17 de Agosto de 2018

Nueva política requerirá que ciertas órdenes del gobierno sean aprobadas por la junta fiscal

Por el 8 de Agosto de 2018
image_pdfimage_print

La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko anunció el martes la adopción de dos nuevas políticas para fomentar la rendición de cuentas, la transparencia y el trato eficiente en ciertas transacciones gubernamentales y proyectos públicos.

“La supervisión es indispensable en todas las áreas que afectan la capacidad del gobierno para cumplir con los Planes Fiscales certificados. Esta política ayudará en la rendición de cuentas de todos los responsables de ayudar a Puerto Rico a lograr la responsabilidad fiscal, recuperar acceso a los mercados de capital, reestructurar la deuda pendiente y regresar al crecimiento económico”, dijo Jaresko, en declaraciones escritas.

Según Jaresko, la nueva Política de Reglas, Reglamentos y Órdenes de la junta de control fiscal (RRO Policy, en inglés) requiere la aprobación por la junta de control fiscal de ciertas reglas, reglamentos, órdenes administrativas y órdenes ejecutivas propuestas a ser emitidas por el gobernador o el jefe de cualquier departamento o agencia para asegurar que no sean inconsistentes con los Planes Fiscales certificados.

La política aplica a asuntos relacionados con transacciones propuestas para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), asuntos relacionados con la gerencia y operación de la Oficina del Principal Oficial Financiero, asuntos relacionados con la adecuación del tamaño del gobierno y las instrumentalidades cubiertas —incluyendo aquellos relacionados a compras, contrataciones, compensación o beneficios de los empleados— entre otros.

Swain asegura Promesa proporciona una estructura inusual para compartir el poder

Mientras tanto, bajo la nueva Política de Proceso del Título V de la junta de control fiscal, todos los proyectos que requieran la adjudicación de un contrato o solicitud de propuestas (RFP, en inglés) de una agencia gubernamental o una corporación pública (excluyendo municipios) antes de que puedan ser ejecutados (Proyecto Público) deberán obtener dicha adjudicación de contrato o adjudicación de RFP antes de que puedan considerarse para el proceso de Proyectos Críticos bajo el Título V de Promesa.

Además, los proyectos relacionados con energía que requieran un acuerdo de compra de energía (“PPOA”, en inglés) de la AEE deberán primero tener un PPOA que aceptado válidamente bajo el Título III de Promesa para cumplir con este requisito.

“Esto es un ajuste en el proceso que hemos establecido para la consideración de potenciales Proyectos Críticos bajo el Título V que está justificado en términos de transparencia y eficiencia cuando se trata de Proyectos Públicos. Sería ineficiente que un proponente de un proyecto que requiera un contrato o una concesión de RFP del gobierno coloque el proyecto en el Proceso del Título V de Promesa antes de haber obtenido la adjudicación requerida por el gobierno, ya que puede dar a su proponente una ventaja no intencionada sobre sus competidores”, mencionó.

“Si determinamos que un proyecto es un Proyecto Público, solicitaremos y confirmaremos la evidencia del contrato requerido o la adjudicación del RFP; de lo contrario, devolveremos la solicitud al proponente del proyecto y le indicaremos al proponente que debe obtener la adjudicación requerida. Los que no sean Proyectos Públicos, es decir, los proyectos que son entre privados o con un gobierno municipal, se considerarán a través del proceso del Título V, como ha operado hasta ahora”, agregó Noel Zamot, coordinador de Revitalización de la junta de control fiscal.