24 de Septiembre de 2017

Listo el andamiaje de la junta para ejercer poderes investigativos

Por el 14 de Julio de 2017

Cuarenta y nueve días después de adoptado, la junta de control fiscal publicó hoy el protocolo que rige toda investigación que realice el ente rector según los poderes que le confiere la ley federal Promesa.

Los siete miembros de la junta discutieron y adoptaron el documento durante una reunión ejecutiva el pasado 26 de mayo en las oficinas de sus abogados, Proskauer Rose, en Nueva York. Las reuniones ejecutivas no son abiertas al público.

En síntesis, la junta y sus “agentes” podrán realizar dos tipos de procesos investigativos: informales y formales. El inicio, naturaleza y desarrollo de toda investigación será confidencial. Queda a la discreción del ente rector cuándo, cómo y cuánto hará público del contenido de una investigación en curso, si así decide hacerlo.

La junta de control fiscal adoptó el protocolo para realizar investigaciones durante una reunión ejecutiva el 26 de mayo. (Juan J. Rodríguez/CB)

Solamente si al finalizar una investigación formal la junta adopta hallazgos de conducta o actividad impropia —junto a las acciones que tomará, si alguna— una resolución a tales efectos se publicará, en el momento “apropiado”, a través de la página cibernética del ente.

Se desconoce si al día de hoy existe alguna investigación en curso por parte de la junta.

También será confidencial toda documentación que obre en el récord de cualquier investigación que se realice, “a pesar de la intención general de divulgar públicamente materiales de la junta oportunamente”, según el protocolo.

La junta publicará material del expediente solamente si lo pide un tribunal, el Congreso o Promesa; ya se publicó a través de otra fuente; o si el ente rector determina que su divulgación es de “interés público” y/o necesario para cumplir con sus obligaciones bajo la ley federal.

Amplio el alcance

Promesa faculta al ente con amplios poderes para obtener cualquier información, testimonio, documento y “material de cualquier naturaleza” en relación a cualquier asunto que esté bajo investigación de la junta y conforme al alcance de la ley. La junta puede ejercer estas facultades con funcionarios y entidades de Gobierno, a nivel local y federal.

La ley también confiere el poder de citación, o “subpoena” en inglés, para hacer cumplir, de ser necesario, cualquier requerimiento de información o testimonio que realice el ente rector.

Sobre el alcance de las investigaciones que se podrán llevar a cabo, el protocolo habla de dos tipos de actividades: toda aquella sujeta al poder investigativo de la junta según confiera Promesa; y la Sección 104(o) de la ley federal.

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Esta última faculta a la junta para investigar “la divulgación de la información y las prácticas de venta en relación a la compra de bonos emitidos” por el Gobierno, “incluyendo cualquier representación insuficiente de riesgo para dichos inversionistas y cualquier relación o conflicto de interés que mantenga dicho agente, corredor o asesor de inversión, según está previsto en las leyes y reglamentos aplicables”.

Según Promesa, la junta tendrá que publicar los hallazgos de investigaciones bajo la Sección 104(o). El protocolo añade que si el ente realiza hallazgos de conducta indebida como parte de una investigación sobre la compraventa de bonos de Puerto Rico, la junta deberá tomar los pasos apropiados, incluyendo la posibilidad de referir el asunto a entidades reguladoras.

Implicados tendrán oportunidad de defenderse

Si la investigación preliminarmente apunta a hallazgos de conducta o actividad indebida, los abogados de la junta podrán notificar a las personas o entidades implicadas sobre la naturaleza de la investigación y la intención de recomendar hallazgos de actos indebidos. También le darán la oportunidad de que presenten una declaración escrita sobre su posición en cuanto a la investigación.

Si aún después de recibir el insumo de las personas o entidades involucradas en la investigación, los abogados de la junta entienden que persisten los hallazgos, estos entregarán a los miembros del ente sus recomendaciones junto a un resumen de la evidencia y análisis legal de la investigación.

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Una vez la junta reciba esta información, convocará una reunión ejecutiva para discutir la investigación  y el plan de acción que sugieran sus abogados. Es entonces que los miembros de la junta decidirán qué acción tomar, si alguna, al respecto, para lo cual no tendrán que regirse por las recomendaciones que reciban de sus abogados.

Durante una investigación, los abogados de la junta también podrán “discutir con los individuos o entidades involucradas una solución al asunto”. Si la representación legal del ente rector determina que debe adoptarse una solución propuesta, lo dejará saber a los miembros de la junta, quienes decidirán si darle paso a la idea, conforme a sus “deberes y responsabilidades bajo Promesa”.

Por el momento, el asesor legal de la junta, Jaime El Koury, estará a cargo de realizar y supervisar las investigaciones del ente. En el caso de procesos informales—en las cuales no se podrá usar el poder de citación—El Koury puede iniciarlas según entienda, aunque deberá notificar a la junta lo antes posible.

En el caso de investigaciones formales, estas solo comenzarán una vez los miembros de la junta así lo autoricen expresamente. Podrán surgir de evidencia e información disponible—incluyendo hallazgos de investigaciones informales—que respalden el inicio de un proceso de investigación formal.


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  • Javier Biaggi

    Los hallazgos que impliquen violaciones a las leyes tienen que ser informados a la policía. ¿Quien tiene jurisdiccion sobre los actos criminales el departamento de Jysticia estatal o federal. Si el ente investigador nace de una ley y un estuto federal seran lis federales? Lo que si es que no pueden exonerar a nadie que haya cometido delitos ni ocultarlo porque seria una obstruccion a la justicia.