23 de Julio de 2018

Reclamaciones por quiebra de Puerto Rico suman $7,200 millones hasta ahora

Por el 26 de Abril de 2018

La junta de control fiscal reveló que hasta el 23 de abril había recibido 7,298 pruebas de reclamaciones (proof of claims) contra el Gobierno de Puerto Rico y otras entidades gubernamentales, por un total registrado de $4,200 millones.

También tiene $3,000 millones en montos agregados que se dividen en 2,054 reclamaciones, de acuerdo con una moción de estatus presentada en el tribunal federal el miércoles.

Hay un total de $3,400 millones divididos entre 3,764 reclamaciones en contra del Estado, y 745 reclamaciones registradas que ascienden a $155 millones relacionadas con la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

También hay $106 millones en reclamaciones contra la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), divididos en 451 reclamaciones; $133 millones en contra del Sistema de Retiro de Empleados en 1,744 reclamaciones presentadas; y $374 millones solicitados a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) como parte de 612 reclamos.

Los montos agregados incluyen $1,300 millones en 173 reclamaciones relacionadas con litigios; y 1,152 reclamaciones por $1,200 millones en reclamaciones relacionadas a bonos.

El 29 de mayo vence el plazo para que se presente y reciba pruebas de reclamación contra las entidades deudoras conforme al procedimiento de quiebra del Título III de la ley federal Promesa.

El 13 de abril, la junta de control fiscal publicó una solicitud para recibir propuestas de firmas para encargarse de la gestión de reclamaciones y servicios de conciliación para los deudores que están en proceso de quiebra bajo la ley federal Promesa. La junta está revisando las propuestas y espera seleccionar un proveedor antes del 11 de mayo, después de lo cual comenzaría el proceso de reconciliación.

El ente rector también informó al tribunal que todos sus esfuerzos de mediación se centran en resolver una disputa entre los tenedores de bonos de obligación general del Gobierno (GO) y los tenedores de bonos Cofina sobre la legalidad de la corporación. Los acreedores de GO sostienen que el dinero que va a Cofina debería usarse para pagarles porque su deuda está garantizada por la Constitución.

image_print

You must be logged in to post a comment Login