28 de Abril de 2017

Pongamos un alto a la riña familiar

Por el 28 de octubre de 2016

Imagínese que la Ley para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) es el programa televisivo de juegos Family Feud (riña familiar) donde se enfrentan los miembros de la junta de control fiscal contra los restos de la administración de Alejandro García Padilla. Steve Harvey dispara la pregunta: “¿Cuál es la mejor manera de crear empleos para Puerto Rico?”.

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José Carrión III, el presidente de la junta, golpea con entusiasmo la chicharra y responde “medidas de austeridad”. Una gran X roja llena la pantalla, a lo que Harvey comenta: “Lo siento, señor presidente; va a necesitar la ayuda de Washington, DC”.

Por desgracia, Promesa no es un juego —el Congreso es un campo minado y la junta federal y su contraparte, el grupo de trabajo para el desarrollo económico, se están moviendo a un ritmo típicamente deliberado. El grupo de trabajo dirigido por el presidente del comité de finanzas del Senado, Orrin Hatch (R-Utah), tiene hasta el 31 de diciembre para entregar un informe completo de las recomendaciones diseñadas para avivar la economía de Puerto Rico.

Los miembros del grupo de trabajo solo se han reunido una vez, en septiembre, a pesar de que se alega que tienen más de 400 propuestas que analizar. Las medidas de crecimiento económico que finalmente propongan serán esenciales para rehabilitar la economía de Puerto Rico. Los poderes en Wall Street y los cabilderos en el Congreso con vínculos al Partido Republicano (GOP, en inglés) prefieren un “programa de 12 pasos” que se parezca al utilizado en Washington, DC en la década de 1990 y que combinaba medidas de austeridad con incentivos, en vez del modelo utilizado en Detroit, que arrastró a los acreedores a procesos de quiebra que algunos de ellos describieron como un tribunal de pacotilla.

¿Cuál es la mejor alternativa? La verdad es ecléctica y radica en algún punto intermedio.

Durante Juntéconomico -un reciente foro televisivo organizado conjuntamente por Caribbean Business, Caribbean Business en Español y la estación de televisión ABC5- el candidato a gobernador por el Partido Popular Democrático (PPD), David Bernier, dijo a este medio que Hatch estará instando a los miembros del Congreso a que aprueben la Sección 245A. Esta medida ofrece incentivos contributivos que proporcionarían una exención del 85% en los dividendos pagados por las compañías manufactureras estadounidenses que hacen negocio en Puerto Rico. A cambio, las empresas tendrían que crear empleos desesperadamente necesarios en Puerto Rico.

Hasta la fecha, el entusiasmo de Hatch no es compartido por suficientes miembros del Congreso como para aprobar la medida. Durante una conferencia que se llevó a cabo hace dos semanas y que fue organizada por la Association of Financial Guaranty Insurers en la ciudad de Nueva York, el exlíder de la mayoría en la Cámara, Eric Cantor, explicó que los elementos contenciosos de la 245A —una proyección hecha por el comité conjunto de impuestos y que indica que la medida traduciría en negativo $10,000 millones para el Tesoro de los Estados Unidos— hacen prudente la búsqueda de otros incentivos con mayores probabilidades de lograr el consenso.

Cantor, que ahora es el vicepresidente de Moelis & Co., opina que la medida podría tener una oportunidad como parte de un plan fiscal de 10 años con elementos pagados. Pero el fantasma de la Sección 936, que le proporcionó una exención de impuestos de casi 100% a las compañías manufactureras en Puerto Rico, continúa rondando en los pasillos del Congreso.

La verdad es que el antiguo odio en el que se basa el desdén por estos incentivos diseñados para impulsar la manufactura se remonta al simple hecho de que las medidas solo se extienden a los territorios de los Estados Unidos —si Puerto Rico fuera un estado, los beneficios no estarían disponibles. Tal vez es hora de que los Hatfield y los McCoy —los populares pro-ELA y los penepés pro-estadidad— establezcan una tregua mientras trabajamos juntos para crear empleos en Puerto Rico. Cantor les aconsejó a quienes quieren ayudar a Puerto Rico que busquen otras herramientas para el desarrollo económico que sean similares a las utilizadas en Washington, DC.

Hatch y las brigadas de su grupo de trabajo podrían lograr un consenso en cuanto a los créditos salariales, una exoneración contributiva temporera en el Seguro Social y quizás lograr un aumento en los fondos de Medicaid. Esos incentivos podrían ayudar a que a la economía de Puerto Rico arranque con los empleos que tan desesperadamente necesita. ¿Será suficiente para compensar el modelo de austeridad que podría obligar a que la economía de Puerto Rico experimente una contracción del 1.4%? Hablen claro.

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