18 de Noviembre de 2017

Junta fiscal selecciona a su investigador de la deuda pública

Por el 13 de Septiembre de 2017

Un exaspirante a la Cámara de los Estados Unidos bajo el partido Republicano y ahora abogado en el bufete Kobre & Kim, John Couriel, liderará por parte de la junta de control fiscal los esfuerzos relacionados a la investigación de la deuda de Puerto Rico.

Así lo revelaron la junta y un grupo de acreedores del Gobierno en mociones radicadas por separado en la noche del martes como parte del proceso de quiebra bajo el Título III de Promesa.

Aunque Kobre & Kim fue contratado el pasado 1 de septiembre, es la primera vez que el ente creado por la ley federal Promesa habla públicamente sobre la selección del bufete con sede en Miami.

En otra moción presentada el martes, la junta defendió la experiencia e independencia de la firma elegida, la cual se reportará exclusivamente a los abogados del ente rector y al comité especial que atiende la investigación de la deuda pública. Actualmente, este grupo lo componen los miembros Ana Matosantos, Arthur González y David Skeel, tras la salida del presidente, José Carrión, quien originalmente fue nombrado al comité.

El documento añade que Couriel y abogados de Kobre & Kim ya han sostenido reuniones con abogados, consultores y miembros de la junta, mientras que también cuentan con un plan de trabajo inicial para realizar la investigación. Asimismo, han revisado planes fiscales, análisis financieros y los documentos de emisiones de deuda del Gobierno y sus instrumentalidades, entre otros.

Junta fiscal investigará las emisiones de deuda de Puerto Rico

Según la junta, la meta es tener un reporte final sobre la investigación de la deuda pública dentro de los próximos seis meses.

La contratación de Couriel y el bufete Kobre & Kim se da en momentos que un grupo de acreedores intenta que el tribunal le autorice a realizar una pesquisa sobre las causas de la crisis fiscal, particularmente las emisiones de deuda y el rol desempeñado por Banco Popular, Banco Santander y el Banco Gubernamental de Fomento (BGF).

El pasado 21 de julio, el comité oficial de acreedores no asegurados del Gobierno solicitó al tribunal federal que le permita llevar a cabo un proceso de investigación sobre la deuda pública. Días después, el 2 de agosto, la junta anunció su intención de iniciar una pesquisa similar y desde entonces asegura que es la entidad con autoridad para hacerlo según le confiere Promesa.

Ambas partes se encuentran en medio de una disputa sobre un proceso de investigación que sea acceptable para todos, según solicitó durante una vista a finales de agosto la jueza magistrada Judith Dein.

Listo el andamiaje de la junta para ejercer poderes investigativos

Tanto los abogados que representan al comité de acreedores, como el bufete seleccionado por la junta para realizar la investigación, facturarán con cargo al erario de Puerto Rico.

Couriel cuenta con una amplia experiencia en casos relacionados al ámbito financiero, según su biografía en la página cibernética de Kobre & Kim. Trabajó como oficial jurídico en el tribunal de distrito de Washington, D.C., al igual que como fiscal en el estado de la Florida. También formó parte del bufete Davis Polk, que actualmente representa a un grupo de acreedores del BGF.

Se desconocen los términos económicos del contrato entre la junta y el bufete investigador. Una petición de información al respecto a un portavoz de la junta no había sido contestada al momento de este escrito.

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