26 de Septiembre de 2018

A decidirse legalidad en nombramiento de miembros de la junta fiscal

Por el 8 de Enero de 2018
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La jueza federal Laura Taylor Swain tiene previsto escuchar argumentos este miércoles en torno a una demanda presentada por Aurelius Capital Management LP en agosto que busca paralizar el proceso de quiebra de Puerto Rico bajo el argumento de que el Senado federal nunca confirmó a los miembros de la junta de control fiscal.

La demanda es importante porque los argumentos levantados por Aurelius son virtualmente una impugnación a la constitucionalidad de la ley federal Promesa, que fue promulgada en 2016 para lidiar con la deuda de $69 mil millones de Puerto Rico.

Aurelius Capital Management LP está refutando la afirmación de la Junta de que el Congreso está exento de la Cláusula de Nombramientos -y de otras protecciones estructurales otorgadas por la Constitución- cuando legisla con respecto a los territorios.

La Cláusula de Nombramientos establece que todos los funcionarios del gobierno federal deben ser nombrados por el presidente y luego confirmados por el Senado.

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“La “respuesta” de la junta a los Estados Unidos otorga una marca peligrosa de supremacía al Congreso que es la misma que animó los infames y racistas casos insulares en los que la Junta confía asombrosamente”, escribió Aurelius en un documento que objeta la desestimación del caso. “En términos simples, la Cláusula de Nombramientos controla la designación de “todos los funcionarios de los Estados Unidos” cuyas oficinas están “establecidas por la Ley”, dijo la firma.

La Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, el sindicato que agrupa a los trabajadores de la energía eléctrica de Puerto Rico, también presentó una demanda similar a la de Aurelius que busca anular la decisión de la junta de colocar a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico en un proceso de quiebra.

Los siete miembros de la junta nunca fueron confirmados por el Senado federal. El ex presidente Barack Obama eligió a los miembros de la junta utilizando unas listas de candidatos sometidos por los líderes del Congreso.

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La junta de control fiscal fue autorizada por la ley federal Promesa para poner a las agencias de Puerto Rico en quiebra, un proceso que permitiría que un juez reduzca la deuda, lo que resultaría en profundas pérdidas para los acreedores.

Aurelius contrató al reconocido abogado Ted Olson, quien ayudó a convencer al Tribunal Supremo de los Estados Unidos de que impidiera que Puerto Rico redactara sus propias leyes de quiebra. Aurelius también en el pasado promovió una demanda judicial para obligar a Argentina a pagar su deuda soberana.

Gregorio Igartúa, abogado estadista, considera que la demanda está muy relacionada con el estatus político de Puerto Rico. En una moción de “amigo de la corte” que presentó ante el tribunal federal, Igartúa objetó los argumentos del ente rector de que Puerto Rico es un territorio no incorporado sujeto a los poderes plenarios del Congreso.

Sostuvo que la Junta ha ignorado leyes promulgadas por el Congreso y otras acciones que han transformado la relación política que Puerto Rico tiene con los Estados Unidos a la de un “territorio incorporado de facto en tránsito hacia la estadidad”. A modo de ejemplo, Igartúa alega que las leyes federales no solo son aplicables a Puerto Rico, sino que las agencias federales tratan a Puerto Rico como si fuera un estado y que la mayor parte de las leyes federales contributivas aplican a la isla.

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