17 de Noviembre de 2017

¿Qué ocurrió en la segunda vista general de la quiebra de Puerto Rico?

Por el 9 de agosto de 2017

Poco después de las 9:30 de la mañana de hoy, y con protestas en las afueras del tribunal, la jueza federal Laura Taylor Swain comenzó una nueva vista general en los casos de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de Promesa.

Entre las decisiones tomadas, destaca el rechazo por parte de la jueza a la petición de un grupo de municipios que pidió el nombramiento de un comité oficial que los represente en el proceso.

Swain también aprobó un importante acuerdo entre el Gobierno y acreedores que establece un procedimiento para poner punto final a la disputa con los bonistas de Cofina. La meta es tener una decisión del tribunal en este asunto en o antes del 15 de diciembre.

No será hasta el 21 de agosto que el tribunal atenderá argumentos sobre la petición para investigar las causas de las crisis financiera de Puerto Rico. (iStock)

La audiencia —la segunda vista general, u “omnibus”, como parte del proceso de quiebra del ELA— tuvo lugar nuevamente en el tribunal federal en Hato Rey, ante una sala atestada de abogados y asesores. La agenda del día fue cargada. Se discutieron asuntos relacionados a los casos de quiebra del gobierno central, Cofina, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En el caso del pedido de un síndico para la AEE—y asegurar que la autoridad cobra las tarifas suficientes para cubrir todas sus obligaciones— la jueza escuchó los argumentos de las partes por espacio de una hora y, acto seguido, dejó sobre la mesa una decisión en este asunto.

Acuerdan mecanismo para disputa de Cofina

Arrancando la vista, la jueza Swain aprobó el arreglo más reciente entre el Gobierno y ciertos acreedores para resolver la disputa sobre los fondos de Cofina. La controversia —que reúne a los principales grupos de acreedores de la isla— sobre quién tiene derecho a los más de $700 millones anuales en dineros del IVU que garantizan el pago de estos bonos es uno de los principales escollos en los esfuerzos de reestructuración de la deuda pública.

La estipulación —la segunda vez que se presenta— establece un procedimiento mediante el cual las partes litigarán las controversias relacionadas a la disputa durante los próximos meses. La idea es que la jueza Swain decida sobre el asunto en o antes del 15 de diciembre. Dos agentes representarán los intereses particulares a Cofina y el gobierno central.

Los abogados de la junta han advertido que de no tener acceso al dinero del IVU comprometido a Cofina, el Gobierno enfrentaría serios problemas de flujo de efectivo a partir del 15 de diciembre, a falta de ajustes fiscales adicionales o financiamiento.

Sin comité los municipios

El pedido de un grupo de 11 municipios para crear un comité oficial que les represente fue rechazado por el tribunal. Según su representación legal, esto deja sin voz a los pueblos en el proceso de Título III, a pesar de los recortes que han sufrido los ayuntamientos.

Swain manifestó que aunque reconoce la frustración por los recortes en los fondos que reciben del gobierno central, los municipios no pudieron demostrar un derecho o reclamo sobre ese dinero que los convierte en acreedores, según define el proceso de quiebra bajo Título III y diferente al caso de los bonistas del ELA.

Abogados del Síndico de Estados Unidos, el gobierno central y la junta también argumentaron que “lamentablemente” las reglas solo permiten comités para personas, por lo que los municipios estarían impedidos en obtener un comité.

La jueza también rechazó un pedido de los síndicos de los planes de retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para crear un nuevo comité que represente a los empleados de Gobierno, o reconfigurar el comité de retirados para que incluya un empleado activo de la UPR.

En cuanto a la petición grupo ad hoc de bonistas de obligaciones generales para reconfigurar el comité de acreedores no asegurados y distinguir a los bonistas constitucionales, la jueza se reservó una decisión al respecto.

Atenderán después la investigación de la deuda

No será hasta en o antes del 21 de agosto que el tribunal —específicamente la jueza magistrada, Judith Dein— atenderá los argumentos en torno a la petición para investigar las causas de las crisis financiera de Puerto Rico que presentó un comité de acreedores. Inicialmente, el asunto estaba pautado para ser discutido durante la vista de hoy.

El comité de acreedores no asegurados pidió investigar las emisiones de bonos que realizó el ELA y el rol de instituciones financieras tales como Banco Popular, Banco Santander y el otrora agente fiscal del ELA, el Banco Gubernamental de Fomento (BGF). No obstante, el grupo recientemente aceptó aplazar la discusión sobre su petición, al asegurar que está en conversaciones con la junta en un intento para lograr acuerdos que den paso, de manera consensuada, a la investigación que interesan.

Por su parte, la jueza magistrada Dein ordenó acordar una fecha en o antes del 21 de junio para una vista argumentativa en el caso.

Otros asuntos atendidos

Durante la vista la jueza Swain aprobó los protocolos de pago a los asesores y representación legal del Gobierno, la junta y varios comités oficiales de acreedores como parte del proceso de quiebra bajo Título III. De igual forma, autorizó la contratación de asesores y abogados que estarán asistiendo a los comités. Estos costos serán cubiertos por el deudor, en este caso, el Gobierno de Puerto Rico.

También se atendió sin objeciones una moción del comité de acreedores no asegurados para establecer los parámetros de acceso a información por parte de los acreedores. 

Asimismo, la jueza aprobó mociones de la AEE y el Gobierno para asegurar la continuidad de los servicios por parte de contratistas. El Gobierno también logró extender la fecha límite para indicar qué contratos de arrendamiento mantendrá y cuáles rechazará, según permite el proceso de quiebra bajo Título III.

Durante el comienzo de la vista, se anunció que dentro de la próxima semana el grupo de jueces mediadores ya tendrá listo el plan de acción sobre los asuntos específicos que estarán atendiendo en el proceso de mediación. Dentro de un mes comenzarán las reuniones sobre estos asuntos específicos.

[ANÁLISIS] Mediación como apuesta en la quiebra de Puerto Rico

En cuanto a varias peticiones de contratistas particularmente de la ACT, que buscan aclarar su situación contractual con la corporación pública dentro del proceso de quiebra de la entidad, se decidió posponer la consideración de una mayoría de estas reclamaciones.

En el caso de South Parcel, el Gobierno y el contratista anunciaron un acuerdo extrajudicial mediante el cual la ACT se pondrá al día con los pagos adeudados y continuará cumpliendo con sus obligaciones relacionadas a esta compañía.

Durante el día de ayer, la jueza Swain sostuvo una vista evidenciaria en el caso del grupo de acreedores Peaje Investments, en contra de la ACT. El grupo de bonistas de la Autoridad busca que se le compense argumentando una pérdida de los ingresos de peaje que garantizan el pago de su deuda pero que han sido redirigirlos por el Gobierno para otros usos.

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