23 de Septiembre de 2017

[DOCUMENTOS] Radican nuevas demandas contra el gobierno de Puerto Rico

Por el 2 de mayoo de 2017

En horas de la madrugada, luego de que caducara la suspensión de demandas, o “stay”, provista por la ley Promesa, ya se han radicado nuevas demandas y ha habido un movimiento en las ya radicadas contra el gobierno de Puerto Rico y la junta de control fiscal.

Una de las demandas fue presentada por varios fondos encabezados por Aristeia Horizons, titulares de bonos de la Corporación de Financiamiento del Impuesto de Ventas y Uso de Puerto Rico, conocida como Cofina, la cual acusa al gobierno de mostrar renuencia a negociar su deuda y también impugna el plan fiscal por no respetar las prioridades o gravámenes de pago establecidos.

Demanda 1          Demanda 2          Demanda 3

“De acuerdo con el Plan Fiscal, el flujo total de efectivo disponible para pagar el servicio de la deuda durante los próximos 10 años será menor que el flujo de impuesto de ventas  y uso (IVU) que es legalmente propiedad de Cofina solo durante ese período. Los pagos de Cofina oscilan entre los $724 millones en 2018 y $1.031 millones en 2026. El efectivo disponible para todos los servicios de deuda del ELA y Cofina en el Plan Fiscal fluctúan entre los $404 millones en 2018 y $808 millones en 2026”, lee la demanda.

“Incluso si todos los flujos de efectivo presuntamente disponibles para pagar el servicio de la deuda reflejados en el Plan Fiscal fueran remitidos a Cofina, los montos disponibles para el servicio de la deuda estarían por debajo del flujo de impuestos de ventas en siete de los próximos nueve años, incluso inmediatamente en el año fiscal 2018 que comienza el 1 de julio de 2017. Los demandantes por lo tanto han sido privados de su interés de propiedad en el DST sin justa compensación o debido proceso… “, señala la demanda.

Ambac Assurance Corporation también presentó varias demandas judiciales contra el gobierno y la junta. Una de estas es una medida cautelar y declaratoria para proteger los bonos de Cofina del presunto saqueo por parte del gobierno.

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La demanda dice que el gobierno y la junta de control fiscal tratan la propiedad de Cofina como propiedad del ELA para ser utilizada para los gastos cotidianos del gobierno, mientras que priva a Cofina de su única fuente de ingresos cuando la ley de Puerto Rico requiere que los fondos de Cofina permanezcan intactos.

“Y en el proceso, imponen un recorte de 77.4% sobre las obligaciones de deuda, mientras que en realidad aumentan el gasto en un período de diez años. Al certificar el Plan Fiscal, la junta de supervision fiscal conscientemente concibió la apropiación de los bienes de Cofina”, sostiene la demanda.

Ambac alega que el Plan Fiscal violenta la ley Promesa.

“Primero, el viernes 28 de abril de 2017, la Asamblea Legislativa aprobó una supuesta ‘Ley de Cumplimiento del Plan Fiscal’ que, como su propio nombre indica, implementa aún más la expropiación de los bienes protegidos que establece el Plan Fiscal. En lo que respecta a Cofina, la Ley de Cumplimiento del Plan Fiscal presume que todos los fondos pertenecientes a corporaciones públicas del ELA, incluyendo los ingresos pertenecientes a Cofina, deben pasar primero por el Fondo General para ser usado para los servicios generales del ELA a discreción del secretario de Hacienda. De esta forma, la Ley de Cumplimiento del Plan Fiscal intenta desmantelar fundamentalmente la estructura misma que convirtió a Cofina en un vehículo de financiamiento exitoso “, expresa la demanda.

El mismo día al final de la tarde, el ELA reveló públicamente una “propuesta” de Capítulo VI, que provee para acuerdos voluntarios de reestructuración, que “lejos de ofrecer un camino a la conciliación, trató oportunamente de crear un proceso de reestructuración consensual para suavizar el camino hacia la quiebra” bajo el Capítulo III.

La propuesta adelantó recortes draconianos a los bonos de Cofina, no reconoció la antigüedad de los bonos de la Cofina e incluyó un mecanismo de “trampa mortal” que ofrecía a los acreedores 2.5 centavos por dólar por sus bonos, dice la demanda. Ambac asegura $3.1 millones en bonos Cofina.

Otra demanda interpuesta por Ambac, mientras tanto, busca impugnar la Ley de Moratoria, que fue reemplazada por el actual gobierno con la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal de Puerto Rico.

Ambac destacó que, como resultado de la conducta del gobierno, habrá más incumplimientos de pago por cada una de las entidades bajo la moratoria, que incluyen pagos previos por parte de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura del Gobierno de Puerto Rico (AFI) y la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT).

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Como resultado de las violaciones del ELA a las protecciones de prioridad de deuda, que incluyen no tomar ninguna medida que pudiera interferir con los derechos de los acreedores de las distintas agencias en moratoria, se violentaron los derechos de Ambac. Estos incluyen pagos previos por parte de la AFI y la ACT.

La demanda dice que los demandados han sustancialmente alterado los derechos contractuales de Ambac.

“Como asegurador de una amplia variedad de deuda del ELA a través de numerosas estructuras, muchas con vencimientos que se extienden por décadas, Ambac está comprometida con el éxito a largo plazo de Puerto Rico. Pero ese éxito -y cualquier reestructuración sostenible- sólo puede lograrse mediante un enfoque que respete las prioridades legales y los gravámenes, como el Congreso requirió para extender Puerto Rico a la línea de vida Promesa”, expone la demanda.

Más fundamentalmente, al cometer los actos anteriores, el ELA y la junta de control fiscal han violado los derechos constitucionales y legales de Ambac como asegurador de aproximadamente $3,000 millones en el valor acumulado neto actual de los bonos de Cofina, explica la demanda.

Mientras tanto, ha habido movimiento en algunas de las demandas ya presentadas contra el gobierno, incluyendo las de Brigade Leveraged, Oriental Bank, National Public Finance y las demandas de Trigo, a medida que se presentaron mociones para retirar a Michael F. Williams y Peter A. Farrell de la firma de abogados Kirkland & Ellis LLP como representantes del gobierno.

La firma había representado al gobierno en las demandas bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla. El actual gobierno estará representado por el Departamento de Justicia, según el documento.

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