18 de Agosto de 2017

Nombran grupo de mediación para casos de Título III

Por el 14 de Junio de 2017

La jueza Laura Taylor Swain nombró hoy a cinco jueces federales que conformarán un comité de mediación para los casos de quiebra del gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de Promesa.

El grupo buscará facilitar negociaciones confidenciales en busca de acuerdos que resuelvan cualquier disputa o controversia relacionada a los casos de Título III, según la orden emitida hoy por la juez Swain.

El proceso de mediación que se llevaría a cabo será explicado durante la vista del próximo 28 de junio y que tendrá lugar en el tribunal federal de Hato Rey. Las partes tendrán hasta el 20 de junio para objetar las nominaciones, aunque lo deberán hacer de manera confidencial y directamente con la jueza a cargo del proceso de quiebra del gobierno.

Mientras, la juez presidenta del tribunal de quiebra federal para el distrito norte de Texas, Barbara Houser, presidirá el grupo de mediación. La lista también incluye al juez del tribunal de apelaciones para el tercer circuito, Thomas Ambro; la juez Nancy Atlas del tribunal federal del distrito sur de Texas; el juez de quiebra en el distrito este de California, Christopher Klein; y el juez Víctor Ramos, quien viene del tribunal federal para el distrito sur de Nueva York.

La mediación –que será totalmente confidencial y en paralelo a los procesos en el tribunal– comenzaría con el grupo de jueces identificando las controversias de los casos de quiebra del gobierno de Puerto Rico bajo Título III, y luego estableciendo un calendario sobre cómo y cuándo atenderán cada uno de estas.

Esta sería la segunda vez que el gobierno y acreedores intentan el mecanismo de la mediación para intentar lograr algún acuerdo que facilite el proceso de reestructuración de la deuda de Puerto Rico.

Antes de iniciar casos bajo Título III, la junta y el gobierno llevaron a cabo sesiones de mediación con acreedores de obligaciones generales y Cofina que no tuvieron éxito al no poder lograr acuerdos que evitaran la radicación de quiebra en el tribunal federal.

El conflicto entre acreedores de GOs y de Cofina -y la pregunta sobre si el gobierno puede utilizar el dinero del IVU que garantiza el pago de los bonos de Cofina- ha sido una constante en el proceso y una solución a la disputa daría paso a la eventual reestructuración de la deuda.

Los acreedores de Cofina argumentan que el dinero del IVU que garantiza sus bonos no son recursos que están disponibles para el gobierno, según se estableció cuando se creó la entidad en el 2006. Mientras, los bonistas de GOs aseguran que este dinero pertenece al gobierno dada la situación actual, y por ende, debe estar disponible para el pago de las obligaciones constitucionales de Puerto Rico.

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