26 de Septiembre de 2017

Victoria judicial para el Gobierno y la junta en los casos de quiebra

Por el 8 de Septiembre de 2017

La jueza federal Laura Taylor Swain falló hoy a favor del Gobierno y la junta de control fiscal al denegar una demanda presentada por un grupo acreedor de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), agencia que se encuentra en un proceso de quiebra bajo el Título III de Promesa.

Swain denegó la acción legal de Peaje Investments, dueña de unos $65 millones en bonos de la ACT, que buscaba obligar al Gobierno a que reanudara el depósito mensual de los recaudos de los peajes, los cuales garantizan el pago de la deuda de la corporación pública.

Por virtud de la Ley de Moratoria del exgobernador Alejandro García Padilla, la Ley de Emergencia Financiera y Responsabilidad Fiscal del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y varias órdenes ejecutivas relacionadas, la ACT ha redirigido este dinero para otros gastos operacionales de la entidad.

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La jueza a cargo de los casos de Título III también denegó la petición del grupo acreedor para que, en la alternativa, se levantara la suspensión de demandas o “stay” que provee Promesa y así poder reclamar protección adecuada ante la pérdida de su colateral—las carreteras de Puerto Rico.

En su decisión, Swain explica que el grupo acreedor no pudo demostrar que el Gobierno pueda asegurar el funcionamiento de las carreteras sin tener que recurrir a los recaudos que generan los peajes. Asimismo, tampoco probó que el valor de su colateral esté depreciando a causa de las acciones que toma la ACT para enfrentar su delicada situación financiera.

En cuanto a la existencia de un gravamen estatutario, o “statutory lien” en inglés, el tribunal determinó que Peaje Investments no demostró tener tal garantía en sus bonos de la ACT.

En síntesis, Swain indicó que ni la ley orgánica de la ACT, ni la Resolución de 1968 —a base de la cual la entidad emitió bonos—crearon “liens” automáticamente, por virtud de su aprobación. Explicó que la ley que crea a la ACT se limita a permitir—mas no impone—la creación de “liens”. En el caso de la resolución, “no es un estatuto”, según la jueza, y tampoco establece un gravamen estatutario.

No obstante, en una nota al calce, la jueza advierte que su análisis se limita a lo que Peaje argumentó y no significa que otras partes de la Resolución de 1968 hayan dado paso a la creación de  “liens” válidos.

“El tribunal concluye que Peaje falló en establecer una probabilidad de prevalecer en los méritos de su reclamación sobre un gravamen estatutario que pudiera servir de base para un remedio interdictorio”, lee la decisión de Swain.

Peaje Investments demanda a la Autoridad de Carreteras y Transporte

La jueza añade que aun si Peaje Investments hubiera probado tener un gravamen estatutario, el Gobierno pudo demostrar que los intereses del grupo acreedor están protegidos adecuadamente. Por ende, no procedería levantar el “stay”, según pidió Peaje como remedio alternativo.

“Los demandados [el Gobierno y la ACT] han establecido que los intereses de Peaje están protegidos adecuadamente por los esfuerzos de los demandados en mantener [funcionando] las vías con peajes del Gobierno y así asegurar que los recaudos de peajes estarán disponibles en un futuro”, determinó Swain.

 

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