15 de Agosto de 2018

Queda un hilo de esperanza para los contratistas

Por el 31 de Agosto de 2017
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El entusiasmo era evidente en la convención anual de la Asociación de Contratistas Generales (ACG) cuyos miembros estaban deseosos por conocer los planes del Gobierno y de la junta de control fiscal para poder adelantar proyectos.

Los contratistas tenían razones para albergar la esperanza de que la abatida industria de la construcción pueda recibir un empujón. Primero, por la llegada de Noel Zamot a la silla de coordinador de revitalización bajo la ley federal Promesa, que provee un proceso expedito a proyectos clasificados como críticos para el país. Segundo, ante la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de invertir más de un billón de dólares en la infraestructura de la nación norteamericana usando alianzas público privadas, por lo que a nivel local se espera que los acuerdos de este tipo también se vean beneficiados.

Stephen Sandherr, principal oficial ejecutivo de la Asociación de Constructores de Estados Unidos. (Juan J. Rodríguez/CB)

De hecho, la ACG tiene su propia lista de proyectos de infraestructura que desea promover a la vez que cabildea en Washington para que Puerto Rico pueda ser la punta de  lanza en la propuesta federal debido a que la isla ya tiene una ley de Alianzas Público Privadas de avanzada que puede servir de ejemplo para otros estados.

Es ese escenario el que les brinda confianza a los contratistas de que inversionistas privados se sientan tan motivados como para invertir el capital necesario en la isla para revertir la caída que experimenta la industria de la construcción. Este ha sido uno de los sectores privados más afectados con la falta de dinero en el Gobierno pues eran estas inversiones, en su mayoría con dinero producto de la venta de bonos del Gobierno, las que sostenían el grueso de las construcciones.

No obstante, a Puerto Rico le resta aún un largo camino para lograr cuajar esas nuevas inversiones.

Junta fiscal recibirá propuestas de proyectos críticos vía internet

Según Stephen Sandherr, principal oficial ejecutivo de la Asociación de Constructores de Estados Unidos, la iniciativa del presidente Trump para invertir en infraestructura enfrenta problemas de financiamiento, pero no será hasta el 2018 que el Congreso la evalúe.

La propuesta de Trump proyecta que el Gobierno invierta $200,000 millones en los próximos años, pero requiere además una inversión del sector privado que podría ascender a $800 millones.

“Eso es un reto”, dijo Sandherr al sostener que para lograr esa cantidad de inversión privada, la parte del Gobierno tendría que aumentar.

Explicó que la idea es imitar el modelo de Canadá, donde la inversión del Gobierno es considerable para propiciar que la empresa privada asuma el resto del costo de las obras y se realicen más proyectos.

En el caso de Puerto Rico, la situación es peor debido a la falta de acceso a los mercados de capital por parte del Gobierno. Así las cosas, los inversionistas que escojan desarrollar proyectos ya sea bajo el Título V de Promesa o mediante alianzas público privadas, tendrán que tener financiamiento propio sin depender del dinero público.

“Esto pone presión a la junta de control fiscal en tener que asegurarse que el capital que se use para el proyecto esté protegido […] Promesa tiene que proveer certeza […] Si los inversionistas no tienen seguridad contra riesgos, pondrán su dinero en otro lado”, dijo Sandherr a CB en Español.

[VÍDEO] Un impulso a la infraestructura crucial en Puerto Rico

Por su parte, el presidente de la junta de control fiscal, José Carrión, sostuvo que el ente ayudará al Gobierno a promover proyectos para lidiar con las necesidades más urgentes en energía, transportación, agua y desperdicios sólidos.

Carrión confirmó que “las alianzas con el sector privado tendrán que ser la solución para impulsar la economía, promover nuevas inversiones y promover las condiciones para el éxito de negocios” pero sin contar con dinero público.

El presidente de la junta de control fiscal apostó a que el proceso acelerado de permisos que provee el Título V de Promesa para proyectos críticos sirva como gancho para atraer inversionistas. “Este proceso acelerado les permitirá a los inversionistas poner su dinero a trabajar rápidamente”, sostuvo. Recordó que ya hay sobre siete proyectos que comenzaron el proceso para convertirse en proyectos críticos bajo Promesa, luego de que se lanzara la plataforma la semana pasada.

“Los mejores candidatos son proyectos de diferentes tamaños que se enfoquen en las necesidades críticas, sean consistentes con el plan fiscal, hayan asegurado financiamiento privado y estén listos para comenzar”, dijo.

David Álvarez, quien presidió la Autoridad para las Alianzas Público Privadas bajo el exgobernador Luis Fortuño, dijo que el entusiasmo que sienten los contratistas ante la posibilidad de poder mover adelante proyectos y atraer inversión pese a la crisis fiscal “es realista siempre y cuando exista la voluntad”.

Álvarez entiende que es positivo el hecho de que hay “apetito” y que el liderato del país tenga la voluntad para trabajar con el sector privado. De otra parte, la ley de las APP contiene incentivos que sirven para atraer a inversionistas. Puerto Rico también ya tiene historial de éxito con APPs.

“Hay muchas cosas que se tienen que renovar de nuevo, los proyectos tradicionales ya no se pueden hacer así […] es romper el molde. En vez de hacer tantas escuelas como hacías antes, tienes que reducir el número quizá y lo que te ahorraste reinvertir en dos o tres que sean más grandes […] Es otro pensamiento más ajustado a hoy día”, dijo.

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