17 de Agosto de 2017

¿Pondrá la junta reparos a reforma de retiro de Rosselló?

Por el 10 de agosto de 2017

Por Luis J. Valentín Ortiz y Cindy Burgos Alvarado

La reforma en los sistemas de retiro del gobernador Ricardo Rosselló Nevares —el Proyecto del Senado 603— es insuficiente y no cuenta con los detalles necesarios para dar paso a los ajustes y recortes que exige la junta de control fiscal, a juicio de uno de los siete miembros del ente, Andrew Biggs.

¿Está la junta en posición de certificar la medida?, preguntó CB en Español en entrevista telefónica con el experto en pensiones. “Mi expectativa es que la legislación sobre pensiones recientemente aprobada por la Legislatura será reemplazada por un plan de ajuste. Si eso significa que será rechazada […] Creo que un plan de ajuste será la vía a través de la cual se trabajará la reforma de pensiones”.

Como parte del Título III, el plan de ajuste es el arreglo final mediante el cual se reestructurarán las obligaciones del Gobierno. Necesita del aval de la jueza Laura Taylor Swain, aunque según Promesa, es la junta la que presenta este plan, una vez consiga el consentimiento de la mayoría de los acreedores de por lo menos una clase.

“Aunque no creemos en recortes masivos a los beneficios de pensión, tampoco creemos que es apropiado o necesario eximir a las pensiones de algún recorte”, añadió el experto, quien entiende que la reforma de retiro que la junta persigue es “una distribución justa de la carga relacionada a la reestructuración fiscal que atraviesa el Gobierno”. (Juan J. Rodríguez/CB)

Al igual que ocurre con la reducción de jornada de empleados públicos, la administración Rosselló Nevares se opone a la reducción de pensiones que exigió la junta.

Asimismo, será en la corte federal -y no a través de legislación- que el ente rector buscará implementar el recorte, y el Gobierno buscará impedirlo, ambos a través del proceso de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de la ley federal Promesa. El comité que oficialmente representa a los retirados en los casos de quiebra también adelantó que buscará detener en el tribunal la implementación de la medida.

Una vez más, y como se anticipa que será con la reducción de jornada, la última palabra quedará en las manos de la jueza federal Laura Taylor Swain.

“Las reformas de retiro han quedado atrapadas en el sistema legal puertorriqueño. Los tribunales han permitido que se hagan algunas, otras no […] Creo que trabajar con las reformas de retiro a través de lo que se conoce como un ‘plan de ajuste’ por parte de la junta sería una manera más limpia de hacerlo […] No quedaría a merced de luchas legales interminables”, dijo Biggs.

La junta ya presentó un caso de Título III para la Administración de los Sistemas de Retiro de Empleados y la Judicatura (ASR), mientras que el Sistema de Retiro de Maestros (SRM) se encamina hacia un proceso similar de quiebra bajo el Título III, confirmó el miembro de la junta.

Junta fiscal anuncia reducción de jornada a empleados públicos

Como quien ve el vaso medio lleno, Biggs explicó que aunque la cifra del recorte a las pensiones ronda el 10%, aproximadamente 25% de los pensionados no sufrirá recortes, mientras que la mayoría de los jubilados verá reducciones menores al 10% en sus beneficios.

No obstante, alrededor de 125,000 personas verán alguna reducción en sus pensiones. Según la junta, estos recortes entrarán en vigor 90 días después de que la jueza Swain apruebe un plan de ajuste para el Gobierno del Estado Libre Asociado (ELA).

“La idea es que si usted tiene una pensión que está por debajo de la línea de pobreza —$1,000 mensuales, eso incluye beneficios de [pensiones] y cualquier cosa del Seguro Social— no recibirá recortes”, dijo Biggs, quien añadió que el ajuste se hará “progresivamente”.

Gobierno cambia postura

Aunque la junta argumenta que la reducción en las pensiones forma parte del plan fiscal, el Gobierno insiste en que la medida, al igual que la reducción de jornada, no son más que recomendaciones.

El secretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario, dijo a CB en Español que la posición del Gobierno es clara: No se reducirán las pensiones ya que el Fondo General puede cubrir el pago de ellas, como ocurre bajo el presupuesto vigente del año fiscal 2017-18 y que suman más de $2,000 millones anuales. Rosario agregó que, al momento de certificarse el plan fiscal en marzo, se creó un comité para analizar la reforma de retiro porque no se llegó a ningún acuerdo en este renglón.

“El argumento del Gobierno es que hay un plan fiscal y cualquier enmienda por parte de la junta son recomendaciones. Los abogados trabajarán con eso, pero estoy seguro de que ese no es el caso. Pero aun así, incluso si es cierto [el argumento del Gobierno], el propio plan fiscal del gobernador propuso una reducción en pensiones de un 2.5%, de la que ahora se está alejando“, dijo Biggs.

Inicialmente, Rosselló Nevares dijo que solamente recortaría aquellas pensiones de más de $2,000 al mes. Sin embargo, a través de su emisario ante la junta, Christian Sobrino, el Gobierno subrayó que el pago a los pensionados se “honraría en 100%” y que la reducción no está contemplada en la reforma de retiro de la administración Rosselló Nevares.

