Representantes de todos los partidos cierran filas contra reforma laboral de la junta

Por el 25 de Abril de 2018

Representantes de las tres delegaciones en la Cámara afirmaron hoy que no hay ambiente en la Asamblea Legislativa para dar paso a la propuesta de reforma laboral al sector privado que presentó hoy la junta de control fiscal y que busca reducir los beneficios de la clase trabajadora del país.

La junta fiscal presentó hoy su primer borrador de ley desde su creación mediante la ley federal Promesa hace cerca de dos años. La “Ley de Reforma Laboral de 2018” contiene muchas de las medidas que había anunciado como suyas el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, antes de retirarlas posteriormente.

Sin excepción, las medidas que atiende la Legislatura deben ser radicadas y endosadas por uno o más legisladores, incluyendo las que presenta el Ejecutivo o aquellas sometidas por petición de algún grupo o individuo, explicó el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Enrique “Quiquito” Meléndez.

La Cámara de Representantes en sesión. (Yoel Parrilla/CB)

A preguntas de este medio sobre si la junta fiscal podría obligar a algún legislador a firmar el proyecto para que llegue al hemiciclo de los cuerpos, Meléndez afirmó que no es posible, y agregó que “tampoco se puede obligar a votar a favor o en contra de la medida”.

“Cuando estábamos hablando de la posibilidad de una reforma laboral hace apenas unas semanas [propuesta por el gobernador], no había ningún ambiente. No vislumbro que haya ningún ambiente para esto”, detalló Meléndez a CB en Español.

El representante llamó la atención a que el organismo creado por el Congreso federal establece en su plan fiscal que la Asamblea Legislativa aprobará cualquiera de sus imposiciones, pero recordó que “los cuerpos legislativos no operan así”.

El problema con esta propuesta es que yo no veo de qué manera sea salvable, porque simplemente, con mi voto no se va a aprobar y no encuentro cómo nos pueden obligar. No hay forma en que puedan obligar a que se apruebe”, sentenció Meléndez.

La junta señala que el proyecto debe aprobarse en Cámara y Senado antes del próximo 31 de mayo. Sobre esto, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Rafael “Tatito” Hernández, enfatizó en que ningún legislador dará paso una medida que reduciría los beneficios de los trabajadores.

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“La Legislatura no le va a dar paso [a la reforma laboral]. Sencillamente se va a quedar como una medida radicada y no le va a dar paso. No hay ambiente. […] Puedes adjudicar desde ya que la Asamblea Legislativa, al 31 de mayo, no va a hacerlo”, planteó.

Ante este escenario, Meléndez sostuvo que la junta fiscal buscará la manera de “extorsionar” a la Legislatura con la posibilidad de que el presupuesto del gobierno –que debe entrar en vigor el 1 de julio– sufriría mayores recortes si no se avala la reforma laboral.

“Eso no es otra cosa que extorsión y tratar de ejecutar un golpe de Estado, porque ellos no tienen el poder electo para ejecutar nada. Nos pone de frente al Congreso, esto va a provocar una pugna que va a necesitar intervención congresional”, opinó el representante.

Por su parte, el representante independentista Denis Márquez exclamó que “la Asamblea Legislativa tiene la obligación de rechazar contundentemente esta amenaza de la junta” y sentenció que la única respuesta “digna y efectiva” es la confrontación directa al ente.

Según la junta, “existe una base razonable para concluir que la imposición obligatoria de beneficios marginales” impacta los salarios, reduce el reclutamiento de personal y trastoca las tasas de empleo, mas no cita estudio o análisis alguno para defender el planteamiento.

Con este preámbulo, el organismo impuesto bajo la ley federal Promesa daría paso a un aumento de 25 centavos en el salario mínimo para trabajadores mayores de 25 años. Sin embargo, el aumento escalonado hasta $8.25 estaría condicionado a que la tasa de participación laboral exceda de 55%. Actualmente, la tasa de participación laboral e  Puerto Rico es de 40%.

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Como había sugerido y defendido Rosselló Nevares antes de retirar su propuesta hace un mes, en el borrador del proyecto la junta fiscal propone la eliminación del bono de Navidad a partir de 2019, y reduce la acumulación de las licencias por enfermedad y vacaciones a siete días cada una.

Por otra parte, se deroga la “Ley de Despido Injustificado” a partir del 2019, y así “quedará́ vigente una normativa que permite al empleado o el patrono terminar a su voluntad el contrato de empleo por término indefinido sin que esto conlleve ninguna responsabilidad civil”.

En su artículo de separabilidad, la junta fiscal supone que la Asamblea Legislativa expresará su “voluntad expresa e inequívoca” para que los tribunales hagan cumplir las disposiciones de esta pieza “en la mayor medida posible”.

Diversos representantes, entre ellos Gabriel Rodríguez Aguiló, Joel Franqui Atiles, Félix Lassalle y el propio Meléndez, así como el portavoz independentista Denis Márquez, habían expresado que no darían paso a una nueva reforma laboral.

Desde La Fortaleza, el secretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario Cortés sostuvo que la reforma laboral “no tiene posibilidad en la Asamblea Legislativa”, por lo que invitó a la junta fiscal a desarrollar en conjunto las“medidas en las que existe consenso”.

“Lamentamos que la Junta de Supervisión Fiscal siga utilizando recursos que terminan pagando nuestros contribuyentes para implementar medidas para las que no tienen autoridad legal ni justificación moral”, sentenció Rosario Cortés a nombre del primer ejecutivo del país.

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