20 de Abril de 2018

Legislatura tendrá ‘la última palabra’ sobre privatización de la AEE

Por el 11 de abril de 2018

En medio del proceso de evaluación de la propuesta para privatizar los activos de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el presidente del Senado Thomas Rivera Schatz adelantó hoy que el proyecto del Ejecutivo sufrirá cambios profundos antes de pasar el cedazo de la Legislatura.

“Va a haber cambios sustanciales, porque soy de la opinión de que todo debe estar contenido en un solo proyecto. El aspecto direccional, el marco regulatorio, todo lo que es política pública debe estar en una sola ley”, detalló a la prensa durante una vista pública sobre el Proyecto del Senado 860.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. (Juan J. Rodríguez/CB)

A pesar de no especificar si los cambios a la medida del gobernador Ricardo Rosselló Nevares se realizarán mediante enmiendas o un proyecto sustitutivo, Rivera Schatz declaró que “la última palabra” sobre la privatización de los activos de la corporación pública la tendrá la Asamblea Legislativa.

A esos efectos, sostuvo que enmendará la pieza para que la Legislatura, que es “donde están representados los puertorriqueños”,  sea el organismo autorizado para prestar el aval o rechazo final a cualquier venta de activos que pretenda realizar la corporación pública.

“[Queremos] que esa propuesta final, ese negocio ya pulido luego que cumpla con los criterios que establezca la ley, entonces venga a ser examinado por la Asamblea Legislativa, que podría abrir a una vista pública donde personas entendidas en la materia colaboren con la Asamblea Legislativa y sugieran si es un buen negocio o no es un buen negocio para Puerto Rico”, explicó el líder senatorial.

En un turno de preguntas a los deponentes presentes en la vista de la Comisión Especial de Asuntos de Energía del Senado, Rivera Schatz aseguró que la pieza de 18 páginas “va a ser algo muy, muy, muy diferente” a la versión del proyecto que envió La Fortaleza una vez concluya el proceso de evaluación que celebran la Cámara y el Senado.

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“Este proyecto nos va a tomar un tiempo evaluarlo y pulirlo. […] Lo que queremos es tener una política pública que haga sentido, que la gente se sienta satisfecha y que sea un buen negocio para el pueblo de Puerto Rico, no para nadie en particular”, enfatizó.

Se espera que el Ejecutivo radique este mes el proyecto que despliega el marco regulatorio para la privatización de la AEE. Rivera Schatz indicó que cualquier propuesta que someta Rosselló Nevares podría integrarse en la pieza que quiere aprobar el Senado, “si es de la satisfacción de la Asamblea Legislativa”.

A esta postura se unieron el vicepresidente del Senado, Larry Seilhamer, y el presidente del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, Pablo Vázquez Ruiz, quienes resaltaron además la importancia de la participación activa de la Comisión de Energía de Puerto Rico (CEPR) en el proceso de privatización.

“Hay un lenguaje que preocupa [en el P.S. 860] y es que el Negociado de Energía no va a tener ningún tipo de intervención en la negociación y contratación, [y] que sí tendría facultades reguladoras, siempre y cuando no disponga lo contrario en el contrato de alianza. Eso no lo vamos a permitir”, dijo Seilhamer.

El también presidente de la Comisión Especial de Energía agregó que el Senado evaluará “con detenimiento” si el ente encargado de regular la AEE podrá tener un rol como asesor de la Legislatura en el proceso de evaluación de los contratos de privatización.

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En esa línea, el director de la Asociación de Contratistas Generales de América, Jorge José Fuentes, sentenció que la participación de la CEPR es importante para para que el proceso sea transparente y “supervisado por una comisión independiente que represente los mejores intereses de los consumidores”.

Denuncia lagunas en proceso del Ejecutivo

Por otro lado, Vázquez Ruiz denunció que el orden del proceso que inició el gobierno en enero “está equivocado”, pues el proyecto que incluye el marco regulatorio debía presentarse antes del P.S. 860, que viabiliza la venta de activos a través de Alianzas Público Privadas.

“Al presentarse primero un proyecto para viabilizar una transacción sin haber un marco regulatorio, deja demasiadas lagunas en términos de quién es responsable por qué, quiénes participan y quiénes establecen los criterios para esas transacciones. […] Esto no es transparencia, lo que arroja, por el contrario, es más dudas”, planteó.

Ante esta preocupación, Vázquez Ruiz señaló que el proyecto del marco regulatorio deberá definir las responsabilidades, deberes y obligaciones que tendrán las partes en el proceso, incluyendo al gobierno, el sector privado, el ente regulador y los consumidores.

“[Es] imperativo tener un marco regulatorio en carácter de ley aprobado previo a que se apruebe cualquier transacción [de venta]. Recomendamos que la Asamblea Legislativa posponga la aprobación de esta pieza legislativa hasta tanto se haya dado a conocer el marco regulatorio”, concluyó el ingeniero.

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