“Ahora hay una medida en la Legislatura [P. del S. 603]. Establece la política pública del Gobierno de que este 10% [de reducción de pensiones] no se llevará a cabo”, dijo Sobrino a preguntas de este medio durante la novena reunión pública de la junta el pasado viernes.

Gobierno se defenderá en los tribunales por reducción de jornada 

La directora ejecutiva de la entidad fiscal, Natalie Jaresko, refutó a Sobrino y advirtió: “Usted acaba de anunciar que la política pública sobre pensiones está en conflicto con el plan fiscal“.

Pese a las declaraciones de Jaresko, Rosario insistió en que el Gobierno no está violando el plan fiscal y añadió que por el momento, la Administración mantendrá los beneficios de pensiones sin cambios. Si es necesario, recomendaría una vez más que sólo se alteren las que superen los $2,000 al mes.

“La posición del Gobierno es que [comparecerá] en los procedimientos judiciales del Título III para defender la posición de la Administración, que es que no estamos de acuerdo con los recortes”, advirtió el secretario de Asuntos Públicos.

Otros cambios al sistema

Además del recorte promedio de 10% a las pensiones, los planes de la junta para reformar los sistemas de retiro del Gobierno incluyen pagar a los pensionados directamente del Fondo General; cambiar a planes tipo 401(k) donde cada empleado ahorrará su aportación de cara a su jubilación; y asegurar que maestros, policías y jueces estén inscritos en el programa de Seguro Social, al igual que el resto de los servidores públicos.

En cuanto al primer punto en agenda, el presupuesto certificado del Gobierno ya asume que el Fondo General pagará directamente las pensiones durante este año fiscal. Asimismo, el P. del S. 603 formalizaría el cambio a lo que se conoce en inglés como un sistema de “pay-as-you-go”.

El proyecto de ley también contempla que todos los empleados del Gobierno pasen a un plan de contribución definida, mediante el cual sus aportaciones estarán segregadas en cuentas individuales. Estas cuentas tipo 401(k) serán administradas e invertidas por un ente privado que se seleccionará a través de subasta, y pertenecerán a cada empleado.

“Eso no fue muy polémico en la junta y, en su mayor parte, no fue tan polémico con el Gobierno. Creo que originalmente no querían cambiar a los maestros y jueces a un plan de contribución definida. Argumentamos que todos los empleados necesitan ir a planes de contribución definida”, explicó Biggs.

Sin embargo, el miembro de la junta manifestó que, a su juicio, el lenguaje en el P. del S. 603 a estos efectos no estaba “suficientemente detallado” o “bien preparado”.

En cuanto a asegurar que todo empleado público, particularmente policías, maestros y jueces, participen del Seguro Social, el secretario de Asuntos Públicos explicó que ya se ha presentado un proyecto de ley para el Departamento de la Policía. También está en preparación la legislación para que los maestros participen en el programa federal.

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Además de implementar el sistema “pay-go” y transicionar a contribución definida, el P. del S. 603 contempla la eliminación de los fideicomisos de Retiro y la liquidación de los activos líquidos en los tres sistemas de retiro. Estos activos —estimados en unos $390 millones según el presupuesto— se transferirán al Fondo General y para ayudar a cubrir los gastos de las pensiones este año bajo el sistema “pay-go”, según ha dicho el Gobierno y la junta.

Se espera que el Senado concurra hoy, jueves, con las enmiendas técnicas que introdujo la Cámara al proyecto para enviarlo ante la firma del gobernador.

“Este proyecto garantiza la pensión que usted tiene hasta hoy y garantiza que no tendrá problemas con las pensiones. Este proyecto no se cierra aquí, está abierto para hacerle enmiendas de beneficio”, expresó la presidenta de la Comisión cameral de Sistemas de Retiro, Lourdes Ramos, durante el debate de la medida.

Sin embargo, el representante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Santa, señaló una serie de preocupaciones por las cuales se opuso al proyecto. Entre ellas, destacó que se eliminó lo que es el concepto de las pensiones vitalicias, pues los empleados públicos solo cobrarán lo que acumulen en sus nuevas cuentas individuales.

Esto pone en entredicho el futuro de esos pensionados que culminen con los fondos antes de morir, ante lo cual el Gobierno deberá tener un plan de contingencia que no se contempla en el proyecto, explicó Santa.

El legislador también mostró preocupación con que se reduzca la aportación de los empleados públicos a las cuentas individuales, con lo cual reduciría su pensión; la inseguridad que representa para el dinero de las pensiones estar incluido en el Fondo General, desde donde se asumen la mayoría de las responsabilidades del Gobierno; y el hecho de que se trate a los pensionados en el tribunal como a otro acreedor más, aunque sus necesidades sean distintas.

Cámara da visto bueno a reforma de sistemas de retiro

Al respecto, Biggs indicó que la junta sí distingue a los retirados del resto de los acreedores, a pesar de que pudieran ser considerados en igualdad de condiciones, lo que hubiera causado que miles de puertorriqueños cayeran bajo el nivel de pobreza.

“Aunque no creemos en recortes masivos a los beneficios de pensión, tampoco creemos que es apropiado o necesario eximir a las pensiones de algún recorte”, añadió el experto, quien entiende que la reforma de retiro que la junta persigue es “una distribución justa de la carga relacionada a la reestructuración fiscal que atraviesa el Gobierno”.

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