19 de Enero de 2017

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Junta pide mantener “stay” de Promesa para lidiar con finanzas de Puerto Rico

Por el 5 de enero de 2017

Tres jueces del Primer Circuito del Tribunal de Apelaciones de Boston escucharon el miércoles argumentos a favor y en contra de mantener en suspenso las reclamaciones judiciales por parte de acreedores del gobierno establecida por la ley Promesa.

Litigantes en siete casos pidieron que se levantara la paralización de sus reclamaciones, o “stay”, impuesta por el juez federal Francisco Besosa tras argumentar que carecen de “protección adecuada” que asegure que el gobierno no gaste su dinero antes de que puedan cobrar.

Los abogados del gobierno, del bufete Kirkland & Ellis, dijeron que los reclamos de los demandantes fueron paralizados por Besosa debido a que no pudieron probar que no tienen remedios disponibles luego que termine el periodo de freno a las litigaciones, que expira en febrero.

La junta de control fiscal, por su parte, solicitó que se les permitiera intervenir en los casos -una petición rechazada por Besosa- pero instó al tribunal a mantener el “stay” para que el ente federal tenga el espacio de ejercer sus funciones de lidiar con las finanzas del gobierno.

La junta estará recibiendo solicitudes hasta el viernes, 9 de diciembre. (Juan J. Rodríguez/CB)

(Juan J. Rodríguez/CB)

Peaje Investments, que alega que el gobierno ha desviado dinero de los peajes que sirve de colateral para los bonos de la Autoridad de Carreteras, señaló que el tribunal de distrito no llevó a cabo una vista sobre sus reclamaciones.

La empresa dijo que el gobierno estaba “tomando su propiedad y gastándola”, que no tenía información sobre el flujo de ingresos futuros y que temen que no habrá dinero para pagarles en julio. Asimismo, insistió en que los funcionarios del gobierno tenían el peso de probar que había suficientes ingresos para garantizar el colateral de su deuda.

Varias veces durante la vista, uno de los tres jueces, William Kayatta, preguntó a los demandantes si tenían pruebas que demostraran que la reducción de la garantía de sus pagos era de tal magnitud que los ponía en riesgo de pérdidas. La empresa sostuvo que sus propios expertos tenían evidencia de que no habrá suficiente flujo de ingresos de los peajes como para pagarles.

De otro lado, Altair Global Credit, que busca la protección de sus intereses en el Sistema de Retiro de Empleados Públicos, reconoció que la entidad recibe alrededor de unos $18 millones al mes en contribuciones pero que el sistema los mantiene en una cuenta operacional en vez de asegurar el dinero en una cuenta separada.

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“¿Hay una alegación aquí en este caso de que la reducción de la garantía es suficiente como para llegar al punto de que no haya capital o de que el pago de la deuda misma esté en peligro?”, Kayatta preguntó.

El abogado de Altair respondió que el gobierno ha dicho en su plan fiscal que los ingresos del Retiro no están seguros. El dinero de los bonistas no ha sido transferido a su cuenta debido a las prohibiciones establecidas por la Ley de Moratoria local.

La abogada del gobierno, Erin Murphy, sostuvo que ninguno de los demandantes ha demostrado no tener la capacidad de recuperar su garantía una vez la paralización judicial a las demandas se levante. Promesa preserva el derecho de los acreedores a reclamar sus pagos una vez se levante la suspensión.

Dijo que Promesa no contiene una disposición que obligue al gobierno a demostrar que existe una “protección adecuada” de los pagos de sus acreedores porque la ley es diferente a un procedimiento de quiebra, donde el freno a los litigios opera a lo largo de todo el proceso y se le permite al deudor mantener la garantía o colateral de su deuda.

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El gobierno sostuvo que Promesa impuso un freno a las reclamaciones judiciales para permitir que la junta de control fiscal tenga el espacio para tomar decisiones sobre la deuda de Puerto Rico.

La abogada pidió a los jueces hacer una determinación a base de un balance de intereses en el que se tome en cuenta si los demandantes sufrirán un “daño irreparable” que no pueda esperar hasta febrero, que es cuando termina el “stay”.

El abogado del Sistema de Retiro de Empleados destacó que existen suficientes ingresos provenientes de entidades no gubernamentales como para asegurar la garantía de pago se sus acreedores.

Mientras, el abogado de la junta argumentó que levantar el “stay” afectará la habilidad del organismo de negociar la deuda y cumplir con sus labores bajo Promesa de revisar presupuestos, preparar un plan fiscal o decidir si negocia la deuda o comienza un procedimiento de quiebra.

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Los casos consolidados que fueron objeto de la vista fueron: Peaje Investments LLC vs. Alejandro J. García-Padilla, Assured Guaranty Corporation, et al. vs. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Altair Global Credit, et al. vs. Alejandro J. García-Padilla, Brigade Leveraged Capital Structures Fund, y otros vs. Alejandro J. García-Padilla; National Public Finance Guarantee Corp. vs. Alejandro J. García-Padilla; US Bank Trust, N.A. vs. Alejandro J. García-Padilla y el de Dionisio Trigo-González vs. Alejandro J. García-Padilla.

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