28 de Abril de 2017

Socio de Anaudi le pagó la renta a Mari Tere González

Por el 8 de marzo de 2017

La exsenadora del Partido Popular Democrático (PPD) Mari Tere González presuntamente ayudó al convicto Anaudi Hernández para que obtuviera contratos con el gobierno, al tiempo que ella disfrutaba de una vivienda cedida por el socio del recaudador popular sin tener que pagar arrendamiento, según alega una de las 13 denuncias presentadas en su contra.

La denuncia por violación a la Ley de Ética Gubernamental radicada el lunes precisa que durante el cuatrienio- que comenzó en enero de 2013- González utilizó “de forma ilícita los deberes y facultades de su cargo” para impulsar personalmente el nombramiento y confirmación de Sally López como directora de la Administración de Desarrollo Laboral (ADL), con el fin de que ésta beneficiara con contratos a Anaudi y a su socio Héctor Vargas.

“El esquema se desarrolló bajo el entendido, con el propósito y conocimiento de la exfuncionaria pública, quien ayudó, cooperó, gestionó y coordinó reuniones en distintas entidades públicas a las que tenía acceso directo… con la intención de facilitar la oportunidad de (Anaudi de) hacer negocios con el gobierno y enriqueciendo con ello al Sr. Anaudi Hernández y al Sr. Héctor Vargas, quienes la habían apoyado durante su campaña electoral”, reza la denuncia en poder de Caribbean Business.

(Archivo/CB)

La exsenadora del PPD Mari Tere González fue imputada de 13 denuncias criminales radicadas por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente. (Archivo/CB)

La alegación sostiene que por conducto de las acciones directas de la exsenadora Anaudi y su socio lograron contratos con el gobierno que fluctuaron entre $300,000 a $2 millones.

La senadora a su vez obtenía para ella el uso y disfrute de una vivienda cedida por el Sr. Héctor Vargas sin pagar cánones de arrendamiento por la misma. Además la senadora recibió el pago de una deuda electoral por parte de estas personas”, agrega la imputación por violación a la Ley de Ética Gubernamental.

González fue imputada de otros cuatro cargos de perjurio por los fiscales especiales independientes (FEI) Ramón Mendoza y Leticia Pabón en los que se alega que la exsenadora mintió en sus informes radicados ante la Oficina de Ética Gubernamental del 2 de abril del 2014 y del 1 de mayo de 2014 por asegurar que pagó $9,600 en renta de un apartamento cuando el arrendador lo era Rolando Jiménez y ella mantenía una deuda acumulada.

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Asimismo en otras dos ocasiones la exsenadora cometió presuntamente el mismo delito de perjurio al afirmar en sus informes de ética del 28 y 29 de abril de 2015 haber pagado $12,000 por concepto de renta del apartamento que estaba arrendado por Jiménez.

Por estos mismos hechos del alegado pago de renta de un apartamento que supuestamente González no realizó, los fiscales presentaron otras cuatro denuncias por el delito de falsificación ideológica.

Informó haber pagado cánones de renta los cuales nunca ha pagado con la intención de defraudar al Estado Libre Asociado (ELA) al omitir que obtuvo un beneficio al residir sin efectuar pagos por $9,600, lo cual constituye un ingreso dejado de informar”, rezan dos de las denuncias.

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Las otras dos denuncias por falsificación ideológica precisan que la cantidad de renta que González supuestamente nunca pagó ascendió a $12,000 en dos fechas distintas.

Mientras, la exsenadora enfrenta cuatro denuncias adicionales por posesión y traspaso de documentos falsificados. Estas denuncias son exactamente por los mismos hechos señalados con el supuesto pago de renta de un apartamento que alegadamente González nunca realizó.

El pasado lunes la jueza municipal Geisa M. Marrero Martínez encontró causa para arresto en las 13 denuncias presentadas contra la exlegisladora y le impuso una fianza de $5,000 por cada cargo para un total de $65,000.

Marrero Martínez señaló la vista preliminar  en el caso contra la exsenadora para el 20 de marzo en el Tribunal de Primera Instancia, sala de San Juan a las 8:30am.

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