23 de Julio de 2017

Programa del PNP: ¿Reforma gubernamental bajo la sombra de la junta de control fiscal?

Por el 5 de Noviembre de 2016

Nota de la editora: Esta es la sexta y última entrega de una serie de reportajes que analizan las plataformas de gobierno de los candidatos a la gobernación en Puerto Rico y su implicación con la junta de control fiscal. 

Si el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló, resultara el próximo gobernador de Puerto Rico, lo primero que haría sería publicar todos los documentos del proceso de transición y los intercambios entre los equipos de trabajo con el gobierno saliente.

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La plataforma del candidato Ricardo Rosselló incluye mucha de la política de austeridad y privatización que impulsó el exgobernador Luis Fortuño durante su administración pero, en esta ocasión, no estará “la asistencia masiva del gobierno federal”. (Juan J. Rodríguez/CB)

Al mismo tiempo, realizaría una auditoría de las contrataciones, transferencias de fondos y nombramientos del gobierno saliente para asegurarse que las transacciones se hayan hecho bajo los marcos de la ley. Comenzaría sus nombramientos al gabinete y los adiestraría en corrupción y ética gubernamental y crearía un inventario de las propiedades y activos del gobierno.

Tras su toma de posesión en enero, Rosselló establecería la Oficina del Centro de Oportunidades Especiales para recibir y dirigir los fondos federales, crearía el Puerto Rico Innovation and Technology Center para implantar la tecnología a nivel gubernamental y formaría la Mesa de Diálogo Permanente, “un espacio para la mediación de conflictos”.

Luego, junto con la Asamblea Legislativa, impulsaría su propuesta de empleador único, que permitiría la “movilidad de los servidores públicos dentro de la estructura gubernamental”, y desarrollaría una nueva ley para que el tercer sector pueda otorgar servicios que hoy da el gobierno. También establecería el Departamento de Seguridad Pública (para integrar en una sombrilla las entidades de seguridad del gobierno) y modernizaría la Ley de Alianzas Público Privadas (APP).

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El programa del PNP incluye amplias reformas estructurales en el gobierno que buscan reducir en 10% el presupuesto del fondo general para 2018 utilizando la fórmula de presupuesto base cero y consolidar entidades y servicios, eliminando aquellos que no sean necesarios.

Todo se realizaría “sin despidos” y la “reingeniería” de las agencias y corporaciones públicas podría tomar hasta cinco años, el tiempo mínimo de la presencia de la Junta de Supervisión y Manejo Fiscal impuesta por la ley Promesa en la isla, ente que incluye varias figuras asociadas al PNP.

Pese a que la junta tendría la autoridad para revisar las decisiones fiscales, leyes y presupuestos del gobierno de Puerto Rico, Rosselló afirmó que “no es necesario adoptar una posición antagónica” contra el grupo si este impulsara medidas de austeridad que afecten a la ciudadanía, ya que “cuando tengamos la oportunidad de presentarles lo que hemos trabajado, acogerán nuestras propuestas para adelantar los intereses del pueblo”.

Por entender que el estatus “es un problema medular” en la isla, Rosselló impulsaría un Plan Tennessee para solicitar la anexión de Puerto Rico como el estado 51 de Estados Unidos.

Difícil reducir gastos sin despidos

Para el analista político Luis Pabón Roca, es “difícil de entender” cómo el candidato del PNP pretende reducir el presupuesto en 10% sin afectar servicios o sin despedir empleados, cuando gran cantidad del dinero va dirigido precisamente a la nómina.

De igual forma, el abogado asociado al Partido Popular Democrático (PPD) cuestionó que se pueda implementar el empleador único sin afectar los derechos adquiridos de los empleados públicos o sus convenios colectivos. Agregó que es “iluso y poco afincado” que se hable de esta propuesta sabiendo que los empleados públicos también cuentan con distintas compensaciones y clasificaciones dependiendo de la agencia.

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“Para ser afectados, necesitan la anuencia de los empleados o un nuevo reglamento jurídico, que no es que sea imposible [de legislar], pero es muy difícil. Sería legislación novel que probablemente sea cuestionada en los tribunales”, dijo Pabón Roca a Caribbean Business.

