15 de Diciembre de 2017

Legislatura quiere evaluar reglamentos de agencias del Gobierno

Por el 12 de Septiembre de 2017

Luego de un amplio debate, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 28 del presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz, para que la Legislatura pueda regular los reglamentos que intente implantar cualquier agencia para decidir si su propósito es cónsono con la “intención Legislativa”.

Ante los argumentos de que la medida raya en la línea anticonstitucional, Rivera Schatz sostuvo que quienes voten en contra al proyecto renunciarían a los poderes que atribuye la Constitución del Estado Libre Asociado a la Asamblea Legislativa, así como su deber de velar por la ciudadanía.

Buscan que los oficiales puedan atender a las cerca de 136,000 personas sordas en la isla. (Génesis Ibarra/CB)

Rivera Schatz sentenció que, si algún jefe de agencia intentara “apartarse” del mandato de la Asamblea Legislativa y que este se “acate con todo el rigor, habremos entonces nosotros de descargar la facultad” legislativa para que los jefes de agencias cumplan con sus dictámenes.

“La facultad de la Asamblea Legislativa llega al extremo de interpelar a un jefe de agencia, de confrontarlo con su actuación como tal. [Los ahora jefes de agencia] Tienen que venir aquí a pedir nuestro aval para que pudieran entrar al cargo”, dijo Rivera Schatz durante un turno de la pieza.

Mientras, tras más de una semana de receso por el paso del huracán Irma, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 185, para establecer un Seminario de Lenguaje de Señas a la Policía de Puerto Rico, para que así puedan atender a los cerca de 136,000 personas sordas en la isla.

La medida legislativa, propuesta por el senador novoprogresista Eric Correa Rivera, surgió luego del incidente en que varias personas sordomudas involucradas en un accidente automovilístico no recibieron la atención adecuada por la Policía y el personal del hospital donde fueron atendidos.

“En la disposición de promulgar legislación previsora, esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico entiende necesario que los miembros de la Policía de Puerto Rico cuenten con unos conocimientos básicos en lenguaje de señas y se asegure servicios de calidad a esta población”, reza la medida.

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Entre las ponencias de análisis de la medida se encuentra la postura de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), que destaca que el proyecto no dispone una asignación presupuestaria para cubrir sus gastos, mientras se resaltó que su implementación requeriría más de $4 millones.

Sin embargo, la Uniformada destacó en su análisis que la medida no requeriría un costo adicional para el Gobierno si se enmienda el proyecto para que se brinde un seminario en lugar de un curso. La enmienda “permitiría la implementación de la medida sin causarles impacto presupuestario”.

En un turno breve sobre el P. del S. 185, el senador independentista Juan Dalmau indicó estar a favor. Para fortalecerla, propuso una enmienda para que la medida establezca que los seminarios de señas se realicen anualmente, pues el lenguaje daba a entender que se ofrecería en una ocasión.

“Como parte de los adiestramientos de educación continua que reciben los miembros de la Policía de Puerto Rico se incluya de manera compulsoria un seminario anual de Lenguaje de Señas, a los fines de que estos se adiestren y atiendan apropiadamente a las personas sordas”, se instituye.

En la misma línea, el portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, dijo que la Asamblea Legislativa debe trabajar para que la enseñanza de lenguaje de señas se extienda más allá de la Uniformada hacia los bomberos y el personal en hospitales.

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“[El P. del S. 185] es el preámbulo de varias medidas que debemos atender para [la comunidad sorda], dándole acceso a la información que el Gobierno ofrece y darles la misma oportunidad de desarrollarse como ciudadanos que somos todos”, esbozó Ríos durante un turno de la medida.

Recientemente, la organización Movimiento Autónomo de Sordos (M.A.S), denunció la falta de oficiales aptos para atender casos que involucran sordomudos, mientras cuestionaron la acción de los tribunales de continuar los casos incluso cuando no se brindó un intérprete al inicio del pleito.

Durante la sesión, el Alto Cuerpo dejó en asuntos pendientes el Proyecto del Senado 489, que propone crear la “Ley de Reforma del Sistema de Justicia Juvenil de Puerto Rico” para establecer que el Tribunal de Menores solo tendría jurisdicción en los adolescentes entre los 13 y 18 años.

Entretanto, se dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 116, para reasignar a la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico la suma de $19,050 contenida en diversas resoluciones conjuntas. Según Ríos, la medida no tendrá un impacto en el plan fiscal.

El Senado decretó un receso hasta el 20 de septiembre a la 1:00 de la tarde.

Educación en el radar de la Cámara

Al otro extremo de la Casa de las Leyes, la Cámara de Representantes certificó la Resolución de la Cámara 307, que solicita una investigación sobre “el posible cierre de escuelas públicas” para determinar los estudios celebrados para seleccionar los planteles y el impacto en la comunidad.

Mientras, la Cámara aprobó el informe final de la Resolución de la Cámara 9, que también pide a la Comisión de Educación, Arte y Cultura realizar un estudio abarcador sobre las escuelas cerradas por el Departamento de Educación y “que continúan con servicio de electricidad y agua potable”.

La Cámara retomará sus labores el 19 de septiembre a la 1:00 de la tarde.

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