29 de Julio de 2017

Profesores de la UPR buscan invalidar plan fiscal del Gobierno

Por el 10 de Julio de 2017

En un nuevo capítulo entre la junta de control fiscal y la Universidad de Puerto Rico (UPR), la Asociación de Profesoras y Profesores del Recinto Universitario de Mayagüez (Aprum) demandó al ente rector y al Gobierno de Puerto Rico para invalidar el plan fiscal certificado y los recortes presupuestarios que contiene para la institución educativa.

La demanda—radicada el domingo como un proceso adversativo en el caso de quiebra del Gobierno bajo Título III de la ley federal Promesa—exige que se considere a la institución como un servicio esencial, que se invalide el plan fiscal por ser contrario a la ley federal y “amenazar” la estabilidad de la UPR, y que se enmiende el presupuesto aprobado por la junta a finales de junio “para que se garantice la continuidad de los servicios educativos”, estableció la Aprum por escrito.

“Las determinaciones de la junta en el plan fiscal e impuestas en el presupuesto del año 2017-18 son arbitrarias, carecen de base racional y están en clara y abierta violación a los requisitos de la Sección 201 de Promesa”, lee la demanda incoada por la organización de profesores del recinto de Mayagüez.

La directora ejecutiva de la junta de control fiscal, Natalie Jaresko. (Juan J. Rodríguez/CB)

Junto al gobernador Ricardo Rosselló, figuran como demandados la directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko; el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado; el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela; y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Marrero Rosado.

El presidente de la Aprum, Marcel Castro Sitiriche, hizo un llamado a los acreedores a preocuparse por “la defensa de la universidad” al afirmar que el primer centro docente del país es imprescindible para impulsar la economía de la isla en medio de la crisis fiscal.

“La UPR es un servicio esencial, y como tal, está protegido bajo la ley Promesa. Es esencial para aquellos que dependen de su oferta educativa de calidad, de los que se benefician de sus múltiples programas de extensión, de los que se atienden en hospitales donde labora su facultad médica y de los que cuentan con servicios como la Red Sísmica para su seguridad”, sostuvo.

Continúa la UPR sin un presidente

En la misma línea, el licenciado Rolando Emmanuelli Jiménez—quien representa a la Aprum en la acción—argumentó que la UPR fue denominado como un servicio esencial por el presidente de la junta fiscal, José Carrión, mientras sostuvo que el secretario de Comercio y Exportación, Manuel Laboy, incluyó además a la UPR como un “socio indispensable” en varias iniciativas de desarrollo económico para la isla.

“La Universidad de Puerto Rico es el catalizador principal del desarrollo económico sustentable de Puerto Rico, por lo tanto, constituye un servicio esencial […] según define la Sección 201 de Promesa”, afirma la demanda, la cual añade que el plan fiscal deberá asegurar financiamiento suficiente para la UPR.

Según la Aprum, el recorte de $201 millones en las transferencias directas del Gobierno al presupuesto de la UPR no cumplen con el mandato de Promesa ya que tendrán un efecto adverso en las operaciones de la universidad, particularmente las del recinto de Mayagüez.

Así las cosas, de no revisarse para proteger los servicios esenciales que ofrece la UPR, “el plan fiscal ilegal y el presupuesto 2018 no pueden servir como base para cualquier plan de ajuste de deuda que cumpla con la Constitución de EEUU y leyes [federales]”, añade la demanda.

El borrador más reciente del presupuesto consolidado—que incluye transferencias del Fondo General, fondos federales y otros ingresos—para la institución asciende a $1,344,691 millones, lo que representa una reducción de $103 millones con relación al año anterior y una discrepancia de $74 millones en comparación a la asignación presupuestaria establecida por la OGP, que asciende a $1,270,276 millones.

Por otro lado, la UPR continúa sin un presidente, mientras que su Junta de Gobierno —la cual recientemente reanudó trabajos tras obtener nuevamente el quorum necesario—todavía trabaja en la confección de un plan fiscal para la institución.



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