16 de Agosto de 2018

Swain asegura Promesa proporciona una estructura inusual para compartir el poder

Por el 7 de Agosto de 2018
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Si bien la ley Promesa establece una “estructura inusual para compartir el poder” entre el gobierno de Puerto Rico y la junta de control fiscal en decisiones presupuestarias, la Jueza de Distrito de Estados Unidos, Laura Taylor Swain, expresó que el ente rector puede adoptar recomendaciones para un presupuesto incluso si el gobernador los ha rechazado.

“De acuerdo con esta estructura, Promesa también estipula que un plan presupuestario o fiscal que esté certificado por la junta de control fiscal se considera ‘aprobado’ por el Gobernador”, dijo. “Algo que ‘se considera aprobado’ por el Gobernador no necesariamente debe haber sido aprobado por el Gobernador”.

Sus comentarios son parte de la opinión que emitió el martes sobre las disputas presupuestarias entre la junta de control fiscal y el gobierno. Con su demanda, el gobernador Ricardo Rosselló trató de detener los intentos de la junta de control fiscal de imponer recomendaciones de política contenidas en el presupuesto con respecto al pago del bono estatutario de fin de año de los empleados, conocido como el bono de Navidad, así como otros beneficios para el trabajador.

La jueza Swain se negó a pronunciarse sobre algunos de los asuntos cuestionados. Ella dijo que no había “causa o controversia” sobre si el plan fiscal ordena indebidamente la consolidación de las agencias porque el gobierno y la junta de control fiscal acordaron en una audiencia que las recomendaciones no eran vinculantes.

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La jueza declaró que carecía de jurisdicción sobre el tema del bono de Navidad porque las partes habían acordado que el presupuesto actual no los elimina o no impone una congelación de la contratación.

Por lo tanto, “no existe un caso maduro o controversia en cuanto a la capacidad de la junta de control fiscal de hacer que tales medidas sean obligatorias”. Tampoco parece haber ninguna controversia justiciable en cuanto a las otras medidas salariales y de beneficios enumeradas, que parecen ser consistentes con la ley actual del gobierno de Puerto Rico”.

Más bien, dijo, los montos de la nómina provista fueron insuficientes para cubrir a los empleados, más su bono de Navidad. “Es el gobernador quien tiene que tomar algunas decisiones difíciles, porque es él quien tiene que responderle a la gente. La junta de control fiscal es justa, aquí tienes cuánto dinero obtienes. Si hay que dejar ir a las personas, si los bonos de Navidad no se pagan por eso, eso es culpa nuestra. Está en el director ejecutivo de Puerto Rico para tomar una determinación sobre cómo implementar esa guía presupuestaria”, dice la opinión.

Si bien la junta de control fiscal puede adoptar recomendaciones de política, incluso si el gobernador las rechaza en un presupuesto, la junta de control fiscal no tiene el poder bajo Promesa para hacerlas cumplir, de acuerdo con Promesa, dijo la jueza.

“Cualquier disposición del plan fiscal que adopte una recomendación sobre la objeción del Gobernador puede certificarse solo después de que el Gobernador haya tenido la oportunidad formal de hacer públicas sus objeciones y, de hecho, comunicar tales objeciones al Congreso y al Presidente”, como se establece en Promesa, añadió.

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Esos cuerpos podrían tomar medidas legislativas negativas o ejercer poderes que afecten la composición de la junta de control fiscal si creen que el gobernador tuvo un mejor argumento.

“Además, la junta de control fiscal, al adoptar una política sobre tales objeciones, enfrenta el desafío de administrar la implementación de la política de una manera que atraiga la cooperación genuina del gobierno electo de Puerto Rico y los ciudadanos de la isla que votaron por ellos… Aunque un presupuesto aprobado y adoptado por la junta de control fiscal cumple con un plan fiscal certificado que se convierte en ley en la medida en que está en plena vigencia y efecto sin más acciones por parte del Gobernador o la Legislatura, y las leyes inconsistentes del gobierno son aprobadas, la junta de control fiscal no ha tenido el poder de legislar afirmativamente. Por lo tanto, con respecto a las medidas de política que requerirían la adopción de nueva legislación o la derogación o modificación de la actual ley del gobierno, la junta de control fiscal solo tiene herramientas presupuestarias y negociaciones para obtener la necesaria aceptación de los funcionarios electos y los legisladores”, explicó.

El gobernador señaló que la decisión de la jueza Swain es una prueba de los límites del estado colonial de la isla.

“Debemos poner fin a esta relación poco digna que permite al Congreso discriminarnos y tomar medidas, sin consentimiento”, dijo Rosselló, que se encontraba en el extranjero, en un comunicado emitido luego de conocer la opinión.

“La decisión del Tribunal federal sujeta el pago del Bono de Navidad de nuestros empleados públicos a que reduzcamos gastos de nómina con acciones como el despido de empleados públicos, medidas con las que estamos en desacuerdo rotundo y no ejecutaremos”, dijo Rosselló Nevares en declaraciones escritas.

“Hoy el Tribunal federal interpretó la Ley Federal Promesa y reconoció la autoridad de la Junta de Supervisión Fiscal de imponer un presupuesto y un Plan Fiscal sobre lo aprobado por los representantes electos del Pueblo puertorriqueño. Esta acción demuestra, una vez más, las limitaciones de nuestro estatus colonial. Puerto Rico necesita terminar con esta relación indigna que permite al Congreso discriminarnos y tomar acciones sobre nosotros sin nuestro consentimiento ni participación”, escribió el gobernador y agregó que considerará la posibilidad de apelar la determinación.

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“Dado a esta posibilidad judicial, propusimos un acuerdo con la junta de control fiscal para evitar afectar a los más vulnerables como lo son nuestros empleados públicos y otros ciudadanos que se afectarán con las reducciones presupuestarias de la Universidad de Puerto Rico, de los municipios y de los fondos que necesitamos para nuestro desarrollo económico”, acotó.

Mientras tanto, la junta de control fiscal emitió un comunicado diciendo que acogía con satisfacción la decisión del tribunal de “mantener su autoridad para aprobar y certificar los Planes y Presupuestos Fiscales para el gobierno y sus instrumentalidades” e instó al gobierno a “implementarlos completamente”.

También estuvo complacido con “la decisión separada de la Corte que otorga su moción para desestimar la demanda presentada por la Legislatura de Puerto Rico”, que también trató de frenar la autoridad de la junta de control fiscal.