23 de Noviembre de 2017

[VÍDEO] Gobernador y la junta anticipan cambios a los planes fiscales

Por el 16 de Octubre de 2017

(Jaime Rivera/CB)

La devastación física que causó el huracán María en Puerto Rico es palpable. Pero no solo los hogares, puentes, edificios y carreteras sufrieron el embate del ciclón más poderoso jamás registrado en el Atlántico. Después de María, el plan certificado por la junta de control fiscal también quedó hecho trizas.

“De primera instancia te puedo decir que los objetivos inmediatos del plan fiscal […] hay que reevaluarlos en su totalidad”, contestó Ricardo Rosselló Nevares, ante la pregunta que pareció recordarle los días de traje y corbata, cuando hablaba del plan que tenía para la recuperación de Puerto Rico.

En estos días anda con gorra, mahones, camisas manga corta y ojos rojizos, mientras asegura que el aspecto fiscal no es prioridad en estos momentos. Para esta entrevista, nos recibió en un salón vacío en el segundo nivel del Centro de Convenciones, que ahora funge como centro de comando del Gobierno durante la emergencia.

Antes del 20 de septiembre, el plan para sacar a Puerto Rico de la crisis incluía aumentos en las tarifas de agua y energía, una posible reducción a la jornada de casi 130,000 empleados públicos, recortes a las pensiones y servicios de salud, mientras se proyectaba un éxodo de miles de residentes y una economía en reversa.

Así se hace constar en el plan fiscal a 10 años que certificó la junta aquel 13 de marzo y que enmendó en dos ocasiones posteriores.

En una carta con fecha del 11 de octubre y dirigida a 11 miembros del Senado federal, el presidente de la junta, José Carrión, manifestó que el ente evalúa cómo los planes del Gobierno y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cambiarían tras el paso de los huracanes Irma y María.

Pero antes de revisar cualquier plan, la junta quiere tener un reporte oficial de daños y la certeza sobre “el tipo, fecha y magnitud” de los fondos federales que el Congreso y Casa Blanca destinen finalmente a Puerto Rico. Preliminarmente, los estimados de daños fluctúan entre $30,000 millones y $95,000 millones, dependiendo a quién se pregunte.

“Una vez la junta tenga más claridad en esto, iniciará un proceso de revisar los planes fiscales, incluyendo el pedirle al gobernador que entregue [nuevos] borradores de estos planes para la consideración de la junta”, lee la misiva del cuerpo rector creado por la ley federal Promesa.

Golpe a las proyecciones

Poco tiempo después de entrar a La Fortaleza, Rosselló Nevares aseguró que, salvo la devastación de una guerra, ningún país sufre una caída anual de 16% en el producto nacional bruto (PNB) de su economía, como sugería la junta en sus primeras proyecciones base divulgadas a finales del pasado año.

“Me recuerdo bien, que lejos de países azotados por guerras, eso [la caída en la economía] no iba a pasar. Nos sostenemos en eso. Lo que pasa es que si vuelas sobre Puerto Rico, te das cuenta que aquí parece que cayó una bomba, literalmente”, dijo el mandatario.

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Para evitar tal desplome, Rosselló Nevares apuesta a que el Tío Sam rellene tres canastas, o “buckets” como suele llamarle: casi $4,900 millones en préstamos federales que inyecten liquidez inmediata; de $4,300 a $4,600 millones en ayudas a través de programas federales; y un paquete de “miles de millones de dólares” para la reconstrucción económica a largo plazo.

Zafarse de un colapso de esa magnitud en la economía local requiere que el Gobierno federal otorgue los “recursos adecuados para poder sostenerla”, aseveró Rosselló Nevares.

La proyección de una caída de doble dígito en la economía puertorriqueña fue objeto de pugna entre la administración de Rosselló Nevares y la junta previo a la certificación del plan fiscal. Al final, se acordó una reducción de -2.8% en el PNB durante el año fiscal 2017-18 y el retorno a terreno positivo a partir del 2022-23.

Para el economista Vicente Feliciano, la variable más importante para estimar el impacto en la actividad económica es la rapidez con la que se restablezca el sistema de energía eléctrica. A casi un mes de María, alrededor del 85% de Puerto Rico permanece sin el servicio de electricidad. Gran cantidad de negocios continúan cerrados u operando de forma limitada. Los pocos que abren, lo hacen mayormente a fuerza de diésel, cuyo galón cotiza a 64.7 centavos en una jurisdicción donde el costo de energía ya era oneroso.

(Juan José Rodríguez/CB)

“Todo el mundo está claro: Puerto Rico va a correr con diésel por los próximos meses. Esa es la realidad. Esto es algo que nunca había sucedido”, aceptó Manuel Laboy, secretario del Departamento de Desarrollo Económico. La meta es restablecer el 95% del sistema eléctrico antes de que acabe el año. Mientras esto último ocurre, la matemática y resultado del costo energético asusta.

