21 de Agosto de 2017

Junta advierte sus certificaciones no están sujetas a revisión judicial

Por el 15 de Junio de 2017

La junta de control fiscal advirtió el jueves en la tarde que las certificaciones que haga como parte de su manejo de las finanzas del Gobierno de Puerto Rico no están sujetas a revisión por parte de un tribunal, según establece la ley federal Promesa.

Es por esto que serían infructuosos los intentos de ciertos acreedores de cuestionar la validez del plan fiscal certificado. La junta aseguró que los reparos de estos acreedores están dirigidos a que se destine más dinero hacia el pago de la deuda que lo que establece el documento aprobado y certificado el 13 de marzo.

“Las certificaciones de la junta de supervisión no están ni siquiera sujetas a ser cuestionadas por la corte”, lee el “reporte de estatus” presentado hoy por el organismo ante la jueza federal Laura Taylor Swain, que dirige el proceso de quiebras de Puerto Rico a través del Título III de Promesa.

Nombran grupo de mediación para casos de Título III

El organismo hace referencia a la sección 106 (e) de Promesa, que establece que “ningún tribunal de distrito de los Estados Unidos tendrá jurisdicción para atender objeciones a las determinaciones de certificación tomadas por la junta de supervisión bajo esta ley”.

El documento legal sometido por la junta —según solicitó la jueza en la vista del 17 de mayo— ofrece detalles de las interacciones más recientes entre el Gobierno y grupos de acreedores, incluyendo la divulgación de información financiera.

El documento añade que, aunque la junta desea satisfacer los deseos de los acreedores de recobrar más dinero, solo certificará planes que verdaderamente puedan imponer responsabilidad fiscal y logren el eventual acceso de la isla a los mercados de capital.

Asimismo, el organismo advirtió que han habido esfuerzos de descubrimiento de prueba por parte de acreedores —específicamente las aseguradoras Assured y Ambac— como parte de acciones legales que han presentado para retar expresamente el plan fiscal certificado.

“Para estar claros, los derechos de acreedores bajo la Constitución de Estados Unidos están protegidos. Si un acreedor entiende que su colateral está siendo utilizado para uso público sin justa compensación, nada evita que el acreedor pida protección contra el ‘stay’ si no obtiene protección adecuada o justa compensación”, manifestó la junta.

Según el plan fiscal, el Gobierno tendría un promedio de $787 millones disponibles para pagar el servicio anual de deuda durante los próximos 10 años.

Otorgan acceso a data financiera que no es pública

Por otro lado, la junta indicó que desde el 6 de junio, varios grupos de acreedores han obtenido acceso a una versión “live” o dinámica de las bases de datos del Gobierno, que incluyen los modelos económicos en Excel que se utilizaron para la confección del plan fiscal y el análisis de sostenibilidad de deuda. Esta información, sin embargo, no está disponible al público. 

La junta señaló en su reporte que, a pesar de este acceso a ciertos grupos de acreedores, algunos continúan pidiendo más información mayormente relacionada al proceso de deliberación del plan fiscal, los recaudos y gastos del Gobierno, y los análisis sobre la cantidad de deuda que Puerto Rico puede pagar.

Aunque aseguró haber contestado muchas de estas peticiones de información, la junta rechazó entregar ciertos documentos, comunicaciones y análisis que catalogaron de privilegiados y no sujetos a divulgación.

Apoyan designación de comité de mediación

De otro lado, la junta apoyó a la jueza Swain en la designación de un grupo de cinco jueces federales que actuarán como mediadores en los casos de quiebra del Gobierno bajo el Título III.

“El grupo solo puede aumentar las posibilidades de éxito para Puerto Rico”, lee el documento de la junta de control fiscal.

El organismo aprovechó la ocasión para decir que, de aprobarse la designación de dos agentes que representen al Gobierno y a Cofina —según propone la junta mediante moción del 10 de junio—, ellos podrán negociar algún tipo de acuerdo con los dos grupos principales de acreedores con la ayuda del comité de mediación.

Designan comités de retirados y acreedores no asegurados

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