23 de Julio de 2018

Juez federal ordena investigar actos violentos durante Paro Nacional

Por el 4 de Mayo de 2018

A raíz de la conducta de la Policía de Puerto Rico durante el Paro Nacional del Día Internacional del Trabajador, el juez federal Gustavo Gelpí ordenó una investigación y la preparación de un informe sobre todo lo acontecido en la protesta del 1 de mayo.

El presidente del Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico designó al agente especial retirado de los Estados Unidos y consultor investigativo del TCA, José Pujol, como líder en la gestación de una evaluación independiente, que debe culminar con la presentación de un reporte.

“Las partes cooperarán plenamente con [Pujol] y estarán de acuerdo de inmediato con la metodología de la evaluación”, reza la orden de Gelpí con fecha de hoy, 4 de mayo.

Policías obstruyen paso de manifestantes a la Avenida Juan Ponce de León. (Génesis Ibarra/CB)

La orden del juez federal se da luego de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) denunciara que la Policía –liderada por el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Héctor Pesquera– atentó contra los derechos de los manifestantes en el Paro Nacional.

El director ejecutivo de la ACLU, William Ramírez, expresó a CB en Español que la determinación del juez federal es un buen primer paso para lograr que la Uniformada responda a sus acciones, que violaron no tan solo la Constitución, sino los mandatos de la Reforma de la Policía.

“Esa orden lo que demuestra es que el juez tiene serias preocupaciones sobre lo que aconteció el 1 de mayo en la Milla de Oro y las denuncias que se han hecho. Y demuestra que el trabajo de denunciar que hacemos no fue en vano y que se está tomando en serio”, indicó en entrevista con este medio.

A preguntas sobre cuáles serán los próximos pasos para lograr que todo manifestante que así lo desee pueda ejercer su derecho a la libre expresión, Ramírez dijo que ya comenzaron a presentar sus denuncias a nivel internacional. De no conseguir “justicia” para los presentes en la protesta, acudirán a los foros pertinentes con acciones concretas.

“No es la primera ocasión en que esto pasa, lo que pasa es que en este caso se pasaron de la raya porque no solamente incurrieron en la conducta que ya en el pasado habían incurrido, sino que en esta ocasión fueron contra la prensa, fueron contra los observadores y personas que no tuvieron que ver con nada de lo que ellos dicen provocó esta situación”, agregó el líder de la ACLU.

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Ramírez optó por no señalar quién o quiénes fueron los funcionarios que dieron la orden para que se bloqueara la Avenida, pues “está por confirmarse”, aunque adelantó que “no es solamente una persona. Esto cuando esté maduro se va a ver, y posiblemente haya sorpresas, porque es más complicado de lo que entendíamos que era”.

Ante esto, reafirmó su postura de que la “encerrona” a los manifestantes en una estrecha calle para luego rosearlos con gas lacrimógeno y prohibir su salida del lugar fue un acto planificado, y afirmó que cuentan con la evidencia suficiente para así probarlo.

“Yo creo que la situación en Puerto Rico es grave y se está agravando. Hay que atenderlo, porque estas protestas van a continuar y posiblemente se agraven, hasta tanto el gobierno se enfoque en lo que está pasando aquí”, denunció Ramírez en referencia a los contratos y sueldos millonarios que da el gobierno, mientras se alega que “no hay dinero para la persona común y corriente”.

Ayer, varias organizaciones enviaron una misiva al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, en la que condenan los actos del 1 de mayo en contra de la masa concentrada en la Milla de Oro, a la que se le prohibió el acceso a la vía pública de la Avenida Juan Ponce de León para completar su manifestación.

La carta expresa que miles de puertorriqueños, entre ellos envejecientes y niños, “quienes ejercían su derecho a protestar bajo la Primera Enmienda, fueron recibidos con violencia del Estado a través del uso de gas lacrimógeno y violencia a manos de la Policía”.

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“El derecho a reunirse y expresar frustración hacia el gobierno es esencial para la práctica de la democracia. Estamos profundamente perturbados por la defensa del gobernador a la brutalidad policiaca”, reza la misiva, a la vez que demanda acciones del gobierno contra quienes “dieron y ejecutaron las órdenes”.

Fueron más de 60 las organizaciones que firmaron la carta dirigida al primer ejecutivo, entre ellas SPACEs; Mi Familia Vota; United for a New Economy; Center for Popular Democracy; United we DREAM; VAMOS4PR; Chicago Boricua Resistance!; y Organize Florida.

Ante el mandato de Gelpí, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, sentenció que el Departamento de Seguridad Pública deberá explicar por qué se impidió el paso a una vía pública y los incidentes reportados luego de la marcha en Río Piedras, en donde se llevó un operativo para arrestar a varios de los manifestantes.

En esta ocasión, la Policía obstruyó el paso del grupo Jornada se Acabaron las Promesas a la Ponce de León. Luego de varios intentos de cooperación y la palabra de que la Uniformada daría paso a los manifestantes, se comenzó el uso de gas lacrimógeno sin previo aviso.

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