24 de Junio de 2018

Presentan herramienta ciudadana para monitorear a la Policía de Puerto Rico

Por el 27 de Febrero de 2018

El portavoz de Amnistía Internacional PR, Rubén Kondrup, afirmó que buscan fortalecer las capacidades de todas las personas y comunidades, con particular énfasis en aquellas poblaciones que históricamente han sido más vulnerables a las intervenciones policíacas discriminatorias o excesivas. (Suministrada)

El portavoz de Amnistía Internacional PR, Rubén Kondrup, afirmó que buscan fortalecer las capacidades de todas las personas y comunidades, con particular énfasis en aquellas poblaciones que históricamente han sido más vulnerables a las intervenciones policíacas discriminatorias o excesivas. (Suministrada)

La organización Espacios Abiertos y el movimiento Amnistía Internacional P.R. presentaron hoy una herramienta de apoderamiento comunitario llamada “Oficial, tengo derechos”, dirigida a que la ciudadanía pueda monitorear el comportamiento de la Policía de Puerto Rico y ejercer sus derechos ante el cuerpo de ley y orden del Estado.

Además, presentaron varios hallazgos como parte del informe “No se dispara de la baqueta” con el fin de analizar la política principal de uso de fuerza de la Uniformada.

Los datos del informe de uso de fuerza dieron paso a que ambas entidades formaran una alianza para desarrollar la herramienta. La iniciativa es producto de un proyecto iniciado en 2016 y que hoy alcanzará a toda la ciudadanía por vía del portal web www.OficialTengoDerechos.com para que la comunidad conozca sus derechos en casos de interacciones inconstitucionales por parte de la Policía.

“Con este proyecto, queremos fortalecer las capacidades de todas las personas y comunidades, con particular énfasis en aquellas poblaciones que históricamente han sido más vulnerables a las intervenciones policíacas discriminatorias o excesivas, para que todos puedan conocer y reclamar sus derechos ante la Policía”, dijo Rubén Kondrup, de Amnistía Internacional P.R.

“Saber ejercer nuestros derechos nos permite asumir un rol de supervisores ciudadanos de los funcionarios públicos”, añadió María Mari Narváez, encargada del proyecto en Espacios Abiertos.

“En el caso de la Policía, no se trata de funcionarios ordinarios. Son estos los encargados de velar por la seguridad de la gente, con el deber de proteger sus derechos mientras son el brazo de fuerza del Estado. Un policía tiene la vida de la gente, literalmente al alcance de sus manos. No hay duda de que sus acciones tienen que ser altamente reguladas y supervisadas tanto por el Estado como por la ciudadanía”, manifestó.

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A pesar de que la política de uso de fuerza de la Policía de Puerto Rico es una “satisfactoria”, la cantidad de muertes de personas en incidentes relacionados al uso de fuerza de la Policía estatal resulta proporcionalmente elevada, en especial si se compara con las muertes de personas en estados donde hay más población puertorriqueña.

“El informe analiza los datos de la Policía sobre muertes, mutilaciones y daños graves a manos de agentes de la Uniformada para los años 2015 y 2016”, dijo Narváez.

“Por ejemplo, 12 personas fallecieron en 2015 en incidentes relacionados al uso de fuerza de la Policía y nueve personas fallecieron en 2016, según los datos de esa agencia. También 19 personas resultaron con mutilaciones o daños mayores en 2015 por incidentes relacionados al uso de fuerza de la Policía de Puerto Rico. En el año 2016, fueron 11 personas, según información que provee la Policía”, agregó.

Espacios Abiertos denunció que aún están pendientes los datos de 2017 pues la Policía no los publica y todavía no ha contestado las solicitudes de información que a esos efectos se han realizado.

Al abundar sobre el informe, Narváez dijo que se comparan datos locales con algunos estados de Estados Unidos.

“Tenemos una política de uso de fuerza de la Policía que cumple con seis de ocho criterios que establece Campaign Zero, organización que combate la violencia policiaca. Sin embargo, las estadísticas de incidentes relacionados al uso de fuerza de la Policía de P.R. nos resultan altas cuando se comparan con las poblaciones de los tres estados con mayor población de puertorriqueños en Estados Unidos. Tenemos una política de uso de fuerza que en papel luce bien, pero hay una brecha entre la letra y la acción. Además, es preocupante la falta de datos completos y confiables”, indicó Narváez.

Comparado con los estados con más población puertorriqueña en Estados Unidos, Puerto Rico ocupa la peor posición con 2.6 muertes por millón de habitantes, después de Florida, que registra 3.5 muertes en uso de fuerza de la Policía por millón de habitantes.

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El estado de Nueva Jersey, que sería el próximo más alto, registró 1.6 muertes por millón de personas. En el caso del estado de Nueva York, registró 1.3 muertes por millón de personas.

Puerto Rico ocuparía la posición número 17 en muertes por uso de fuerza de la Policía en relación a la población entre los estados. El estado con mayor incidencia es Nuevo México que registró 10.5 muertes por millón de personas. El estado mejor posicionado, Delaware, registró 1 muerte por millón de personas.

“Es tiempo de que la Policía demuestre que su compromiso con la constitucionalidad y la profesionalización de la Policía va mucho más allá de la intención”, aseveró Narváez.

Espacios Abiertos, también, exigió a la Policía publicar estos datos para beneficio de toda la ciudadanía.

“Es poca la información disponible porque los datos no se publican, y aún la poca información que se consigue, es de cuestionable confiabilidad. La información debe recopilarse de una manera sistemática y hacerla accesible proactivamente para que la gente y las comunidades podamos conocerla y evaluar la conducta y el progreso de la reforma de la Policía. La atención a los derechos individuales y las garantías constitucionales evita poner en juego el éxito del procesamiento judicial de los verdaderos delincuentes y de las personas que le faltan al país”, manifestó el organismo.

El proyecto de “Oficial, tengo derechos” comenzó en 2016 como un esfuerzo de alcance comunitario en Loíza, donde históricamente se han reportado muchos casos de intervenciones policiacas discriminatorias y abusivas.

Es un proyecto enfocado en la rendición de cuentas de la Policía de Puerto Rico desde la perspectiva ciudadana y ha consistido de varios elementos tales como reuniones con líderes comunitarios, líderes de organizaciones activas en Loíza, grupos focales con jóvenes de ese pueblo para auscultar el estado de las relaciones de las comunidades con la Policía.

En esas reuniones y grupos focales se identificaron también las preocupaciones y necesidades específicas de las comunidades en su interacción y convivencia con la Policía.

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