16 de Diciembre de 2017

Segunda demanda de un municipio en contra del BGF

Por el 27 de Julio de 2017

El gobierno municipal de San Juan demandó el jueves a la junta de control fiscal para detener el acuerdo de reestructuración (RSA, en inglés) entre el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y un grupo de sus acreedores, argumentando que utilizará “ilegalmente” los ingresos de la ciudad para pagar la deuda de la entidad.

Es la segunda demanda que un municipio radica en el tribunal federal en contra del RSA del BGF. El municipio de Caguas inició recientemente una acción similar en contra del acuerdo del banco, alegando que viola la ley federal Promesa y confisca indebidamente fondos que le pertenecen a los municipios.

La ciudad también alega que fue excluida de las negociaciones y que sus solicitudes de información fueron denegadas. (Archivo)

La acción legal incoada por San Juan, cuyos abogados son el exrepresentante Charlie Hernández y el bufete de abogados Mariani Franco, busca que la corte declare que el RSA del BGF no es válido porque viola Promesa ya que no permite a los municipios tener su propio grupo con derecho a voto sobre la transacción, según define el Título VI de la ley federal.

Alega además que el acuerdo pretende dar espacio a una “liquidación” de fondos mantenidos en fideicomiso que pertenecen a San Juan y que no deben estar sujetos al proceso de reestructuración bajo el Título VI. La demanda también menciona que viola los requisitos de transparencia de la ley federal.

Asimismo, la ciudad capital busca que el tribunal sostenga que Promesa deja sin efecto las leyes locales y órdenes ejecutivas que autorizan al Gobierno a detener los retiros de los depósitos municipales en el BGF. Solicita también un interdicto permanente para que el BGF, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (Aafaf) y la junta fiscal no forjen ningún acuerdo de reestructuración que confisque los fondos en fideicomiso de San Juan y que no establezca un grupo de votación separado para los municipios con depósitos en el BGF.

Según el documento, la junta certificó el 14 de julio el RSA del BGF el cual afectaría los intereses de San Juan en dos tipos de propiedades. En primer lugar, están los ingresos por impuestos a la propiedad, que se utilizarían para pagar a los acreedores de BGF, incluyendo sus bonistas, argumenta San Juan.

“Este flagrante asalto a un fideicomiso significaría que los municipios a quienes se les retienen fondos en fideicomiso recibirían solo una fracción de su valor”, indica la demanda.

Además, el RSA despojaría a San Juan y a otros municipios que mantienen depósitos en el BGF de su derecho a compensar el monto de sus depósitos contra sus deudas con el BGF, indica la querella.

“La Ciudad de San Juan tiene la responsabilidad de proveer servicios públicos esenciales a sus residentes así como a sus visitantes, que incluye pero no se limita a la atención médica, los servicios de Policía y de Educación. El RSA tendría el efecto de apoderarse ilegalmente de los intereses de San Juan [habidos] en sus depósitos y fondos en fideicomiso en el BGF —dineros que podrían ser usados ​​para financiar servicios esenciales para la gente de San Juan— en beneficio de los bonistas del BGF”, dice la demanda.

La ciudad también alega que fue excluida de las negociaciones y que sus solicitudes de información fueron denegadas.

Sobre la petición para un grupo de acreedores con derecho a votar sobre el acuerdo y que solo contenga los municipios con depósitos en el BGF, San Juan dice que el banco y Aafaf los agruparon junto a los demás acreedores del BGF, contrario a lo que establece Promesa.

“Más indignante aún, la junta de supervisión, el BGF y Aafaf están violando Promesa al clasificar a San Juan de manera inapropiada y privando así a San Juan y a otros depositantes municipales de su derecho estatutario de votar como grupo sobre el RSA de acuerdo con la naturaleza y la prioridad de sus reclamaciones contra el BGF”, lee la demanda.

El municipio añadió que la estructura del RSA es ilegal y que Promesa establece que un tribunal puede aprobar el RSA siempre y cuando no sea “manifiestamente inconsistente” con el Título VI de la ley federal. Este último proporciona un mecanismo de reestructuración consensuado mediante el cual la junta certifica un acuerdo entre una entidad gubernamental y sus acreedores que posteriormente es validado por el tribunal.

La transacción —anunciada por primera vez en mayo y aprobada por la junta el 14 de julio— contempla que los municipios, las cooperativas de ahorro y crédito y los tenedores de la deuda del banco acuerdan intercambiar sus reclamaciones por tres tipos de nuevos bonos. Estos serían emitidos por una nueva entidad pública y principalmente se pagarían a través de la cartera de préstamos municipales del BGF. El acuerdo incluye recortes al principal que van desde 25% al ​​45%, dependiendo del tipo de bono que cada acreedor seleccione.

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