A Justicia informe sobre operaciones fiscales de Guaynabo

Por CB en Español el 19 de Junio de 2017

Un informe publicado por la Oficina del Contralor de Puerto Rico –y referido al Departamento de Justicia y el otrora alcalde Héctor O’Neill– reveló que el municipio de Guaynabo incumplió con la ley y “la reglamentación aplicable” en relación a obras de construcción y procesos de subastas.

Según la auditoría, que cubre el periodo del 1 de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2014, Guaynabo facturó $710,000 por servicios de una corporación regular –para la inspección de tres proyectos de construcción– que “no estaba constituida como una corporación de servicios profesionales”, y que solo podían ofrecer ingenieros y agrimensores licenciados.

El informe establece además que “el municipio fraccionó cinco obras de construcción que suman $700,000 para evitar celebrar subasta pública. La ausencia de una subasta formal puede dar lugar a que se favorezca a licitadores particulares”. Entre las obras, la auditoría resalta 11 esculturas de bronce, 15 zafacones ornamentales y “otras esculturas” construidas por $764,695.

Héctor O’Neill renuncia a la alcaldía de Guaynabo

Sobre el particular, el entonces alcalde aseguró mediante una misiva que “el municipio de Guaynabo celebró las subastas correspondientes” para estos proyectos, a la vez que argumentó que “el hecho que las obras en cuestión hayan sido adjudicadas y contratadas a un suplidor, no significa que no se haya llevado a cabo un procedimiento de competencia”.

A pesar de las alegaciones de O’Neill, la Contraloría decidió mantener el hallazgo, pues “las especificaciones de las obras eran similares, la distancia entre los proyectos era relativamente corta, los mismos se otorgaron dentro de un mismo año fiscal y el importe global excedía el importe para obviar el requisito de celebración de subasta”.

Por otra parte, el informe alega que Guaynabo realizó tres proyectos de construcción por $9.1 millones sin contar con los permisos necesarios por parte de la Oficina de Permisos Urbanísticos, además de resaltar que una serie de obras fueron realizadas sin la aprobación de la Junta de Subastas, sin un contrato formalizado y sin el pago requerido de las finanzas.

Mientras, otros de los 11 hallazgos especificado en el informe señalan el pago en exceso de $13,400 por servicios de adiestramiento a jóvenes, 369 empleados clasificados como transitorios que excedían el año probatorio reglamentado por más de 20 años y una serie de deficiencias con los donativos otorgados a entidades sin fines de lucro.

El informe de cerca de 60 páginas está disponible en ocpr.gov.pr.