24 de Noviembre de 2017

[OPINIÓN] Enfermedades de transmisión mental

Por el 16 de enero de 2017

Hay que acercarse con mucho cuidado a lo que augura ser un cuatrienio de violencia institucional y social contra los derechos de minorías sexuales en Puerto Rico. Esto comienza con la prometida eliminación de la carta circular que asigna la educación con perspectiva de género como parte del currículo de nuestro sistema de educación pública.

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El abogado José Rodríguez Irizarry fundó la organización sin fines de lucro Heterosexuales por la Igualdad para ofrecer otro frente activo en la lucha por los derechos de las comunidades LGBTT en Puerto Rico. (Suministrada)

No hay excusa para que nuestros líderes políticos desconozcan los conceptos sobre los que legislan. Hay un deber intrínseco al conocimiento que viene con la responsabilidad de sus puestos. Hay un deber también de no dejar de hacer lo correcto por presiones e intereses políticos. De hecho, dejar de hacerlo es la definición más simple de la corrupción.

En el 2013, fui parte de varios procesos de cabildeo a favor de la aprobación de proyectos de ley que reconocían – por primera vez- protecciones y derechos a las comunidades LGBTTQI. Recuerdo cuando me tocó intentar buscar el apoyo de un representante de lo que en ese momento era la mayoría del Partido Popular Democrático (PPD). Él me contestó, a puertas cerradas, que sabía que votar a favor era lo correcto, pero que no podía hacerlo porque en su distrito había un gran número de iglesias y que “no iba a perder sus votos”. La semana pasada, ese hombre no juró como legislador del pueblo de Puerto Rico.

En dicha ceremonia de juramentación sí se encontraba el sacerdote Carlos Pérez con la tarea de hacer la invocación religiosa con la que malacostumbradamente se comienzan los trabajos legislativos en cada sesión. Durante la misma, no desaprovechó la oportunidad para incluir toda una ristra de comentarios discriminatorios a favor de la exclusión de minorías sexuales. Pérez es de los que argumentan que no permitírsele discriminar libremente contra las comunidades gay y trans es a la vez discrimen en su contra. Él no le llama a lo que practica discrimen, por supuesto, sino simplemente diversidad y libertad religiosa.

Dicen que hay que respetar la opinión de todos por igual. También decía Isaac Asimov que es un concepto peligroso de la democracia aquel que le da igual peso al conocimiento que a la ignorancia. Es el disparate de “tus derechos terminan donde comienzan los míos”. El derecho no es y nunca ha sido estático. La mera existencia de los tribunales de justicia implica que, dado a distintos contextos y hechos, un derecho puede tener más peso que otro.

Históricamente, cada derecho logrado a través de luchas sociales y civiles violenta aquello a lo que otro se aferraba como “su derecho”. Hasta la abolición de la esclavitud en Estados Unidos tenía como opositores a los empresarios del Sur, quienes alegaban que su derecho a mantener su empresa y la economía de su región se vería trastocado al perder la fuerza laboral “gratuita”.  “Tus derechos terminan donde comienzan los míos” es uno de los refritos más peligrosos que estancan el progreso humano.

He participado en debates académicos y mediáticos contra líderes de la oposición religiosa fundamentalista en los que, deliberadamente, partían de las premisas más erróneas para hacer valer sus conclusiones. No importaba la locura que articularan, sus seguidores siempre asentían, como si se tratara de una enfermedad de transmisión mental.

Desde ahí se asoma ahora, una vez más, la invocación del derecho a la libertad religiosa como obstáculo a los derechos humanos. Sin poder probar de manera concreta ni sostenible en derecho cuál daño a su libertad de religión sufren, algunos religiosos lo usan de subterfugio para legitimar su discrimen. Personas sin una opinión informada que llegan a conclusiones sin conocer el tema plenamente y que proclaman su posición como válida sin orientarse sobre lo que se oponen y lo que puede implicar en detrimento a miles de personas. Su único fin es tener la razón.

Los derechos no pueden estar a la merced de la incomprensión o, peor aún, de los caprichos de quienes se niegan a reconocer la humanidad del prójimo.

La perspectiva de género es posiblemente el tema sobre el que más se opina sin realmente saber qué significa. Partir desde una perspectiva de género no es más que reconocer que muchos de los problemas sociales que nos aquejan hoy día son por razón de desigualdad de género y desigualdad por orientación sexual.

Oponerse a educar desde la perspectiva de género es fomentar abiertamente injusticias como la inequidad salarial, la violencia machista que comienza en la imposición de roles por género, que hombres no puedan expresar libremente sus emociones ni procurar protecciones por violencia doméstica, que jóvenes gays no reciban clases de salud sexual de acuerdo a su orientación sexual, y que el rechazo social y familiar que sufren sea la razón principal por la que jóvenes transgénero sean ocho veces más propensos a intentar suicidarse que jóvenes cisgénero.

Hay que apostar por sembrar semillas en todos los niveles de cada trayectoria educativa. Más aún, impulsar que aquello que se aprende como esencial, correcto y justo sea durante las edades más tempranas. Confío plenamente en el resultado positivo que tendría para nuestra sociedad una educación pertinente con perspectiva de género desde esta óptica.

Buscamos educar para asegurar el respeto, para que ningún derecho se vea verdaderamente coartado o trastocado, para que nuestras generaciones futuras se críen con la conciencia suficiente para discernir cuándo sus acciones pueden hacer daño a aquellos que sean más vulnerables socialmente.

Esto no es decir que no se puede mejorar el establecimiento de la educación con perspectiva de género en nuestro sistema de educación pública. Es a lo que invito a nuestro nuevo gobierno a hacer. Hay que asegurar uniformidad en la implementación. Que su éxito o fracaso no dependa de las creencias particulares de la maestra o del entrometimiento de los padres.

Es mi pensar que ni siquiera se debe empezar por educar directamente al estudiantado. Hay que comenzar por capacitar al personal docente, que son los responsables de educar, y a los consejeros y trabajadores sociales, que son los encargados de intervenir en casos.

Debe haber orientaciones abarcadoras para que padres y madres también sean parte del proceso de educación y reflexión de sus hijos, que a veces hasta más letrados están en estos temas que sus progenitores. Es fin apremiante del Estado intervenir con quienes son los más responsables de aquellos que son criados con prejuicios y bajo el yugo de los roles de género que fomentan las desigualdades.

Para que la irreflexiva consigna de “A mis hijos los educo yo” no sea nuestra condena contra la equidad y contra la posibilidad de erradicar el discrimen y otras tantas injusticias, como es hoy día. Para que no tengamos que sufrir más los efectos de las enfermedades de transmisión mental.

 

El autor posee un Juris Doctor y un bachillerato en ciencias políticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En 2013, fundó la organización sin fines de lucro Heterosexuales por la Igualdad para ofrecer otro frente activo en la lucha por los derechos de las comunidades LGBTT en Puerto Rico. Actualmente, es coordinador del Instituto del Género y Educación de Avanzada (IGEA), del Proyecto Matria. A través de dicho programa educativo, se ha especializado en brindar talleres y conferencias a poblaciones escolares, universitarias y profesionales, y ha contribuido a la lucha favor de los derechos humanos con campañas y participaciones mediáticas en defensa de causas feministas y LGBTT.

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