17 de Diciembre de 2017

Senado evalúa eliminación de requisito mínimo de empleos en Ley 20

Por el 20 de Marzo de 2017

La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Hacienda (DH), el Departamento de Desarrollo Económico (DDEC) y la Compañía de Turismo (CTPR) favorecieron hoy la aprobación del Proyecto del Senado 368, que enmienda la Ley 20 de 2012, Ley para Fomentar la Exportación de Servicios, de manera que sean incluidos también los servicios de turismo médico y telemedicina dentro de la disponibilidad de incentivos. 

El proyecto, presentado por el Ejecutivo, también propone eliminar el requisito de cinco empleos para cualificar bajo esta ley de incentivos —aunque protege a los empleados contratados bajo esa disposición— y los informes anuales que las empresas o individuos debían rendir en relación a su cumplimiento. 

Pese a que las cuatro agencias favorecen la medida, la cifra de decretos otorgados bajo la Ley 20 es imprecisa, ya que la CTPR dijo en la vista pública que se trata de 470, OGP expresó que fueron 360 hasta noviembre de 2015, mientras que el DH indicó que, al 1ro de marzo, la cifra alcanzaba los 607. El impacto de esta legislación en la economía local también es impreciso, ya que solo se indicó en la vista que la cantidad de empleos directos creados bajo la Ley 20-2012 fueron 3,350, según un informe de 2015 de Estudios Técnicos.

La licenciada Carmen Guillén, en representación de Hacienda, manifestó que la agencia desconoce el impacto que tendrán las enmiendas a la Ley 20 para Fomentar la Exportación de Servicios, ya que no tienen un estimado de cuántos podrían beneficiarse de la inclusión del turismo médico y telemedicina en los servicios acogidos. (Cindy Burgos/CB)

La licenciada Carmen Guillén, en representación de Hacienda, manifestó que la agencia desconoce el impacto que tendrán las enmiendas a la Ley 20 para Fomentar la Exportación de Servicios, ya que no tienen un estimado de cuántos podrían beneficiarse de la inclusión del turismo médico y telemedicina en los servicios acogidos. (Cindy Burgos/CB)

La licenciada Carmen Guillén, en representación del DH, manifestó en la vista pública de la Comisión de Revitalización Social y Económica del Senado que “no se puede identificar” el impacto que tendrá la medida en la cantidad de decretos y su efecto en el fisco debido a que “desconocemos cuántas personas se estarían acogiendo a los beneficios” una vez sea convertida en ley.

“No obstante lo anterior, consideramos que la medida tiene un potencial de permitir un desarrollo económico, con su efecto positivo en nuestra economía, de estos servicios que actualmente no existen en la isla”, declaró Guillén, quien sugirió enmendar el proyecto para definir los términos “turismo médico” y “telemedicina” para asegurarse que se cumpla con los objetivos.

De otro lado, el licenciado Facundo Di Mauro, en representación de OGP, indicó que la medida es cónsona con la política pública del Plan para Puerto Rico y no dispone sobre la asignación presupuestaria ni provee sobre el uso de fondos públicos. Tampoco tiene un impacto gerencial  ni en la estructura programática u organizacional del DDEC, por lo que no tienen reparos con su aprobación.

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Por su parte, la directora interina de la CTPR, Laura Femenías, sostuvo que el proyecto tendrá “un efecto positivo en el turismo en la medida que abre las puertas a la inversión en el campo de salud”, por lo que espera que aumente la cantidad de pacientes que viene a la isla a solicitar servicios médicos, así como la cantidad de médicos que ofrecen servicios al exterior.

Aunque Femenías manifestó que Puerto Rico ofrece servicios médicos a precios “muy competitivos” en relación con los que se ofrecen en Estados Unidos, no presentó cifras específicas al respecto.

Mientras tanto, el secretario del DDEC, Manuel Laboy, respaldó la medida por entender que tendrá el efecto de “convertir la exportación de servicios en un verdadero motor de impulso a nuestra economía”.

Señaló que incluir el turismo médico en la Ley 20-2012 redundará en una razón adicional para que la clase médica permanezca en la isla. Sobre la eliminación del requisito de los cinco empleos, consideró que es una “política pública errada” que ha impedido el desarrollo de la exportación. Agregó que eliminar la presentación de informes anuales quita del medio un “requisito burocrático”.

El Departamento de Salud fue citado a la vista, pero no asistió ni envió ponencia, por lo que le solicitarían que en cinco días presentara su análisis de la medida.

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La Ley 20 provee una tasa fija de contribución sobre ingresos de 4% a los negocios elegibles, la cual reduce a 1% en ciertas instancias, como sería la cantidad de empleos creados.

En 2015 se enmendó la Ley 20 para incluir un mínimo de empleos creados precisamente por las críticas surgidas contra la legislación y la limitada información sobre sus beneficios para el país.

En un informe del DDEC sobre los beneficios de la ley en 2014 se informó que solo 31% de los beneficiarios entregaron el informe anual correspondiente, lo cual representó 26 empresas y 47 empleos creados. Solo el 26% proveyó un informe de activos, pasivos y capital neto. Con esta información se concluyó que las 22 empresas que presentaron datos totalizaron $85,580 millones en activos y $39,555 millones en capital neto, pero solo invirtieron $883,619 en la isla.

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