25 de Abril de 2017

[VIDEO] Temen ominoso panorama para municipios con plan fiscal de Rosselló

Por el 16 de febrero de 2017

Menos empleados, menos servicios de salud, menos mantenimiento a la infraestructura de las escuelas, y menos servicios en las carreteras fueron solo algunas de las situaciones que los 78 municipios de Puerto Rico podrían enfrentar si el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, no toma en consideración la realidad de estos en el plan fiscal que deberá presentar ante la consideración de la junta el próximo 28 de febrero.

Así lo advirtió el presidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico (AAPR) y alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, durante una conferencia de prensa realizada hoy, jueves, en la sede de la organización.

(Agustin Criollo/CB)

El presidente de la AAPR, Rolando Ortiz, le exigió al gobernador una audiencia para atender sus inquietudes acerca del plan fiscal que deberá entregar a la junta a finales de este mes y que podría afectar negativamente a los municipios. (Agustín Criollo/CB)

Según indicó el portavoz de los alcaldes asociados -afiliados al Partido Popular Democrático (PPD)- la junta de control fiscal ha ordenado que dentro del plan que presentará el gobernador se recorten los subsidios otorgados a los municipios. No obstante, Ortiz Velázquez criticó la supuesta falta de interés del primer ejecutivo en abrir un canal de diálogo con los alcaldes populares para obtener el insumo de estos.

“Tenemos una información que podemos compartir con el gobernador y que le estamos pidiendo que nos dé la oportunidad para ayudar en lo que puede ser la parte del plan fiscal que tiene que ver con los municipios. Nosotros consideramos que es vital. El mal llamado subsidio a los municipios es de $410 millones. Si el gobierno decide quitarles los subsidios a los municipios, estaríamos en una situación de precariedad a tal grado que se tendrían que despedir empleados, no habría recursos ni para trabajar a medio tiempo. Estaríamos en una situación bien lamentable”, auguró el presidente de la AAPR.

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“Al día de hoy, el gobernador no ha querido darnos una audiencia. No nos ha dado la oportunidad de que nosotros podamos colaborar en lo que puede ser la parte del plan fiscal que afectará a los municipios y a nosotros. Los alcaldes asociados contratamos una serie de profesionales que han estudiado las finanzas municipales, que llevan trabajando con estas por mucho tiempo, y han desarrollado unos lineamientos generales de lo que puede ser la aportación que hagamos los alcaldes”, añadió aunque no precisó quiénes son estos asesores.

La principal propuesta que la AAPR espera presentarle al gobernador para que sea considerada en la redacción del plan fiscal es precisamente el subsidio del Estado a los municipios. Los alcaldes populares aseguraron estar dispuestos a renunciar al subsidio a cambio de que se reduzcan las obligaciones que el gobierno central le ha impuesto a los municipios, tales como la aportación a la reforma de salud.

Ortiz Velázquez utilizó como ejemplo el caso del municipio de Salinas, que paga sobre $600,000 anuales por el programa de la tarjeta de salud.

“Hay otras áreas, como puede ser la contribución en lugar de impuesto en la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que si los municipios no le permitieran a la AEE usar la servidumbre por donde transcurren las líneas eléctricas, ese negocio que se llama vender el consumo energético no pudiese existir. ¿Qué quiere decir? Que la AEE no existiría como negocio si no fuera porque usa la propiedad municipal. Ese pago que tiene que hacer la AEE a los municipios, nosotros entendemos que tiene que ser retribuido y que nos envíen la aportación en lugar del impuesto”, sentenció el alcalde cayeyano.

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Asimismo, mencionó que el gobierno ha desarrollado leyes particulares para la aportación a los sistemas de retiro de empleados públicos, pero no ha tomado en consideración, según aseguró, la realidad fiscal que también enfrentan los 78 municipios.

Ortiz Velázquez indicó además que si el ejecutivo no atiende su reclamo, el gobierno podría tomar una decisión unilateral por falta de conocimiento de las finanzas municipales. Esto podría provocar el despido de cientos de empleados municipales y la falta de atención a las necesidades básicas de los constituyentes.

Del mismo modo, indicó tener esperanza en que la Federación de Alcaldes de Puerto Rico (FAPR) –que agrupa a los alcaldes del Partido Nuevo Progresista– abra un canal de comunicación con el primer ejecutivo.

“Sabemos que ellos ya se han reunidos con el gobernador y sabemos que sus necesidades y las nuestras son idénticas en ese particular”, aseguró al preguntársele si ha intentado tener comunicación directa con los alcaldes federados para encontrar un punto de convergencia.

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“Es tiempo que, para enfrentar la crisis, nos sentemos a dialogar. Tenemos que escucharnos, tenemos que entendernos por encima de la política partidista porque nosotros representamos a familias que pertenecen a todos los partidos y no hay manera de enfrentar la crisis y buscar una solución si no nos juntamos como líderes para buscar esas avenidas de consenso”, concluyó.

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