23 de Noviembre de 2017

Plan fiscal tomaría en cuenta emigración del 15% de los puertorriqueños

Por el 31 de Octubre de 2017

El Gobierno estima que cerca del 15% de la población de Puerto Rico dejará la isla en 2017, asunto que se empeoró luego de la devastación provocada por el huracán María hace mes y medio. Esto significa que al menos 510,000 personas saldrían del país, cifra mayor a los 445,000 puertorriqueños que abandonaron la isla entre 2006 y 2015, según datos del Instituto de Estadísticas (IEPR).

La cantidad también es mayor al número que dio la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) en un reporte, donde estiman que el 10% de los boricuas abandonarían este año la isla que, hasta hace meses, tenía 3.4 millones de habitantes.

“La Junta de Supervisión está plenamente consciente de que la precaria situación fiscal del Gobierno conllevará un camino largo hacia la recuperación”, dijo la directora ejecutiva de la junta fiscal, Natalie Jaresko, quien catalogó la situación provocada por el huracán María como una “crisis humanitaria”. (Juan J. Rodríguez/CB)

Esta cifra será fundamental en la confección del nuevo plan fiscal del Gobierno, que ahora será por cinco años —y no 10— y del cual deberá someterse un borrador el próximo 22 de diciembre, solicitó hoy la junta de control fiscal en su décima reunión pública, celebrada en el Colegio de Ingenieros, en Hato Rey.

“Los huracanes Irma y María cambiaron fundamentalmente la realidad de Puerto Rico y el plan fiscal revisado deberá tomar esa realidad en cuenta”, sentenció la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, durante el cónclave que duró tres horas.

Junta publica primer informe de pesquisa sobre la deuda pública

La exministra de Finanzas de Ucrania consideró que esto no altera la misión de la junta de lograr un balance fiscal en la isla, restaurar el desarrollo económico y retornar a los mercados financieros, como establece la ley federal Promesa. Ya Puerto Rico enfrentaba el mayor proceso de quiebra municipal de Estados Unidos y ahora tendrá que recuperarse de uno de los peores huracanes en toda la nación, dijo Jaresko, quien catalogó la situación en la isla como una “crisis humanitaria”.

Buscarán frenar la emigración

“Necesitamos comenzar a mirar los factores que estimulen a que la población permanezca en la isla, esas cosas que son críticas para cada familia, para cada residente”, manifestó la directora de la junta fiscal, organismo que ya observaba los movimientos migratorios por el efecto que tendrían en el plan fiscal, entre ellos, la reducción en recaudos.

Entre estos factores, destacó la asistencia médica, la educación, los servicios de primera respuesta, la “habilidad del Gobierno de proveer los servicios más básicos” y su calidad. 

Para lograr estimados certeros de migración, Jaresko sugirió no solo continuar las discusiones con la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), sino consultar con demógrafos locales que colaboren en el proceso.

Nuevos elementos en el plan fiscal

Además de la migración, el nuevo plan fiscal deberá tomar en cuenta la falta de recaudos y problemas de infraestructura provocados por el ciclón, las inversiones que deberán realizarse en labores de recuperación y los fondos federales que llegarán a raíz de la emergencia, sostuvo Jaresko.

Se intensifica llamado a la diáspora ante crisis por María

También deberá considerarse una revisión de los subsidios que fueron eliminados en el plan fiscal del Gobierno que se certificó en marzo, el cual reducía fondos a municipios y la Universidad de Puerto Rico (UPR), y contaba con fuertes medidas de recortes gubernamentales.

De igual forma, el plan fiscal deberá incluir: reformas estructurales que se realicen “tan pronto como sea posible, a más tardar el año fiscal 2022”, el último que abarcaría el documento; esfuerzos de recuperación en la infraestructura energética, de acueductos, de transportación y de vivienda; y métricas y estándares para asuntos como la educación y los empleos.

Antes de la entrega del nuevo borrador del plan fiscal, la junta realizará tres audiencias públicas —dos en San Juan y una en Nueva York— para conocer la posición de los acreedores en torno a los efectos macroeconómicos del huracán sobre la isla, medidas fiscales y asuntos de desarrollo económico. También se realizarían dos audiencias privadas con los acreedores sobre el mismo asunto.

Congreso calendariza vistas sobre la recuperación de Puerto Rico

Piden revisión de otros planes fiscales

La entrega del borrador del plan fiscal del Gobierno central deberá estar acompañada de nuevos planes fiscales para las Autoridades de Energía Eléctrica (AEE) y de Acueductos y Alcantarillados (AAA), corporaciones que también sufrieron graves pérdidas en su infraestructura a raíz del fenómeno atmosférico.

Posteriormente, la junta reaccionaría a estos planes fiscales el 12 de enero de 2018, con la intención de certificarlos el 2 de febrero.

Por su parte, la UPR, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas (Cossec) deberán entregar nuevos borradores de sus respectivos planes fiscales el 9 de febrero, para recibir respuesta de la junta el 23 de febrero.

Sobre el particular, el representante del Gobierno ante la junta fiscal, Christian Sobrino, se mostró confiado en que la administración del gobernador Ricardo Rosselló laborará “duro para cumplir” con las fechas de entrega de los planes fiscales, siempre y cuando la respuesta a la emergencia por el huracán lo permita. “Si no se pueden hacer las dos, vamos a optar por salvar vidas”, apuntó.

image_print