Pero Rosselló, el único de los seis candidatos a la gobernación que respondió por escrito las preguntas de este medio, insistió en que su administración “no despedirá empleados y lo lograremos mediante ahorros en gastos operacionales”, como sería reducir pagos de renta, luz, agua y contratos de servicios y asesoría.

También lo lograría, indicó, mediante la consolidación de cerca de 500 oficinas gubernamentales en Centros de Servicio Integrados y la consolidación administrativa de las áreas de recursos humanos, finanzas, compras y suministros de las agencias. Sostuvo, además, que no se cambiará la compensación de los empleados, pese a que reconoce que estos se convierten en “empleados del gobierno y no de sus diferentes entidades”.

Aunque el economista Argeo Quiñones coincide en que podría reducirse el presupuesto logrando un mejor rendimiento y limitando el dinero a los proyectos que no cuentan con un interés social, señaló serios problemas a la propuesta de empleador único. Uno de ellos sería las restricciones a los traslados por lo que se conoce como “despido constructivo”, que es cuando un patrono cambia los acuerdos laborales a un nivel que fuerza al empleado a dejar su trabajo, como podría ser tener que viajar largas distancias cuando antes no lo hacía.

“Esto del empleador único plantea un problema de centralización excesiva. Cuando los sistemas se centralizan tanto, eventualmente enfrentan un problema de masa crítica. Llega un momento en que el tamaño no te permite funcionar adecuadamente. Lo que pasa es que no hay controles administrativos”, afirmó Quiñones a Caribbean Business.

Sobre los cambios a las leyes laborales que propone el PNP, los cuales no están del todo claros en la plataforma, el analista político exhortó al candidato a la gobernación a que indique si estaría dispuesto a enmendar la constitución para ciertos cambios, como sería lo relacionado a las horas extras y los límites constitucionales al “flexitime” u horario flexible.

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Ante esto, Rosselló expresó que se opone a reducir el salario mínimo y sostuvo que busca “flexibilizar las leyes laborales para que el patrono y el empleado puedan llegar a acuerdos que sean convenientes y de beneficio para ambos”. Sin embargo, aunque habla de una propuesta similar al “flexitime”, no dice si enmendaría la constitución, sino que se limita a afirmar que será “sin violentar las leyes o disposiciones constitucionales”.

Una “visión similar a la de Fortuño”, pero sin los fondos externos

El economista consideró que el plan de gobierno de Rosselló choca en dos sentidos. Por un lado, plantea varias propuestas de desarrollo económico, reformas educativas, en salud y seguridad cuyo tono es “como si no tuviéramos restricciones presupuestarias”, “como si no atravesáramos por una crisis con unas limitaciones estructurales” que mantienen en la isla a la junta de control fiscal.

“Estamos en crisis, tenemos la junta encima, muchas de esas propuestas no podrán realizarse”, sostuvo.

Por otro lado, la plataforma del PNP incluye mucha de la política de austeridad y privatización que impulsó el exgobernador Luis Fortuño durante su administración. La diferencia es que, en esta ocasión, no estará “la asistencia masiva del gobierno federal”, ni el “financiamiento deficitario del gobierno” por la falta de acceso a los mercados.

La situación podría agravarse, a juicio de Quiñones, por la estrecha relación que pretende crear Rosselló con la junta de control fiscal. “Una cosa es decir que va a trabajar con la junta y otra es decir ‘estoy con ustedes en el proyecto de ustedes. Estamos en sintonía’. […] Hay que pensar seriamente tanta concentración de poder político y financiero en lo que sería una especie de relación simbiótica entre el gobierno y la junta”, sentenció.

Otras de sus críticas iban dirigidas a la ampliación de las Leyes 20 y 22 para la exportación de servicios y para incentivar el traslado de inversionistas a la isla, que podrían fomentar “la desigualdad” aumentando las “exenciones contributivas en medio de la crisis fiscal”.

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Asimismo, Quiñones dijo que hay que tener cuidado con la proliferación de las APP, ya que hay asuntos “sobre los cuales el estado nunca debe claudicar su control”, como sería las telecomunicaciones, el transporte y la energía, ya que se causaría un problema de competencia en el mercado.

Sobre estas críticas, Rosselló manifestó que es el “único candidato que puede presentarle un plan coherente a la junta”, ya que “junto a mi equipo de trabajo hemos elaborado el Plan para Puerto Rico por los pasados cuatro años, además de un plan fiscal y sobre el manejo de la deuda y estamos listos para presentarlo”.

