15 de Diciembre de 2017

¿Quién es el licenciado Roberto Alonso?

Por el 5 de Marzo de 2017

Para el licenciado Roberto Alonso Santiago, la controversia política no es extraña. El reconocido abogado criminalista tiene una larga trayectoria representando importantes figuras del Partido Nuevo Progresista (PNP) desde su oficina, a unos pasos de la Torre Municipal de Guaynabo.

Uno de sus casos más sonados fue cuando en la década de 1990, participó junto al hoy presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz en el llamado “caso Barbarita”. El trabajo de ambos logró la exoneración del principal acusado, al probar que la evidencia fue fabricada. Alonso Santiago y Rivera Schatz conservan una larga amistad, tanto así que el primero ha juramentado al líder senatorial en las dos ocasiones que ha presidido la Cámara Alta.

En la década del 2000, Alonso Santiago defendió también a la exsubjefa de la Compañía de Fomento Industrial, Carmen Pacheco Tapia, quien cumplió probatoria por participar de un esquema de desvío de dinero del Fondo de Incentivos Industriales de Puerto Rico (Priif) en la administración del entonces gobernador Pedro Rosselló.

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En el cuatrienio del exgobernador Luis Fortuño, estuvo a cargo de la defensa del exalcalde penepé de Cataño, Wilson Soto, en un caso por alegado soborno y violaciones a la Ley de Ética. También llevó la defensa del exlegislador y excandidato a la alcaldía de San Juan por el PNP en las pasadas elecciones, Leo Díaz, en el llamado “motín de la Procuraduría de las Mujeres”.

Más recientemente, Alonso Santiago defendió a una de las acusadas de participar en el alegado esquema de fraude para apropiarse de fondos públicos para obras de remodelación en el Capitolio. También estuvo en el equipo de defensa de uno de los acusados de cometer fraude electoral en las primarias del PNP en Guaynabo.

Contratista de Guaynabo desde el 2013

Desde el 2013, según consta en el Registro de Contratos de la Oficina del Contralor, Alonso Santiago tuvo contratos con el Municipio de Guaynabo. En septiembre pasado, terminó su relación con el Municipio y se convirtió en asesor de Yenetamine Díaz Zayas, una mujer policía que acusó al alcalde de Guaynabo, Héctor O’Neill por un alegado patrón de hostigamiento sexual, según consignó a este medio el propio abogado.

Ayer, mientras el gobernador Ricardo Rosselló le daba al alcalde 24 horas para explicar su alegada vinculación con Díaz Zayas y la procedencia de los $300,000 que pagó por transar el caso, Alonso Santiago envió una declaración escrita a los medios a nombre de su cliente. En el escrito, Alonso Santiago establece que Díaz Zayas autorizó las expresiones que niegan cualquier “controversia, reclamación, ni diferencias” con el mandatario del municipio.

Sin embargo, hoy en la mañana, la mujer hizo pública una declaración jurada en la que niega haber autorizado el escrito divulgado por Alonso Santiago.

Sintió una autorización implícita

“La expresión que se hace [en el comunicado de prensa], la hice yo porque soy el que redacto… Yo sí redacté, ordené e instruí ese documento, y entendí que lo hice con la autorización de ella por las reuniones que habíamos tenido” durante los pasados tres días, aclaró Alonso Santiago a Caribbean Business.

El abogado aseguró que tomó la decisión de compartir el escrito en la creencia de que sus acciones representaban los mejores intereses de su cliente.

Aunque no ha evaluado el documento con las recientes declaraciones de Díaz Zayas, el abogado aseguró que respetará la decisión de su cliente de rechazar las expresiones, aunque mencionó sentirse asombrado por la reacción que ha levantado el comunicado preparado por su bufete, pues “lo único que dije es que ella quería estar tranquila”.

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“Yo me sentí con una autorización implícita… Yo entiendo que estaba autorizado a resolver y actuar asuntos a favor de ella… Actué en virtud de todo lo que he hecho correctamente a favor de esta joven durante los últimos años”, expresó el licenciado.

Alonso Santiago dijo que comenzó a asesorar legalmente a Díaz Zayas luego de que la querella por hostigamiento sexual fuese presentada ante la Comisión Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) para tratar de lograr un acuerdo entre las partes.

“En un pasado, di asesoramiento y servicios profesionales [al municipio de Guaynabo], y luego asesoré a esta joven… Mi intervención fue mediar para terminar”, indicó Alonso al mencionar que había sido abogado de Díaz Zayas en otros casos no relacionados.

Según documentos oficiales, contra Alonso existe un amonestación del Tribunal Supremo por violación a los cánones 18 y 19 del Cánon de Ética Profesional, que rige la conducta de la profesión legal en Puerto Rico, por no informar adecuadamente a una cliente sobre su caso.

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