26 de Marzo de 2017

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Junta fiscal revela casi una veintena de contratos

Por el 28 de febrero de 2017

Detalles sobre un total de 19 contratos firmados y la información financiera de sus siete miembros y su director ejecutivo fueron colgados por la junta de control fiscal durante la noche de hoy en su página cibernética.

La contratación realizada hasta el momento por el ente rector incluye los bufetes Proskauer Rose, Luskin, Sten & Eisler, O’Neill & Borges, A&S Legal Studio y Acosta & Ramírez; los asesores financieros McKinsey & Co. y Citi; la firma especializada en sistemas de retiro Pension Trustee Advisors; los contables Ernst & Young; la compañía local de relaciones públicas y comunicaciones Forculus.

De igual forma se conoce a través de los documentos la compensación del recién anunciado asesor legal Jaime El Koury, quien por tres años y trabajando desde Nueva York, cobrará $225,000 al año más gastos y beneficios.

Mientras, también fue divulgada la información financiera, incluyendo sus trabajos actuales, inversiones y propiedades, de los siete miembros de la junta -José Carrión, José R. González, Arthur González, Ana Matosantos, Andrew Biggs, Carlos García y David Skeel- y el director ejecutivo interino Ramón Ruiz Comas.

Amplia asesoría

En el caso de McKinsey, la firma asesora a la junta en prácticamente todas las áreas, desde la organización de sus operaciones hasta la toma de decisiones y los objetivos a corto y largo plazo que debe contemplar el ente rector. Por esto cobrarán casi $945,000 al mes por los primeros tres meses de trabajo, y luego a razón de $315,000 hasta el próximo 15 de mayo.

Citi cobrará $250,000 al mes por asesoría en la reestructuración de la deuda, negociación con acreedores y los mercados de capital. De realizar alguna transacción en el proceso donde el gobierno emita bonos nuevos, Citi cobrará hasta .0333% del valor de estos con un límite de $10 millones, a no ser que participe en la transacción.

En el caso de Ernst & Young, la firma estará validando la información financiera correspondiente a los años fiscales 2015 y 2016, con miras a actualizar los números con los que trabaja la junta. También realizarán un reporte sobre la deuda de Puerto Rico que estarán entregando en o antes del 7 de marzo. Por este trabajo, la firma de contabilidad podrá cobrar no más de $350,000.

En el área legal, bajo tres alternativas de cobro, Proskauer asegura que debido a la naturaleza de servicio público de la junta, redujeron el costo por hora de servicio que normalmente cobran a sus clientes, los cuales rondaran los $750 la hora. Por su parte, Luskin -como abogados de la junta en los casos del tribunal federal sujetos a Promesa- cobrará de $325 a $800 por hora, dependiendo de quién realice el servicio.

En el caso de O’Neill & Borges, establecen que una vez se llegue a los $250,000 por sus servicios, toda factura recibirá un 10% de descuento. El contrato de A&S Legal Studio establece una suma de $500,000 por año por asesoría legal general. Por último, Acosta & Ramírez está bajo contrato hasta finales de año y su compensación será a base de horas trabajadas.

Para coordinar con la Policía de Puerto Rico y otros esfuerzos relacionados a la seguridad de los miembros de la junta, ESC Group y su presidente Roberto Escobar estarán proveyendo esos servicios a razón de $7,500 al mes.

En cuanto a los sistemas de retiro de Puerto Rico, Pension Trustee Advisors correrán modelos sobre las reducciones propuestas por la junta y asesoran sobre el tema. Cobrará hasta $45,000 entre tres fases y está contratada hasta el 15 de marzo, fecha en la cual el ente rector espera certificar un plan fiscal.

Viejas caras

En la lista de contratos también figura el economista Andrew Wolfe, quien trabajó en la confección del famoso “Informe Krueger”, documento comisionado por la pasada administración de Alejandro García Padilla y que sirvió para sentar las bases de la magnitud de la crisis fiscal y económica de Puerto Rico que requería, entre otras medidas de austeridad, una reducción en la deuda pública de la isla.

Para la junta, trabajó desde finales del año pasado hasta hoy en la revisión de los modelos económicos y parámetros fiscales establecidos hasta el momento, servicio por el cual cobró $25,000 al mes.

Otros nombres como el de Citi, Proskauer y Estudios Técnicos mantuvieron de igual forma contratos de asesoría bajo la pasada administración en temas relacionados a la situación fiscal de Puerto Rico. Tal es el caso de José Coleman Tió, presidente de RCT Advisors y exasesor del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y el equipo fiscal de García Padilla. Para la junta trabajó hasta principios de año, ya que dirige desde el pasado 1 de febrero la división legal de Banco Popular.

También figura Jayson Padilla, quien trabajó para el Departamento de Hacienda durante la pasada administración, y estará con la junta hasta el verano asesorando sobre el flujo de efectivo y las cuentas del gobierno de Puerto Rico.

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