17 de Agosto de 2017

Papeleta plebiscitaria induce a error al elector según Justicia federal

Por el 13 de abril de 2017

A días de que se cumpliera el plazo otorgado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico al Departamento de Justicia federal para expresarse sobre la validez de la papeleta diseñada para el plebiscito de junio próximo, el subsecretario de Justicia adjunto, Dana J. Boente, envió una carta al gobernador Ricardo Rosselló en la que rechaza la papeleta por entender que induce a error al elector y no es compatible con la ley federal aprobada para viabilizar la consulta.

La determinación implica que Puerto Rico, cuyo gobierno debe garantizar a la junta de control fiscal que terminará este año fiscal con ahorros suficientes para atender el multimillonario déficit fiscal, no contará con $2 millones legislados por el Congreso para educar al pueblo durante una consulta de status cuyas definiciones fueran avaladas por Justicia.

Se estima que el plebiscito podría costar hasta $10 millones.

El gobernador Ricardo Rosselló tronó contra decisión de Justicia federal de no avalar las definiciones del plebiscito. (Juan J. Rodríguez)

El gobernador Ricardo Rosselló tronó contra decisión de Justicia federal de no avalar las definiciones del plebiscito. (Juan J. Rodríguez)

La contestación de Justicia se conoció luego de que el gobernador Rosselló reaccionara a la misma a través de su cuenta de Twitter.

En la misiva, Justicia establece que la papeleta sometida a consideración del secretario no es compatible con las políticas de ese departamento al no asegurar que el resultado reflejará de forma precisa la voluntad popular de los puertorriqueños con respecto al status.

Sostienen que la relación política actual, un territorio bajo los poderes plenarios del Congreso, es una opción viable. Asimismo afirman que el voto mayoritario en contra del estatus actual durante el plebiscito de 2012 no es razón suficiente para sacar al Estado Libre Asociado de la papeleta.

“Casi cinco años han pasado desde ese plebiscito, y durante ese tiempo se han experimentados cambios significativos en términos políticos, económicos, y demográficos tanto en Puerto Rico y como en Estados Unidos. Como resultado, es incierto que la voluntad actual de los puertorriqueños sea rechazar el status actual”, reza el documento. Por lo tanto, plantean, que cualquier plebiscito para resolver el status de la Isla debe incluir al ELA como opción.

Lenguaje ambiguo y que induce a error

Justicia afirma que la definición que incluye la papeleta sobre la Estadidad es inexacta cuando establece que es la única opción que garantiza la ciudadanía americana por nacimiento en Puerto Rico.

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“Esa declaración es incorrecta cuando se toma en consideración todas las opciones de status disponibles, pues bajo la ley vigente, los puertorriqueños tienen un derecho estatutario incondicional por nacimiento a la ciudadanía estadounidense”, lee la carta firmada por Boente.

Sobre la definición de libre asociación indica que tal y como está descrita esa opción podría entenderse que un voto a favor de ella no implica la independencia absoluta de Puerto Rico.

Sostienen que tal y como está descrita, la libre asociación podría entenderse como una forma de ELA mejorado y esa opción, afirman, fue rechazada por inconstitucional por el Task Force sobre status y por el Departamento de Justicia federal.

Llueven las reacciones

En su cuenta de Twitter, el gobernador Rosselló se mostró insatisfecho con la contestación del gobierno federal.

“Justicia federal propone cambios a la ley de plebiscito. Resulta inaceptable incluir a la colonia en un proceso para descolonizar a Puerto Rico”, al tiempo que afirmó que “la posición de la administración Trump atenta contra la voluntad expresada por el pueblo: un rechazo a continuar con el sistema colonial e indigno”.

No obstante, Rosselló adelantó que seguirá adelante con la consulta criolla, sin el visto bueno del gobierno del presidente estadounidense.

Por su parte, el presidente del Partido Popular Democrático, Héctor Ferrer acotó que la determinación “no es otra cosa que el reconocimiento de lo que el Partido Popular Democrático ha expresado desde un comienzo. Cualquier proceso que pretenda fabricar un resultado artificial a favor de la anexión y excluir a cientos de miles de puertorriqueños del proceso electoral es una afrenta a la democracia”.

Ferrer exhortó al gobernador a que reconsidere y cancele el plebiscito.

“En cuanto el PPD se refiere, estaremos reuniendo a la Asamblea General el domingo 23 de abril, y ahora con todos los elementos de juicio a la mano, tomaremos una decisión sabia en beneficio de todos los puertorriqueños”, afirmó.

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Mientras, el exgobernador Alejandro García Padilla dijo a través de su cuenta de Twitter que “el Departamento de Justicia federal habló alto y claro. El plebiscito es injusto,  antidemocrático e induce a error”. De igual forma destacó que para lo único que ha servido este proceso es para “‘saber finalmente quienes de la papeleta Popular, son independentistas”. .

De igual forma, el también exgobernador popular Rafael Hernández Colón emitió una declaración en la que señaló que “la decisión del Departamento de Justicia constituye una victoria importantísima para el Estado Libre Asociado que destruye el mito del coloniaje que postula la ley del plebiscito legislado para el 11 de junio de este año. Esta decisión valida al Estado Libre Asociado como opción de futuro para Puerto Rico. La misma significa que para que un plebiscito tenga valor ante el gobierno de los Estados Unidos el Estado Libre Asociado tiene que estar en la papeleta. Si el gobierno insiste en llevarlo a cabo sin incluir el ELA estará llevando a cabo un proceso puramente partidista sin legitimidad alguna. El proceso se desacreditó. Quien respete la democracia no debe participar en él”, sentenció.

 

 

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