16 de Diciembre de 2017

Junta fiscal quiere mayor control sobre el presupuesto de Puerto Rico

Por el 5 de diciembre de 2017

La junta de control fiscal dejó saber hoy que buscará aprobar todo el presupuesto consolidado del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades este próximo año fiscal.

Esto, contrario a lo que hizo el pasado verano con el plan de gastos vigente, cuando solamente validó la porción con cargo al Fondo General, o unos $9,562 millones. El presupuesto consolidado —el cual actualmente asciende a $25,678 millones— incluye fondos locales, federales y otras apropiaciones para el Gobierno y unas 125 agencias públicas.

“[La junta] está consciente que pueden haber ciertos obstáculos legales, políticos y tecnológicos que el Gobierno deberá atender para que sea posible aprobar el presupuesto consolidado completo y todos los presupuestos de instrumentalidades para el año fiscal 2019”, lee la presentación que dió el director fiscal y de implementación, Miguel Tulla, durante el undécimo cónclave público del ente rector que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York.

El oficial de la junta explicó que el Fondo General excluye agencias con sus propias chequeras al igual que entidades que históricamente corren con déficits en caja y dependen de contribuciones o de dinero del gobierno central. En síntesis, la junta busca ampliar su cerco fiscalizador en el ámbito del presupuesto para incluir bajo su dirección los gastos y fondos de todo el aparato gubernamental.

La directora ejecutiva del ente rector, Natalie Jaresko, presentó algunos de los nuevos parámetros por los cuales el plan fiscal del Gobierno deberá regirse, tales como una duración de cinco años fiscales y atemperar la “nueva realidad” tras el paso de los huracanes Irma y María. (Juan J. Rodríguez/CB)

Por su parte, el representante del Gobierno ante la junta, Christian Sobrino, pidió al ente rector incorporar la Sección 204(d) de la ley Promesa al nuevo protocolo de revisión de presupuestos. Esta sección establece que la junta no podrá tomar acciones que afecten el cumplimiento del Gobierno con ciertos procesos bajo programas federales. El presidente de la junta, José Carrión, dijo que los abogados revisarán la recomendación de Sobrino.

Al tanto de la complejidad del asunto, Tulla manifestó que se comenzará con tiempo la confección del próximo presupuesto detallando el plan de acción tan temprano como este mes. El uso y costumbre en años recientes por parte de administraciones de los principales partidos políticos ha sido presentar el presupuesto ante la Legislatura entre los meses de marzo y abril, y aprobarlo en o antes del comienzo del año fiscal cada 1 de julio.

Esta vez, el Gobierno comenzará el proceso el próximo 22 de diciembre, entregando junto al borrador del nuevo plan fiscal un inventario de todas las agencias, corporaciones y fondos en el Gobierno.

El 15 de enero, la administración deberá entregar sus estimados de recaudos por cada entidad pública. Un mes después, será la junta la que enviará a La Fortaleza y la Legislatura las proyecciones de recaudos oficiales para la confección de los planes de gastos, cuyos borradores deberán ser entregados por parte del Gobierno el 1 de marzo.

Luego de revisar los presupuestos propuestos, la junta entregará en o antes del 30 de abril su versión a los legisladores para el debido trámite parlamentario. La junta entonces recibirá el proyecto aprobado, lo reevaluará y aprobará finalmente un plan de gastos para el Gobierno y sus instrumentalidades en o antes del 30 de junio. Los presupuestos deberán cumplir con los planes fiscales que apliquen y todos los gastos deberán estar debidamente justificados.

Este proceso aplicará tanto al gobierno central, como también a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Otras entidades cubiertas y con sus propios planes fiscales, tales como la Autoridad de Carreteras, el Banco Gubernamental de Fomento y la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (Cossec) tendrán calendarios de entrega diferentes.

“Encaminadas” revisiones a los planes fiscales

Aunque tanto la junta como el Gobierno reconocen que existe mucha incertidumbre en cuanto a algunos componentes importantes, ambos reiteraron hoy que para el 22 de diciembre esperan tener listos borradores de nuevos planes fiscales para el gobierno central, la AEE y la AAA.

La directora ejecutiva del ente rector, Natalie Jaresko, presentó algunos de los nuevos parámetros por los cuales el plan fiscal del Gobierno deberá regirse, tales como una duración de cinco años fiscales y atemperar la “nueva realidad” tras el paso de los huracanes Irma y María.

Asimismo, ante la incertidumbre de la cantidad final de fondos, si alguno, que el Congreso destinará a la isla para los esfuerzos de recuperación y los efectos de la reforma contributiva federal en la economía de Puerto Rico, el plan fiscal deberá establecer diferentes escenarios de disponibilidad de fondos federales, incluyendo el panorama de cero cambios en las transferencias que se reciben al día de hoy de parte del Gobierno federal. También deberá incluir métricas e información sobre los esfuerzos de recuperación y reconstrucción post María.

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A preguntas de una periodista, el presidente de la junta admitió que hasta que no se tenga claridad sobre los fondos de recuperación que llegarán a la isla y las proyecciones finales bajo el nuevo plan fiscal, el ente rector desconoce cómo actuará con respecto a la reestructuración de la deuda.

No obstante, tanto Jaresko como el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, se mostraron confiados en que podrán entregar un borrador del plan fiscal en o antes del 22 de diciembre. Sobrino añadió que ya existe un acuerdo entre el Gobierno y la junta sobre la mayoría de las proyecciones macroeconómicas. Hasta el momento se ha hablado de una pérdida de población de hasta 10% a corto plazo y una baja en recaudos que pudiera superar el 25% al finalizar el año fiscal.

El nuevo plan fiscal del Gobierno deberá lograr un balance estructural entre sus gastos y recaudos para el año fiscal 2022, al igual que incluir un análisis sobre la capacidad a largo plazo de Puerto Rico para pagar obligaciones relacionadas a la deuda.

En cuanto a las reformas estructurales, las cuales “juegan un rol crítico” a juicio de Jaresko, se mantiene el hilo conductor de la versión anterior del plan fiscal: reformas a favor del sector privado, incluyendo reducir los costos de empleo; cambios en los programas de bienestar social; atracción de inversión foránea; otorgamiento de permisos más ágil; reducción en el costo de energía; reforma contributiva a nivel corporativo; mayor competencia en el mercado; entre otros.

“Estos pilares combinados pueden dictar el cambio para la economía de Puerto Rico”, aseveró Jaresko, quien comparó algunas reformas similares en países como República Dominicana, México, Italia, Estados Unidos, Mauricio y Ucrania, donde fue ministra de finanzas.

Durante la undécima reunión pública de la junta estuvieron presentes los miembros Andrew Biggs, Carlos García, Arthur González, Ana Matosantos y David Skeel, junto a Carrión, Sobrino y Jaresko. El miembro José R. González estuvo ausente.

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