Pedimos que los obstáculos que existen ahora de sobrecargo a energía distribuida, ya sea por paneles o plantas de generación altamente eficientes, sean eliminados. […] Y deben haber reglamentos de ‘streamline’ básicos y sencillos para podernos conectar rápidamente al sistema”, sostuvo Torres.

Tanto Torres como Rodrigo Masses, presidente de la Asociación, dijeron que Industriales presentará ese plan de emergencia regulatoria e hicieron un pedido urgente al ente rector creado por la ley federal Promesa y a las entidades federales para que se implante un plan de ayuda masivo dirigido al restablecimiento de los servicios básicos.

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Se espera que el huracán María afecte a la isla directamente como un huracán categoría cuatro o cinco. Su entrada por el sureste de la isla impactará no solo la distribución de energía sino la generación porque es donde se encuentran las cuatro plantas principales, Eco-Eléctrica, Costa Sur, Aguirre y AES así como las líneas principales y otras plantas generatrices.

Podríamos tener una mezcla de lo que fue el apagón del 16 septiembre del 2016 como efecto de transmisión y distribución así como de estar semanas y meses sin luz”, observó Torres.

“Por lo cual hacemos un llamado al Gobierno federal y a la junta fiscal para que se implante un plan de ayuda masiva dirigido al restablecimiento de los servicios básicos a la vez que se implanta un plan de emergencia de infraestructura regulatoria de energía distribuida financiada privadamente para que alivie la dependencia a una red eléctrica altamente vulnerable”, dijo.

La junta solo dijo hoy que usará sus poderes bajo el Título V de Promesa para acelerar proyectos de reconstrucción.

De otra parte, Masses informó que las compañías marinas Crowley Maritime Corporation y Tote Maritime recibirán sobre 2,500 contenedores de comida y otros materiales entre el sábado y lunes, por lo que Puerto Rico no debe de sufrir de falta de abastos. Esas empresas de carga marina en conjunto con la Asociación ya conversaron con el Departamento de Hacienda para que los procesos de impuestos corran manuales y se hagan sin sistema para que la isla tenga materiales disponibles sin eventualidad.

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Masses explicó que en conjunto con la comisionada residente Jenniffer González se está negociando para que la enmienda Stevens, que elimina disposiciones de cabotaje aéreo, se haga extensiva a Puerto Rico en estos momentos de emergencia. Ya el Gobierno federal eximió a la isla temporeramente la Ley Jones pero solo para poder traer combustible.

Los industriales pidieron al Gobierno que libere durante el tiempo de emergencia los límites a los inventarios por los que se cobran impuestos sin impactar a los municipios para que los comercios e industrias puedan tener inventarios altos en temporadas críticas.

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