16 de Julio de 2018

Junta fiscal exige estados financieros auditados al gobierno de Puerto Rico

Por el 3 de Mayo de 2018

La junta de control fiscal le solicitó al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) Gerardo Portela que proporcione un calendario para la emisión de estados financieros auditados del Estado Libre Asociado de 2015 al 2017.

La petición surge 20 meses luego de que el ente rector de las finanzas de Puerto Rico tomara posesión del cargo. Durante los últimos tres años, los tenedores de bonos y los acreedores han exigido la entrega de estos informes.

En una carta fechada el 30 de abril, la junta también requirió el informe de Información Suplementaria para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para los años fiscales que terminan el 30 de junio de 2015, 2016 y 2017, respectivamente y le solicitó que proporcione los datos antes del 7 de mayo de 2018.

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Mientras tanto, en otra carta dirigida al presidente interino de la Universidad de Puerto Rico (UPR), Darrel Hillman Barrera, , la junta exigió una explicación detallada de los impedimentos actuales para proporcionar los informes de liquidez y efectivo y una propuesta detallada con un cronograma e hitos clave para lograr informes semanales” y requirieron la entrega de los documentos antes del 30 de mayo.

Al momento, la junta asegura que la UPR no ha brindado ninguna información solicitada que debía ser entregada en o antes del 30 de marzo pasado. “Tiempo de más se le ha brindado a la UPR para cumplir con estos informes”, enfatizó la junta quien lanzó una advertencia a funcionarios que incumplan con su orden, de acuerdo a las disposiciones de la ley Promesa.

“Cualquier falla a proporcionar voluntariamente esta información podría resultar en que la Junta de Supervisión emita una orden para dichos informes de conformidad con la Sección 104 (c) (2) de PROMESA. El incumplimiento de dicha orden expondría al funcionario o empleado responsable a posibles medidas disciplinarias administrativas contempladas en la Sección 104 (l) (2), que establece que “cualquier funcionario o empleado … que a sabiendas y deliberadamente viole … cualquier acción requerida por dicha orden” …, estará sujeto a la disciplina administrativa apropiada, que incluye (cuando corresponda) la suspensión del servicio sin pago o la destitución del cargo, por orden del Gobernador “, sentenció la junta.

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