14 de Agosto de 2018

Jaresko afirma que el final del proceso de quiebra de Puerto Rico podría retrasarse

Por el 14 de Mayo de 2018
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Si bien la directora ejecutiva de la junta de control fiscal insistió en que el presupuesto del año fiscal 2019 no está alineado con el plan fiscal certificado, Natalie Jaresko no quiso decir si el ente rector postergaría la preparación de un plan de ajuste de la deuda si el gobierno insiste en no cumplir.

“En este momento, estoy buscando la manera de convencer a todos en la mesa de que es lo mejor para Puerto Rico -no solo para los acreedores- reestructurar esta economía, equilibrarla fiscalmente en el mediano plazo, no solo a corto plazo, y poder dejar el proceso del Título III atrás”, dijo la directora ejecutiva.

Un plan de ajuste de la deuda es la etapa final del proceso de quiebra.

Jaresko habló el viernes en una mesa redonda con periodistas en la cual analizó por qué la junta entiende que el borrador del presupuesto del Gobierno de Puerto Rico está en violación del plan fiscal, luego de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no pareciera estar dispuesto a modificar el documento.

El final del proceso de quiebra lo más pronto posible beneficiaría a los puertorriqueños por varias razones, aseveró Jaresko, incluidos los costos legales para el gobierno, que está luchando contra 75 demandas judiciales. La quiebra también tiene costos para el sector privado, ya que dificulta su capacidad de obtener crédito. “La incertidumbre afecta la confianza de las personas”, agregó sobre el efecto de la quiebra en la economía.

El presupuesto presentado por el gobierno no cumplía con el plan fiscal certificado porque solo se proporcionó el presupuesto del Fondo General, que representa el 40% del presupuesto consolidado del gobierno, o más de $8,000 millones que van a las agencias. El presupuesto consolidado, mientras tanto, es de aproximadamente $21,000 millones.

En aras de la transparencia y la exhaustividad, la directora de la junta manifestó que el gobierno debe adoptar un enfoque consolidado del presupuesto ya que así lo maneja el plan fiscal certificado.

Gobernador reacciona tras rechazo de la junta fiscal al borrador del presupuesto para el 2019

“Está claro que la Legislatura de Puerto Rico solo revisa y adopta un presupuesto de Fondo General, pero nuevamente el 60% de las operaciones del gobierno se encuentra en otros fondos. Así que estamos buscando mirar el panorama completo y esos fondos no se presentaron”, señaló Jaresko.

Al explicar las deficiencias del borrador de presupuesto del gobierno, Jaresko indicó que los ingresos y los gastos no se alinean con el plan fiscal que la junta certificó, y está desequilibrado porque hay $200 millones más en gastos en comparación con los ingresos. El presupuesto no contenía ingresos especiales o asignaciones a diferentes programas. Las medidas contenidas en el plan fiscal no se identifican en el presupuesto para que se pueda evaluar si las reformas del plan fiscal están entregando el resultado financiero necesario, señaló.

Si bien la junta certificará un presupuesto consolidado completo, la Legislatura, como lo hace todos los años, solo votará sobre el presupuesto del Fondo General.

¿Qué pasaría si el gobernador no cumple?

Mientras que Jaresko dijo que espera que Roselló Nevares presente el resto de los documentos requeridos por la junta para el martes, dijo que si ese no fuera el caso, Promesa, la ley federal que creó la junta, le permite llenar los vacíos o hacer la cambios necesarios al presupuesto.

Aunque la Constitución de Puerto Rico establece que si no se aprueba un presupuesto al final del año fiscal, el gobierno continúa operando con el presupuesto actual, eso cambia bajo Promesa. El estatuto establece que si el gobierno y la Legislatura no aprueban un presupuesto al final del año fiscal, la junta debe presentar su propio presupuesto, que “se considerará aprobado por el gobernador y la Legislatura […] No hay nada más”, dijo Jaresko.

Esto se debe a que, aunque Promesa no se adelanta a las leyes locales, sí lo hace cuando la ley local está en conflicto con la ley federal.

No obstante, la directora ejecutiva dijo que el año pasado el gobierno operó con la versión del presupuesto de la junta fiscal y que el organismo no había exigido un presupuesto consolidado debido a que la administración era nueva.

En respuesta a una pregunta, Jaresko dijo que cree que el gobierno tiene la capacidad de entregar todo el presupuesto consolidado a tiempo. Ella negó las afirmaciones del gobierno de que el calendario de la junta para entregarlo se apresuró porque, según dijo, ambas partes se han estado comunicando y reuniéndose desde diciembre.

“La finalización de los números de ingresos se produjo en la certificación, pero la mayor parte del trabajo estaba en curso antes de eso”, aseveró Jaresko.

En su carta del jueves, la junta dijo que el gobierno no presentó en el Fondo General las reinversiones de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el Desarrollo de la Fuerza Laboral generadas por la reforma laboral; asignaciones del gobierno para la Administración de Seguros de Salud (ASES); reservas adicionales más allá de la reserva de emergencia de $130 millones en el plan fiscal y los $100 millones para municipios para la regionalización de servicios, que es aparte de los $176 millones en asignaciones del plan fiscal.

Tampoco revocó la parte obligatoria del bono de Navidad de los salarios de los empleados y estableció $3.5 millones para fondos estatales renovables en lugar de los $114 millones enumerados en el plan fiscal. Además, no incluyó $33 millones para la inclusión de pagos de Seguridad Social, $132 millones en gastos de capital, “pagos de servicios que no coinciden con las proyecciones”, “ninguna retención de la agencia del 5% como su propio concepto de gasto” y “asignaciones incorrectas”.

Al preguntársele qué enfrentaría la junta con la inacción del gobierno, especialmente con su negativa a implementar la reforma laboral, Jaresko dijo que nadie le está pidiendo al Congreso que intervenga. Sin embargo, agregó, era importante hacer cambios ahora cuando los fondos federales están llegando para impulsar la economía. Ella dijo, por ejemplo, que se espera que la reforma laboral rinda $214 millones que se pueden reinvertir en otras áreas, como la educación.

El proceso de bancarrota Título III de Promesa requiere un plan de ajuste de deuda factible basado en el plan fiscal. La importancia de la reforma laboral no está en el presupuesto de este año, excepto para la reinversión, pero está en el plan de ajuste y para llegar a un acuerdo consensuado sobre el Título III, explicó Jaresko.

La directora de la junta también cuestionó las afirmaciones de los funcionarios del gobierno en torno a que el ente rector no entiende el presupuesto en Puerto Rico. Señaló que la miembro de la junta Ana Matosantos tenía experiencia en hacer presupuestos en California y que ella misma trabajó en el presupuesto de Ucrania. En cuanto a las críticas al propio presupuesto operacional de la junta, dijo que el organismo recortó su presupuesto en un 7% y que está lidiando con los mismos problemas que el gobierno para determinar dónde hacer los recortes.

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