4 de Agosto de 2020

A días de conocer el presupuesto

Por el 27 de Mayo de 2017

La administración del gobernador Ricardo Rosselló afirmó que develará el presupuesto del año fiscal 2017-18 en algún momento de la próxima semana y una vez reciba el visto bueno de la junta de control fiscal.

Así las cosas, el ejecutivo estará presentando próximamente en la Legislatura los proyectos de ley que detallan cómo se financiará el plan de gastos con cargo al fondo general del gobierno de Puerto Rico, una vez comience el nuevo año fiscal el 1 de julio.

Será en este momento que La Fortaleza finalmente divulgará el contenido del presupuesto, días después de que entregue una nueva versión del plan de gastos a la junta para su aprobación. Fuentes aseguraron a este medio que será poco el espacio con el que contará la Asamblea Legislativa para realizar cambios a la versión que el ejecutivo presente con el visto bueno de la junta.

Mientras, continúa la incógnita sobre proyecciones actualizadas de liquidez y el calendario de implementación del plan fiscal. (Juan J. Rodríguez/CB)

El pasado 8 de mayo, la junta de control fiscal otorgó 14 días adicionales al gobierno de Puerto Rico para que mejorara el documento de presupuesto que entregó el 30 de abril. Al cierre de esta edición, se esperaba que el gobierno cumpliera con la fecha límite del 23 de mayo para entregar al ente rector el plan de gastos “mejorado”.

“Próximamente, cuando sometan el presupuesto, pasaremos juicio sobre él”, contestó recientemente el presidente de la junta, José Carrión, a preguntas de CB en Español.

Según la misiva del 8 de mayo, el ente rector avalará o identificará “violaciones” una vez reciba el documento de La Fortaleza. Las guías que estableció la junta para la evaluación y aprobación del presupuesto indican que el gobierno no presentará a la Legislatura los proyectos de ley de presupuesto hasta tanto cuente con el aval de la junta.

Por otro lado, se desconoce cuándo el gobierno publicará las proyecciones más recientes de liquidez y el calendario para implementar los ajustes que establece el plan fiscal certificado. Ambos documentos fueron entregados a la junta el pasado 30 de abril, junto a la primera versión del presupuesto. Desde la entrega de lo que llamaron “borradores”, la administración Rosselló no ha divulgado los documentos por considerarlos unos “de trabajo” sujeto a confidencialidad.

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Al cierre de esta edición, el representante del gobierno ante la junta, Elías Sánchez, no estuvo disponible para entrevista con CB en Español. La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) tampoco contestó un pedido de información sobre cuándo harán públicos las proyecciones de liquidez y el calendario de implementación del plan fiscal.

Presupuesto susceptible a cuestionamientos

“Es un presupuesto nuevo, diferente”, manifestó recientemente el gobernador, quien apuntó al proceso de transición, la metodología “base cero” y la dinámica que establece Promesa como elementos nuevos en la confección del plan de gastos.

“Se está velando este presupuesto como ninguno otro en la historia de Puerto Rico porque la realidad es que tiene que ser sólido y constatado porque lo van a tratar de retar en distintos foros”, advirtió Rosselló en referencia al proceso de reestructuración de deuda entre el gobierno y sus acreedores.

Sin embargo, una fuente con conocimiento del proceso y que pidió no ser nombrado manifestó a este medio que más allá del presupuesto, será el propio plan fiscal del gobierno el documento que estará más susceptible a reclamos adversos en el tribunal por parte de acreedores.

Tanto la administración como la junta fiscal han enfatizado que el presupuesto deberá construirse a base de los parámetros que establece el plan fiscal del gobierno central que certificó el ente rector el pasado mes de marzo. Cualquier cambio a este último afectaría el plan de gastos del gobierno.

¿Qué debe contener el presupuesto?

El presupuesto deberá contener algunos elementos que guardan relación directa con el proceso de reestructuración de deuda y los casos de quiebra bajo el Título III de Promesa, así como también el plan fiscal certificado.

El documento también deberá establecer la partida de fondos que le asignarán a la junta de control fiscal. Desde su creación en junio del año pasado, el gobierno ha desembolsado unos $2 millones mensuales para financiar las operaciones del ente rector.

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Por otro lado, el presupuesto arrojará luz sobre la cantidad de dinero que el gobierno identificará finalmente para el pago de deuda, particularmente aquella correspondiente a las obligaciones generales (GOs en inglés), crédito que se encuentra bajo el proceso de quiebra del Título III de Promesa.

El plan fiscal muestra un sobrante de poco más de $400 millones durante el próximo año fiscal, luego de tomar en consideración los gastos, recaudos y ajustes que contempla el documento. Este dinero estaría técnicamente disponible para pagar deuda pública con cargo al fondo general.

En cuanto a los ajustes que contiene el plan, el presupuesto del año fiscal 2017-18 deberá reflejar tales las medidas como la reducción de casi $420 millones en las transferencias que hace el gobierno central a los municipios y la Universidad de Puerto Rico y una reducción de más de $400 millones en el gasto gubernamental, incluyendo la rama legislativa.

También deberá identificar los casi $900 millones del fondo general que irán hacia el pago de beneficios a retirados, al igual que reflejar cómo materializan los $100 millones en ahorros que esperan lograr en los gastos del programa de salud pública.

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