230 empresas e individuos son demandados por la junta de control fiscal
El Comité de Reclamaciones Especiales (SCC) de la Junta de Supervisión Fiscal demandó hoy a decenas de empresas e individuos, con la intensión de recuperar millones de dólares en pagos hechos alegadamente “de manera fraudulenta”.
Los pagos que el SCC está tratando de recuperar de los acreedores demandados hoy, se realizaron antes de que el gobierno solicitara la quiebra en virtud del Título III de Ley federal Promesa en mayo de 2017.
“El Comité de Reclamaciones Especiales de la Junta de Supervisión identificó a individuos y entidades que recibieron pagos mayores de $2.5 millones sin un contrato válido o para quienes los pagos no corresponden a sus respectivos contratos durante los cuatro años previos a mayo del 2017, cuando la Junta de Supervisión inició el procedimiento de ajuste de la deuda bajo PROMESA”, explicó la junta en un comunicado de prensa.
El gobierno de Puerto Rico, a través de la junta de control,
tenía hasta el jueves para presentar este tipo de reclamaciones.
Bajo la Ley de Quiebras regular, generalmente, se busca recuperar los pagos realizados por el deudor 90 días antes de haber radicado quiebra. Sin embargo, en este caso, bajo la Ley Promesa, las demandas presentadas por el SCC no dejan claro cuan atrás pretenden recobrar el dinero de esos pagos, ya que se alude a que desde el 2012 el gobierno ya estaba insolvente.
Esa duda queda aclarada, sin embargo, en el comunicado de prensa al establecer que son pagos hechos cuatro años previos a mayo del 2017.
Todas las reclamaciones radicadas establecen que los pagos
fueron “constructivamente fraudulentos”. Esto quiere decir, que fueron
pagos realizados a cambio de una consideración “sumamente” inadecuada.
El fraude constructivo requiere dos condiciones. La primera es que a cambio del pago, el deudor recibió menos del “valor razonablemente equivalente”. La segunda requiere que se establezca que el deudor no podía pagar esas cuentas en el momento en que las realizó o como resultado del mismo.
“La Junta de Supervisión presenta esta acción y otras acciones similares para evitar y recuperar las transferencias que el Estado Libre Asociado realizó a ciertas personas y entidades durante un período de tiempo específico anterior a la fecha de la petición (de quiebra), debido a que, entre otras cosas, dichas transferencias fueron constructivamente
fraudulentas en el marco del Código de Quiebra y la Ley de Puerto Rico”, expresó la junta en las demandas.
En el comunicado, la junta aclara que las acciones legales presentadas
“no necesariamente implican que los individuos o entidades cometieron algún
delito”.
“Si un suplidor demuestra una base apropiada para los pagos, la Junta de Supervisión desestimará el reclamo”, especificaron.
Las partes demandadas incluyen individuos pese a que abogados de la Junta dijeron recientemente que no iban a demandar a personas privadas. También incluyeron numerosas empresas locales, muchas de ellas empresas educativas que proporcionaron servicios de tutoría a las escuelas públicas a través del Departamento de Educación.
La lista incluye a Arcos Dorados, la compañía educativa América Aponte; Intervoice Communication de Puerto Rico; la farmacéutica Brystol Myers Squibb; Community Cornerstone, una clínica especializada para pacientes ambulatorios; Evertec; Innovative Solutions; Action to Build Change, empresa educativa; Taller de Desarrollo Escolar e Infantil Chiquirimundi; Clínicas de Terapias Pediatricas; y Computer Learning Centers.
Los recursos legales establecen que entre los demandados y el gobierno no existían contratos validos debido a que no fueron radicados en el registro del contratos de la Oficina del Contralor. La ley de Puerto Rico establece que para que un contrato con el gobierno sea valido, este tiene que se presentado ante la Oficina del Contralor.
Los demandados, rezan los documentos, sabían o deberían
haber sabido acerca de la incapacidad de pago del ELA. “Desde y después de
2012, el ELA ha emitido deuda de bonos de obligación general, incurriendo en obligaciones
que estaban más allá de su capacidad de pago a la fecha de vencimiento”, rezan
las demandas.
El abogado John Mudd dijo que las demandas parecían haberse
hecho con prisa y, por lo tanto, no dejan claro cuánto dinero quieren recuperar
ni proporcionan explicaciones adecuadas sobre las razones por las que los pagos
hechos a estas entidades e individuos fueron incorrectos.
No obstante, en el comunicado de prensa envíado en horas de
la tarde, se especifica que en total se presentaron 230 demandas y se busca
recobrar $4,200 millones.