El profesor universitario dijo que en sus propuestas de crear escuelas bilingües, internacionales y especializadas dentro de una reforma educativa no necesariamente implica abrir nuevas escuelas, sino reenfocar las existentes utilizando los fondos disponibles. Sostuvo que, una vez logren reformar el Departamento de Educación, se lograrán ahorros que, junto con la búsqueda de más fondos federales, permitirán tener dinero disponible para el beneficio del estudiante.

Rosselló expresó que con las APP participativas “se tomarán todas las medidas necesarias para asegurar el mejor funcionamiento y servicio en beneficio de la ciudadanía”. Destacó que este tipo de APP participativa, a diferencia de las del pasado, permiten mayor “participación ciudadana y empresarial local”.

Agregó que con el impulso a las Leyes 20 y 22, “evaluaremos los créditos y deducciones de esta ley para incentivar la cadena de valor y suministros local, fortaleciendo el eslabonamiento entre las empresas de capital externo y la industria local”. Además, darán mayores incentivos y prioridad a las pequeñas y medianas empresas.

Creará mecanismo independiente para manejar la deuda

De otro lado, Rosselló planteó la creación de un mecanismo “independiente para manejar la deuda basado en una colaboración entre el gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal, en conjunto con la junta de supervisión fiscal, para así restaurar la confianza de los inversionistas y lograr nuevamente acceso a los mercados financieros”.

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El mecanismo se llamará Puerto Rico Debt Management Authority y será quien lleve “las negociaciones para lograr mejores términos en préstamos y aumentar la liquidez del fisco”, enfocado en las pensiones y el crecimiento económico.

El candidato a la gobernación prometió reducir gradualmente el impuesto sobre ventas y uso (IVU) en la medida que logre una reducción en los gastos gubernamentales y se mejore la captación en el Departamento de Hacienda. En esta agencia, se emularía el Servicio de Rentas Internas federal por su efectividad gestionando el cobro de deudas, una propuesta similar a la presentada durante este cuatrienio.

Resumen del Programa de Gobierno del PNP:

Reforma gubernamental:

  • Nuevo gobierno: proceso de transición de cinco años para trabajar reingeniería de las agencias y corporaciones públicas. Revaluar agencias y servicios para determinar cuáles pueden ser consolidados, delegados al sector privado o eliminados.
  • Empleador único: permitirá que el servidor público esté “donde más produzca para el pueblo”, fomenta reclutamiento interno para cumplir con plazas vacantes. Los empleados se convierten en empleados del gobierno y no de sus entidades, de manera que se permita la movilidad de empleados, garantizando el empleo del servidor púbico. Se crea un sistema de administración de recursos humanos en el servicio público bajo una sola dirección, asegurando transparencia en la aplicación del principio de mérito.
  • Presupuesto base cero: para 2018 se presentará un presupuesto con una reducción de 10 % para el fondo general. Presupuesto base cero comenzará de forma escalonada en varias agencias.
  • Centro de Servicios Integrados: reorganizar y consolidar las oficinas de servicios bajo un número reducido de locales, pero con acceso cercano a cada municipio, utilizando tecnología.
  • Sistema uniforme de compensación a contratistas, empleados y suplidores.
  • Consorcios intermunicipales: mejorar producción y servicios director a la población mediante acuerdos entre municipios.
  • Sistemas de Retiro: analizar la deuda, identificar recursos presupuestarios para mantener un nivel de aportaciones patronales, diversificar fuentes de ingreso mediante iniciativas de APP participativas.
  • Plan gerencial anti corrupción: fortalecimiento de fiscalización y control interno, fortalecer organismos de control, procesamiento agresivo, integración y participación de personas no relacionadas al gobierno, simplificar estructura gubernamental, transparencia.
  • Revisión de financiamiento de campañas para desalentar inversionismo político.
  • Freedom of Information Act Criollo: ley de acceso a la información financiera y operacional en gobierno, corporaciones y municipios. Promover gobierno 100 % digital en 4 años.