Una farmacéutica en el sur, por ejemplo, devora actualmente más de 7,000 galones de diésel por día para energizar sus instalaciones y todavía mantiene sus líneas de producción detenidas.

En el caso de las casi 50,000 pequeñas y medianas empresas (pymes) en la isla, el 35% carece de una planta generadora. Aquellos comercios que la tienen pagan en promedio hasta $250 diarios por diésel, sin contar con otros retos, como conseguir el combustible y el mantenimiento que requieren estos aparatos.

Un sinnúmero de comercios mantiene sus negocios cerrados tras la falta de electricidad provocada por el huracán María. El 35% de los pequeños negocios continúan inoperantes por no tener plantas eléctricas. (Felipe Torres/CB)

Ante estas condiciones, se estima que, al final del día, de 10% a 15% de las pymes en Puerto Rico cesarían operaciones mientras que las pérdidas en ventas al detal pudieran superar los $10,000 millones, a juicio de Nelson Ramírez, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD).

Feliciano añadió que en la medida en que muchos negocios no vuelvan a abrir o revisen sus planes de inversión futura, “el plan fiscal está destruido”.

Por el momento, el Gobierno y la junta hacen “un ejercicio valorativo” para establecer los daños y el impacto en los ingresos al fisco por la pérdida de actividad económica, indicó el representante ante la junta, Christian Sobrino.

Para él, todavía es prematuro hablar de proyecciones económicas porque “falta información”.

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Se van miles por miles de razones

Otro elemento del plan fiscal que María hizo sal y agua es la proyección demográfica. El documento establece un decrecimiento poblacional constante de .2%, o alrededor de 6,600 personas cada año. Solo en las pasadas cuatro semanas, la cifra de boricuas al otro lado del charco podría sobrepasar 30,000.

Un empleado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU) consideró que al menos 1,000 personas abandonan diariamente la isla desde el paso del huracán. “Se van con maletas grandes y sus mascotas. Esa gente no vuelve en buen tiempo”, contestó el trabajador que pidió que no utilizáramos su nombre.

A manera de ejemplo, el gobierno estatal de Florida reportó el pasado miércoles que 27,000 puertorriqueños han llegado al estado solamente desde el de 4 de octubre, mayormente a través de los aeropuertos internacionales de Miami y Orlando.

Ya sea por condiciones médicas, sustento familiar o la mera incomodidad de vivir en condiciones propias a un desastre natural, las razones por las cuales miles de puertorriqueñas y puertorriqueños salen de la isla son tan variadas como el perfil de aquel que se va.

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Desde antes del huracán, el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico ya advertía que las proyecciones demográficas más recientes sugerían un decrecimiento poblacional hasta siete veces mayor al estimado bajo el plan fiscal.

La población de Puerto Rico sería menor a tres millones para el 2025 y no el 2050. Para esa fecha ahora se esperan poco más de dos millones de personas en la isla. Actualmente, Puerto Rico cuenta con unos 3.4 millones de habitantes, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

(Juan J. Rodríguez/CB)

Hasta la propia directora ejecutiva de la junta, Natalie Jaresko, también mostraba preocupación previo al huracán, sobre los números demográficos y el impacto que pudieran tener en el plan fiscal.

“Las demográficas son un supuesto crítico del plan fiscal. Son importantes porque la gente genera PNB. También generan recaudos. Si no tienes recaudos, no puedes dar servicios”, dijo Jaresko en una entrevista en agosto.

En aquel entonces, la directora ejecutiva dijo estar “nerviosa” con las estadísticas que mostraban casi 50,000 estudiantes menos en las escuelas públicas de Puerto Rico, al comparar la matrícula actual con el pasado año académico.

CB en Español pidió una nueva entrevista con Jaresko, pero al momento, la petición no había sido contestada.

Ajuste en un vacío

Antes de María, el plan fiscal requería ajustes de casi $1,775 millones, solamente en el año fiscal corriente. La dosis se duplicaría a partir del próximo verano, y así sucesivamente, hasta el 2026.

Unos $924 millones corresponderían a recaudos adicionales, mayormente a través del cobro de contribuciones y una reforma contributiva tanto a nivel individual como corporativa. Otros $851 millones se allegarían al achicar “la estructura gubernamental”, que incluía consolidación de agencias, recorte de $100 millones en servicios de salud y $411 millones menos en fondos para la Universidad de Puerto Rico (UPR) y los municipios.

Después de María, “los recaudos se fueron a ‘juste” y ya no se pueden hacer algunos de los cambios inmediatos, manifestó Rosselló Nevares. Acto seguido, indicó que “hay algunos objetivos de política pública que queremos seguir empujando, como por ejemplo, energía eléctrica, lo que será el ‘Nuevo Gobierno’, consolidar las agencias”.

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Aunque reconoció que el panorama cambió, Rosselló Nevares no dio mayores detalles de los cambios específicos que busca para los planes fiscales del Gobierno. Para él, al igual que la junta, primero hay que ver qué decide hacer el Gobierno federal en el otorgamiento de fondos a su territorio no incorporado.

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