20 de Noviembre de 2017

Senado da paso a la creación de la Oficina del Inspector General

Por el 13 de Febrero de 2017

En momentos en que la junta de control fiscal solicitó al gobierno la revisión de todas las leyes que conlleven el desembolso de fondos públicos, el Senado aprobó hoy 24-5 la creación de la Oficina del Inspector General (OIG) y solicitó en el proyecto que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) identifique del presupuesto vigente la cantidad necesaria para reinstalar la entidad. 

Aunque inicialmente se solicitaba a la OGP asignar $600,000 para la creación de la OIG —que estuvo en funcionamiento entre 2010 y 2013— el Senado enmendó la medida para que se asigne “la cantidad de fondos necesarios para cubrir los gastos iniciales de su organización, incluyendo aquellos relacionados a la transferencia de auditores internos a dicha oficina”. En una vista pública sobre el particular en la Cámara se informó que la Ley 8 de Empleador Único permitiría trasladar al personal necesario, mientras que muchos de los suministros de oficina se encuentran en almacenes, por lo que podrían ser relocalizados.

La medida se aprobó con el voto a favor de las delegaciones del Partido Nuevo Progresista (PNP) e Independentista Puertorriqueño (PIP), así como del senador independiente José Vargas Vidot y del popular Miguel Pereira.

Schatz cuestionó que la prensa no reportara el ofrecimiento de trabajo de Carmen Yulín a Oscar López. (Suministrada)

El presidente del Senado aseguró que la Oficina del Inspector General busca el mejor uso de los fondos públicos. Sin embargo, no dio detalles sobre los fondos que se utilizarán para crear la oficina, que estuvo en funcionamiento entre 2010 y 2013. (Suministrada)

El resto de la delegación del Partido Popular Democrático (PPD) votó en contra del Proyecto del Senado 8, presentado por el ejecutivo, debido a que se llevó a votación sin la realización de vistas públicas en las que se pudieran aclarar interrogantes sobre la OIG o de dónde saldrá el dinero para crear la oficina, en momentos que se señala un déficit millonario en el presupuesto.

Además del cambio en los fondos de la OGP, el Senado enmendó el proyecto para que la OIG tenga jurisdicción no solo sobre las agencias de gobierno, sino sobre las corporaciones públicas y la Universidad de Puerto Rico (UPR). En cambio, le quitó la jurisdicción sobre la OGP, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña y la Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera.

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Asimismo, en la definición de funcionario público se incluyó a los empleados de confianza, se pusieron mayores limitaciones a quienes aspiren a trabajar en la OIG sobre todo en el ámbito político, se incluyó que el inspector general deberá pasar la evaluación no solo del Senado, sino de la Cámara y se quitó lo correspondiente a la OEG y los informes financieros de los jefes de agencia.

El portavoz del PPD en el Senado, Eduardo Bhatia, afirmó que habría votado a favor del P. del S. 8 si hubiera conocido la opinión de la OGP, de la Oficina del Contralor (OCPR) y de la OEG. Agregó que la OIG se eliminó el pasado cuatrienio “porque entendíamos que era duplicitaria”, que duplicaba los esfuerzos, por lo que insistió en la necesidad de que se identificara de dónde saldrían los fondos para crearla nuevamente.

A este planteamiento, el senador independentista Juan Dalmau declaró que, aunque es positivo crear una entidad para fiscalizar el uso de fondos públicos, no se dejó en récord “en términos estadísticos o concretos” que la OIG redundará eventualmente en el ahorro y buen uso del dinero del gobierno.

Por su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, explicó que la OIG “en nada duplica esfuerzos”, pues tiene la facultad de realizar auditorías en las agencias en el momento en que se llevan a cabo las transacciones, por lo que su gestión es preventiva, contrario a lo que ocurre con la OCPR, que audita las transacciones una vez ocurridas.

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Añadió que, aunque no hubo vistas públicas en el Senado, sí las hubo en la Cámara, por lo que en el P. del S. 8 se incluyeron las preocupaciones esbozadas por la OCPR y la OEG en dicha audiencia.

“Aquellos que crean que tenemos que hacer más para tener eficiencia, para combatir la corrupción… voten a favor del proyecto. Los que crean que no vale la pena tener herramientas adicionales para, a tiempo detener acciones incorrectas, pues vótenle en contra y el pueblo juzgará”, acotó Rivera Schatz.

Ante esto, Bhatia respondió que no se trata de oponerse a un organismo de fiscalización o que quieran “esconder los malos manejos”, sino que se trató de una oficina que “no funcionó y que es un gasto, una gastadera de fondos públicos” en momentos de crisis. Afirmó que la forma en que se aprobó el proyecto “parece el terrorismo de Donald Trump”, de infundir el miedo para llegar a sus objetivos.

De otro lado, el Senado dio paso unánimemente a resoluciones para investigar la situación de menores con problemas de salud mental y cómo esta les afecta en términos educativos (R. del S. 61), las denuncias sobre una supuesta venta de rangos en la Policía (R. del S. 58) y las instituciones que ofrecen licenciamientos de forma acelerada (R. del S. 44).

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