Desarrollo económico: 

  • Modelo basado en principios de competitividad y sustentabilidad que permita al sector privado liderar la recuperación económica.
  • Creación de alianzas público privadas participativas para producción de energía, transportación, infraestructura, puertos aéreos y marítimos, sistemas de agua y alcantarillado, protección y conservación ambiental, manejo de desperdicios sólidos y recursos naturales, planificación (urbanismo y vivienda).
  • Incentivar exportación mediante reducción de costos (energía, infraestructura, leyes laborales, contribuciones y permisos, crédito y financiamiento, asuntos relacionados a protección de inversionistas minoritarios, respeto a los contratos y acceso a tecnología) y complejidad de hacer negocios en PR.
  • Incentivar desarrollo de manufactura y agricultura, así como tecnología.Desarrollo de cooperativas, empresarios locales y PYMES.
  • Mapa de activos: inventario de estructuras, facilidades y terrenos que se puedan usar para construcción sostenible y el desarrollo de PYMES. Será fundamental para atraer inversión externa.
  • Permisos: desarrollo de un sistema digital para obtener permisos para usos ministeriales de manera inmediata (Permiso de Uso Instantáneo) para operar rápidamente. Implementación de Oficina única de permisos para simplificar procesos.
  • Potenciando exportación de servicios: maximizar y optimizar leyes 20 y 22, apoyar PYMES e impulsar a empresas locales a exportar.
  • Modernizar todas las leyes laborales: ley de arbitraje para resolver conflictos laborales fuera de tribunales.
  • Alivios contributivos y Hacienda: reducción gradual de tasas contributivas a individuos y corporaciones con tasa máxima de 20 %, se eximirán a asalariados con $30,000 o menos. Eliminación del B2B. Reducción gradual del IVU y mayor captación.
  • Establecer sistema de transportación inteligente o Siti-Red, usando tecnología GPS y una tarifa única para metro bus, tren urbano y AMA. Se contempla extender servicios a Ponce, Mayagüez, Caguas y municipios con alta población
  • Turismo: economía del visitante. Crear corporación privada sin fines de lucro para que pare como organización de mercadeo de destino (DMO), potenciar industria de cruceros, desarrollar ecoturismo en bosques estatales y reservas naturales.
  • Agricultura: promover y potenciar exportación de productos locales.

Educación: 

  • Cambiar el modelo industrial por el modelo de múltiples inteligencias
  • Alcanzar un sistema de educación bilingüe: hacerlo por fases, por escuelas. Establecer  10 escuelas especializadas en idiomas entre 2017-18. Para el 2018-19, establecer tres escuelas internacionales.
  • Nuevo sistema de escuelas: que se apoyen las decisiones que se tomen en un ambiente cercano al que se implementan. Implementar escuelas especializadas de artes y deportes en horario extendido.
  • Dar énfasis a la tecnología.
  • Completar análisis de áreas estipuladas en caso Rosa Lydia Vélez.
  • APP participativas o alianzas con entidades sin fines de lucro para integrar la comunidad a las escuelas
  • UPR: respetar autonomía universitaria, internacionalización de educación universitaria, servirá para educar al servidor público, universidad nocturna acelerada y alianzas multisectoriales.

Salud: 

  • Elevar el derecho de acceso a la salud a un rango constitucional: programa enfocado en predicción, prevención, tratamiento y rehabilitación.
  • Puerto Rico una sola región para los servicios. Posibilidad de APP participativas.
  • Promover retención de médicos con tasas contributivas especiales de 4 % a cambio de vivir y trabajar en PR. Redefinir criterios de evaluación de médicos. Revaluar arbitraje para casos de impericia médica.
  • Cannabis medicinal: se implementará Ley para el Programa de Investigación, Regulación y Dispensación del Cannabis medicinal para pacientes certificados.
  • Allegar más fondos para Medicaid y Medicare.

Seguridad: 

  • Enfoque en la educación en grados primarios. Alianzas con comunidades.
  • Batalla contra el crimen organizado enfocado en corrupción, trata humana, lavado de dinero, tráfico de drogas y armas ilegales.
  • Crear Departamento de Seguridad Pública que integrará los instrumentos de seguridad a nivel estatal: enfocado en servicios de emergencia, vigilancia, científicos y forenses, investigaciones criminales, etc.
  • Reforzar estrategia Escudo del Caribe: PR se posicionará como líder en la lucha contra el terrorismo y el trasiego de drogas
  • Reforzar estándares de inspección en puertos.
  • Patrullaje preventivo con policías municipales.

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